Las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que suscribimos este comunicado, hacemos un llamado al gobierno nacional y las empresas mineras que operan en los departamentos del Cesar y La Guajira a que cumplan con sus obligaciones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos en medio de los planes de reactivación económica del sector.
En los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran las principales minas de carbón térmico a cielo abierto, las cuales por más de tres décadas han convertido estos territorios como zonas de sacrificio en donde se cruzan la devastación ambiental, el empobrecimiento económico de la población, la afectación al tejido comunitario y focos de contaminación especialmente altos que han violado y amenazado derechos fundamentales de sus habitantes.
Con la crisis de precios del carbón en 2020 las empresas trasnacionales mineras Prodeco y Colombian Natural Resources (CNR) solicitaron a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la suspensión temporal de sus operaciones, sin embargo, ante la negativa de esta autoridad de aceptar dicha solicitud, CNR anunció en octubre de 2020 su decisión de someterse al régimen de insolvencia y Prodeco, por su parte, anunció en febrero del 2021 la renuncia de sus títulos mineros en el departamento del Cesar.
La decisión de estas empresas generó preocupación entre las comunidades, organizaciones sindicales y sociales, pues se corría el riesgo que se fueran del país sin haber presentado un plan de cierre de minas, y sin resolver las problemáticas sociales y ambientales; así lo denunciamos en un comunicado público en febrero de 2021.
Esta preocupación tenía sustento en el despido de cientos de trabajadores mineros, los impactos sobre la economía local y la suspensión del proceso de reasentamiento de la población campesina de la vereda El Hatillo, que desde 2010 espera su reubicación, debido a los altos índices de contaminación ambiental que han hecho inviable la vida en este centro poblado aledaño a la explotación minera de las empresas Drummond, Prodeco y CNR, como lo confirma el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante las Resoluciones 970 y 1525 de 2010.
Complementariamente, resultan preocupantes las afectaciones diferenciales que produce el extractivismo de carbón en los niños, niñas y jóvenes de la comunidad, quienes conforman el 48% de su población y que se han visto obligados nacer, crecer y vivir en un ambiente contaminado, sin los derechos que, como población infantil les asiste, como lo señaló el Comité de Derechos del Niño en el 2015, que exigió al Estado Colombiano y a las empresas realizar evaluaciones y planes para mitigar los impactos de las actividades empresariales en el ambiente, la salud y los derechos humanos de niños en El Hatillo, exigiendo su pronto reasentamiento de conformidad con las normas internacionales, y con una indemnización adecuada.
Ante la suspensión del proceso de reasentamiento de la comunidad de El Hatillo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el pasado 23 de abril de 2021 mediante el Auto 02382, solicitó a las empresas mineras presentar un programa de trabajo con la individualización de las acciones a ejecutar por cada una de ellas, para dar cumplimiento total al Plan de Acción de Reasentamiento, PAR y no poner a depender el reasentamiento de su acción conjunta, dado que CNR aduce no poder hacer los aportes al fondo fiduciario común, constituido para tal fin.
El pasado mes de agosto de 2021, las tres empresas mineras presentaron ante la ANLA y socializaron ante la comunidad de El Hatillo, el programa de trabajo de individualización de las obligaciones, el cual generó nuevas preocupaciones entre sus habitantes, debido a que descarta el reasentamiento colectivo por considerarlo inviable, desconociendo la desmejora en las condiciones de vida de las familias que habían optado por esta modalidad, pues aspiran a continuar con el uso de tierras comunales y recuperar las prácticas sociales y culturales, que venían haciendo históricamente en las “Sabanas Comunales de El Hatillo”, tal y como lo contempla el PAR. La ANLA tiene hasta el 15 de septiembre de 2021 para tomar una decisión de fondo sobre el programa de individualización de las empresas.
En los últimos dos meses, se han presentado nuevos hechos que despiertan alarma sobre las implicaciones de la reactivación del sector minero sin el debido debate jurídico y político sobre los resultados negativos de los proyectos mineros de carbón como motor del desarrollo nacional y regional.
El pasado mes de julio, Prodeco, filial de Glencore en Colombia, anunció la compra de las participaciones de la empresa australiana BHP y la empresa inglesa Anglo American de la operación integrada de Carbones del Cerrejón, en La Guajira. Dicha compra se dio en paralelo al proceso de renuncia de sus principales títulos mineros en el departamento del Cesar, renuncia que en principio fue negada por la Agencia Nacional de Minería y que el pasado 5 de septiembre de 2021, esa institución gubernamental aceptó finalmente, autorizando la devolución de los títulos 109-90 y 285-95 de la mina La Jagua, y el título 044-89 de la mina Calenturitas, sobre la cual pesa la obligación de reasentar a la población de El Hatillo, en el municipio de El Paso.
Por otra parte, el pasado 31 de agosto de 2021, la multinacional minera Colombian Natural Resources (CNR) anunció la reactivación de sus operaciones mineras gracias a la adquisición de la totalidad de sus acciones por parte del Fondo Key Industries, de capital nacional. Con dicha compra, la actual propietaria espera llegar a un plan de salvamento de la operación minera que se había reducido luego de someterse CNR al régimen de insolvencia e iniciar un proceso de reorganización empresarial, acogiéndose a lo estipulado en la Ley 1116 de 2006.
Cortesía: Portafolio.com
Ante estos hechos, comunidades locales denuncian la profundización de afectaciones por la situación mundial de la quema del carbón e incertidumbre ante anuncios de las Agencia Nacional Minera, ANM, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de apoyar a las empresas mineras. Por tal razón, reiteramos que es obligación del Estado colombiano proteger y garantizar los derechos de las comunidades que han sido afectadas históricamente por la megaminería de carbón a cielo abierto. Quienes suscribimos el presente comunicado exigimos que:
- La decisión de la ANLA sobre el programa de individualización de las obligaciones ordenado mediante el Auto 02382, no debe hacerse con el desconocimiento del reasentamiento colectivo, ni que se ejerza presión a las familias para que se trasladen individualmente, pues se estarían vulnerando derechos individuales y colectivos de la población, negando los acuerdos alcanzados en 2018 con la firma del PAR.
- La aceptación de la renuncia de los títulos mineros de Prodeco exige de la ANM, el Ministerio de Minas y Energía, y la ANLA, un adecuado seguimiento y evaluación de las obligaciones legales de la empresa minera en materia económica, laboral, social y ambiental.
- El seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales se debe hacer en observancia de las obligaciones ambientales, sociales y económicas desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente en lo que corresponde a la implementación oportuna de los Planes de Acción para el Reasentamiento de las comunidades locales, a quienes se les han vulnerado sus derechos.
- Solicitamos que las autoridades convoquen de manera urgente a las comunidades en proceso de reasentamiento, a través de sus representantes legítimos, para informarles sobre las implicaciones que tendrán estos nuevos hechos, y construir de manera participativa una ruta de trabajo para la reactivación de los Planes de Acción para el Reasentamiento.
- Realizar un reasentamiento colectivo y digno para todas las personas de la comunidad, especialmente a niños y niñas, quienes serían los más afectados ante un traslado individual, pues son quienes más construyen vínculos con en su territorio.
Finalmente, consideramos que la reactivación económica del país requiere de un debate sobre la necesaria renuncia a la extracción del carbón, en perspectiva de una transición energética justa en la que se garantice un abandono económico del extractivismo en estas regiones y que permita el tránsito hacia la construcción de iniciativas de diversificación económica sobre la base de proyectos sustentables para la vida de las comunidades y sus territorios.
Firmamos:
Asociación Campesina de la Serranía del Perijá, ASOPERIJÁ
Asociación de Campesinos y Comunidades sin tierra del Cesar, ASOCAMTICE
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA
Asociación Minga
Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción, Funsarep
Censat Agua Viva
Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime
Comité Cívico por la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas de Curumaní
Colectivo Ceiba de la Memoria, CDM
Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca, COSAJUCA
Colectivo por la Protección de la provincia de Sugamuxi
Concejo Comunitario negro ancestrales de Tabaco
Convivamos
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Corporación CREDHOS
Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Sociales, Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio
Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, CORDATEC
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corriente Sindical Ignacio Torres Giraldo
Federación de Pescadores unidos de Puerto Wilches – Fedepup
FIAN Colombia
Fundación CECUCOL (Centro Cultural comunitario Las Colinas)
Fundación Chasquis
Mesa Departamental de Derechos Humanos y territorios del Cesar
Mesa Regional Campesina del Perijá, MRCP
Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí- Movimiento Ríos Vivos
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP
Observatorio de Expansión Minero-Energética y Re-existencia
PAX
Pensamiento y Acción Social, PAS
Promotores Juveniles Defensores de Derechos Humanos Isnos-Huila
Sintracarbon
Tierra de Hombres Alemania
