El subsecretario General de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, saludó el pasado lunes 9 de octubre, el progreso de la desmovilización y el desarme de las FARC, pero expresó su preocupación por los problemas en la implementación del Acuerdo en lo relacionado con los ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia. Al término de su visita de seis días al país, Gilmour reconoció los esfuerzos del Gobierno para adoptar políticas encaminadas a prevenir tales ataques, pero dijo que aún no se han producido resultados significativos.
“Aunque el conflicto armado con las FARC-EP terminó, los increíblemente valientes defensores de derechos humanos aún siguen siendo amenazados y asesinados a un ritmo alarmante”, dijo. “Estos ataques amenazan la estabilidad a largo plazo que Colombia tanto necesita”.
Desde comienzos de este año, ha habido más asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, en particular en áreas anteriormente ocupadas por las FARC-EP.
“Después de décadas de violencia extrema y de millones de víctimas, Colombia necesita las voces de sus defensoras y defensores de derechos humanos para que expresen con firmeza los valores democráticos y hablen por las personas particularmente vulnerables, incluyendo a las mujeres, a los afrocolombianos, a la población LGBTI y a los líderes indígenas, especialmente en las antiguas zonas en las cuales tenía presencia las FARC “, dijo Gilmour.
Gilmour pidió al Gobierno, al Congreso y al sistema de justicia que tomen medidas efectivas para que los responsables de crímenes contra defensores no tengan la menor duda de que serán investigados, perseguidos y castigados enérgicamente. “Y aquí estamos hablando no sólo de aquellos que tiraron el gatillo, sino también de quienes ordenaron o pagaron para hacerlo”, añadió.
Durante su visita a Colombia, Gilmour tuvo varias reuniones en Bogotá con víctimas del conflicto armado y con actores de la sociedad civil. También se reunió con el Vicepresidente, el Defensor del Pueblo y el Procurador General, así como con dirigentes de las FARC-EP. Gilmour viajó a San Luis, en Neiva, donde recibió más información sobre los desafíos relacionados con la reintegración de las FARC-EP. Allí, también se reunió con autoridades locales y líderes indígenas y comunitarios.
Gilmour enfatizó, sin embargo, que la paz sólo puede ser sostenible si los desmovilizados son debidamente integrados en la sociedad y tienen los medios para ganar un salario digno como civiles. La paz verdadera requiere que aquellos que viven en áreas que estaban bajo el poder de las FARC-EP sientan que están experimentando un “dividendo de paz” – y esto sólo es posible si las acciones de las instituciones estatales y las actividades económicas llegan adecuadamente en esas áreas.
“Si no es así, es claro que las brutales organizaciones criminales intensificarán sus actividades para llenar el vacío dejado por las FARC-EP, lo cual será un grave revés para los derechos de los que viven en las áreas desalojadas por la guerrilla”, dijo Gilmour.
Varios interlocutores subrayaron a Gilmour sus preocupaciones sobre la corrupción, incluyendo un alto funcionario del Estado que indicó que ésta es, por encima de muchas, la mayor causa subyacente de violaciones de los derechos humanos en Colombia, tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos. Gilmour se declaró alentado por las medidas concretas adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo técnico y asesoramiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, para abordar esta cuestión prioritaria.
En relación con la jurisdicción especial para la paz, Gilmour expresó su preocupación por los posibles intentos de socavar el sistema judicial diseñado en el Acuerdo de Paz, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para la no repetición de violaciones de derechos humanos. “Necesitamos reconocer el papel trascendental de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluso a través de mecanismos de justicia transicional, como la jurisdicción especial para la paz, con el objetivo de asegurar un equilibrio adecuado entre la justicia, la verdad y la reinserción efectiva de los miembros de las FARC, incluyendo su participación en política”, dijo.
Gilmour también destacó el papel fundamental de la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos humanos. Pidió a las autoridades que aceleren el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas que se encuentra bajo el liderazgo del Defensor del Pueblo, como lo dispone el Acuerdo de Paz.
El Subsecretario General habló sobre cuestiones regionales de derechos humanos, incluido el impacto transfronterizo de la preocupante situación en Venezuela. En este contexto, reconoció la generosa respuesta humanitaria de las autoridades colombianas frente al flujo masivo de personas de Venezuela.
Gilmour reconoció los esfuerzos del Gobierno por implementar el Acuerdo de Paz, en particular el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de dar la debida consideración a las cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, él subrayó que es urgente la acción del Gobierno, en colaboración con la sociedad civil y con el apoyo de la ONU, para hacer frente a la impunidad crónica por las violaciones de los derechos humanos, en particular por los “falsos positivos” atribuibles a la Fuerza Pública, y por los ataques contra defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios a manos de organizaciones criminales.
