Como movimiento internacional de paz y organización nacional que vela por la garantía de los derechos humanos, llamamos la atención sobre la infortunada decisión de la Unidad Nacional de Protección de retirarle el esquema de protección a algunos líderes de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir -ACCRTBV-, que realizan su trabajo social y organizativo en el Corredor Minero del Cesar.
La situación de seguridad de estos líderes es crítica, pues desde su retorno al departamento han sido blanco de amenazas, hostigamientos y persecución que los ponen en situación de vulnerabilidad, no solo a ellos, sino a sus familias; quienes en el pasado tuvieron que vivir el desplazamiento forzado, atentados directos contra su vida y otros hechos victimizantes.
Sumado a lo anterior, en época electoral las vulnerabilidades incrementan y más cuando el retiro de las medidas de protección se produce posterior a la entrega de un informe por parte de la ACCRTBV a la Jurisdicción Especial para la Paz, titulado Destrucción de Pueblos Campesinos en la cuenca del Río Cesar.
La labor social que desempeñan estos líderes en pro de las comunidades y la construcción de paz es esencial en un contexto de temor generalizado y degradación de las condiciones de seguridad ante el rearme de grupos ilegales. El Estado debe garantizar sus derechos fundamentales para que puedan continuar ejerciendo sus liderazgos y avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación en un territorio como el departamento del Cesar.
Esta situación se ha puesto en conocimiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Barranquilla, la Mesa Departamental de Derechos Humanos, el Consejo Departamental de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y otras entidades y actores internacionales que están muy pendientes de las decisiones que tome el Estado colombiano.
Así mismo, manifestamos nuestro contundente rechazo ante la opinión pública, nacional e internacional, frente a las amenazas de las cuales han sido víctimas los líderes y lideresas de la ACCRTBV, pues sus liderazgos en torno a la defensa de la vida no los pueden seguir poniendo en una situación de vulnerabilidad mayor. Instamos a la Unidad Nacional de Protección , que en el marco de sus funciones replantee las decisiones tomadas y asuma la obligación de proteger la vida los líderes y lideresas de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, y solicitamos a los entes de control hacer un especial seguimiento a estos casos. Hacemos responsable al Estado colombiano de cualquier afectación a la vida y seguridad personal que sufran estos defensores de derechos humanos.
