En los últimos meses se ha venido deteriorando la situación de seguridad y derechos humanos en los municipios del corredor de la vida del Cesar, debido al incremento de acciones de violencia contra la población civil por parte de grupos armados ilegales, situación que ha sido denunciada por las organizaciones defensoras de derechos humanos y advertida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Según Ángela Velandia, coordinadora de PAX en Colombia, “las comunidades campesinas, en su mayoría víctimas del conflicto armado, vuelven a ser amedrentadas y aterrorizadas. La gente solo quiere vivir bien, dignamente y en paz en los territorios.” Además, un líder de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir – ACCRTBV, señaló que “históricamente ha pasado, que cada vez que uno hace que las empresas cumplan, nos llegan las amenazas” y esta situación “tiende a incrementarse porque ya vienen las elecciones”.
Veamos algunos hechos que retratan el deterioro de la seguridad en la región:
- El 25 de abril de 2022, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana No. 010 – 22, “con ocasión de la disputa territorial que, en El Copey, por intermedio del enfrentamiento directo entre bandas delincuenciales y redes de microtráfico rivales, libran estructuras criminales asociadas a las AGC/ “Clan del Golfo” y a las ACSN/ “Los Pachenca”, lo cual ha configurado un escenario de riesgo para la población local.” En dicho documento, señalan la identificación de 22 homicidios en 2021 y 5 hasta abril de 2022. Durante el segundo semestre de 2022 y 2023 los homicidios han venido ocurriendo con frecuencia.
- Según la Defensoría, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada – ACSN irrumpieron en la zona rural de El Copey buscando “imponer distintas normas de disciplinamiento social y fungir como autoridad para dirimir conflictos de tierras, mostrando especial interés por intervenir ante reclamantes de tierras que ya habían sido restituidos para que les entregaran a los opositores parte de las tierras que les habían devuelto.” (Defensoría del pueblo, 2022) Esta situación es preocupante, ya que pone en evidencia nuevos hechos de revictimización y despojo.
- El 6 y 7 de mayo de 2022, como rechazo a la extradición de “Otoniel”, las AGC anunciaron y ejecutaron un paro armado en varios municipios del Cesar, paralizando el comercio, el abastecimiento de combustible y el transporte en la región. Este tipo de acciones ofensivas y de control territorial amenazan y atemorizan a la población civil y evidencian la capacidad operativa y persuasiva de dicha estructura armada.
- En octubre de 2022, se han presentaron hechos intimidantes, panfletos y amenazas por parte de las AGC y las ACSN en las zonas donde viven liderazgos en los municipios de La Loma, La Jagua, Ciénaga (Magdalena), Santa Marta y en Becerril (incluido el corregimiento de Estados Unidos), luego de que se hiciera público el fallo de tutela que ordenó la instalación de una mesa de discusión que garantice la participación de las comunidades en el Plan de Cierre de las minas de Prodeco.
- El 2 de diciembre de 2022 se presentó una incursión de las AGC en zona rural de El Copey, Cesar, reteniendo, hostigando e interrogando a un liderazgo campesino de la zona. En el mes de febrero de 2023, en la zona rural de El Copey, también se reportó la presencia de hombres uniformados y fuertemente armados, identificándose como integrantes de las AGC, con actitudes intimidantes y amenazantes frente a la población.
- El 23 de enero de 2023, los pobladores de siete municipios del departamento del Cesar (Valledupar, Bosconia, El Paso, Astrea, Agustín Codazzi, El Copey y San Alberto) evidenciaron con temor la aparición de mensajes con las iniciales de las AGC, ubicados en paredes de viviendas, supermercados y establecimientos comerciales.
- El 23 de febrero de 2023 liderazgos que han abanderado la exigencia de un plan de cierre de las minas que realmente responda a las necesidades de las comunidades, denunciaron amenazas y peligros contra su vida e integridad. En dicha denuncia anónima, un líder aseguró que “la inseguridad por ejercer esta defensa de nuestro punto de vista, de nuestro territorio, nos puede costar la vida”.
Un líder de la Asamblea Campesina del Cesar afirmó que “debe haber garantías para que la gente siga ejerciendo su liderazgo o si no va a terminar saliendo mucha gente del territorio”. De igual manera, la coordinadora de PAX en Colombia señaló que “es urgente una atención integral para la seguridad y protección de las comunidades del corredor de la vida, antes conocido como Corredor Minero del Cesar. El corredor por la vida debe ser una realidad”.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que avance en la Implementación de la Política de la Paz Total y se establezcan mecanismos eficaces para hacer un monitoreo y seguimiento al Cese de Fuegos y Hostilidades, específicamente, en lo relacionado con las acciones perpetradas por los Grupos Armados Ilegales contra la población civil.
De la misma manera, le solicitamos a las AGC y las ACSN que cesen las hostilidades contra la población civil que ha padecido décadas de violencia armada y asuman con decisión en el proceso de negociación socio-jurídica planteado por el Gobierno Nacional, en lo relacionado con los procesos de sometimiento o acogimiento a la justicia, comprometiéndose a aportar verdad y contribuir a la reparación de las víctimas.
Bibliografía
Defensoría del Pueblo. (2022). Alerta Temprana de Inminencia 010-22.
RCN. (2022). “Alerta por aparición de grafitis alusivos a banda criminal en municipios del Cesar”. Consultado el 10 de febrero de 2022.
EL PAÍS. (2022). “Denuncian amenazas por evitar que reabra una de las grandes minas de carbón en Colombia” Consultado el 01 de marzo de 2022.
