PAX, la Asamblea Campesina del Cesar, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Alianza Colombia libre de Fracking, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), vemos con esperanza la posibilidad de que por primera vez, dos directivos de una multinacional puedan comparecer ante la justicia transicional como terceros involucrados en el conflicto. José Miguel Linares, presidente de Drummond Colombia, y Augusto Jiménez, expresidente de la compañía, tienen la oportunidad histórica de aportar a la construcción de una Colombia en paz.
En diciembre de 2020 la Fiscalía General de la Nación acusó a los dos ejecutivos de la multinacional Drummond en Colombia por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares; este proceso se inició por una compulsa de copias en la que se pidió investigar a funcionarios de la empresa “por financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos” de un bloque de autodefensas entre 1996 y 2001.
Como organizaciones dedicadas a la garantía y defensa de los derechos humanos y la paz, hacemos un llamado especial a Linares y Jiménez a presentarse ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) este 27 de enero, fecha en la que vence el plazo para elevar su solicitud. Creemos que es la vía adecuada para esclarecer las acusaciones sobre la financiación y promoción del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la zona minera del Cesar entre 1996 y 2001, cuyas acciones contra la población civil produjeron crímenes de lesa humanidad como homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, despojo, desaparición forzada, entre otros.
Así mismo, hacemos un llamado a Drummond Colombia a incentivar la participación de sus directivos en la JEP, como una muestra de responsabilidad corporativa y compromiso social, entendiendo, que según la Fiscalía General de la Nación, la compañía se benefició con los delitos que las AUC cometieron contra la población civil.
La JEP garantiza no solo los derechos de los procesados, sino también los de las víctimas. Se trata de un espacio de justicia restaurativa, que va más allá de la venganza o el castigo; es un espacio para reconstruir, sanar y tender puentes para garantizar la verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto.
De igual forma, extendemos la invitación a participar en los espacios de diálogo constructivo entre las organizaciones de víctimas y empresas mineras. Estamos convencidos de que, para poder avanzar en el camino de la paz y la reconciliación, es necesario abrir espacios comprometidos con la verdad, la justicia y la reparación.
Bogotá, 27 de enero
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