Los Sujetos de Reparación Colectiva de Vista Hermosa Meta entregan informe a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano que han sido considerados como vulneraciones a los Derechos Humanos y que han generado afectaciones directas sobre ellos.
El documento fue construido con el apoyo técnico del equipo Meta de la Fundación Pax Colombia y hace énfasis en los hechos ocurridos en las veredas de Piñalito, Puerto Lucas, Palestina, Albania y Buenos Aires. Este acto busca que las víctimas obtengan reconocimiento en el proceso judicial correspondiente y promover su participación activa en las decisiones que permiten materializar el derecho a la justicia y a la verdad, fundamental para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.
El informe titulado “Vista hermosa en Búsqueda de Verdad y Justicia” se trabajó de manera participativa con representantes de la comunidad, acudiendo a la revisión de fuentes secundarias como los Diagnósticos del Daño y la ampliación de hechos mediante un ejercicio de memoria con los representantes de los SRC.
El acto simbólico de entrega estuvo acompañado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, ONU Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, así como por otras instituciones de carácter territorial.
Vista Hermosa, el conflicto armado y los daños
Para entender el sentido del informe en clave de la búsqueda de justicia y paz, es importante reconocer que este municipio, históricamente escenario del conflicto armado en el Meta, ha estado marcado por al menos ocho hitos que se recogen en este documento y permiten ilustrar cada uno de los hechos victimizantes vividos por los habitantes de las cinco veredas, en consonancia con las siete líneas de investigación propuestas por la JEP.
El informe aborda los medios y métodos de guerra (FARC-EP); la desaparición forzada, homicidios y masacres (FARC-EP); las afectaciones a pueblos y territorios étnicos; el fenómeno de desplazamiento forzado atribuible a las FARC-EP; los hechos de violencia sexual basada en género; el desplazamiento forzado atribuible a la fuerza pública; la participación de terceros y agentes estatales no integrantes de la fuerza pública (AENIFP) y los hechos atribuibles a la Fuerza Pública. El documento incluye una propuesta adicional que recoge las vulneraciones que ocurrieron por cuenta de la Fuerza Pública y que no se categorizan como desplazamiento forzado.
Las comunidades recogen ocho daños directos ocasionados por las dinámicas del conflicto armado:
- Daños en las relaciones económicas, con pérdida de bienes, disminución o pérdida de los ingresos, pérdida total de las prácticas culturales relacionadas con el autoconsumo, disminución del capital humano para la economía lícita, dificultad en el acceso a oportunidades laborales y productivas, profundización de la pobreza y la dificultad en la inserción al sistema económico.
- Estos años de violencia repercutieron en un cambio de las relaciones de las comunidades con el territorio, hubo una transformación en la relación con la tierra, cambios en los usos del suelo, transformaciones en la relación con la tierra, a partir de modalidades de despojo, pérdida de la identidad campesina en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, afectaciones de bienes públicos y privados.
- Se evidencian cambios en los patrones de vida colectiva con la desintegración de la comunidad, la alteración de las prácticas culturales, transformaciones en las formas de comunicación y cambios en las responsabilidades económicas del hogar.
- Cambios en las prácticas y formas organizacionales, mediante la neutralización de liderazgos, la modificación en las relaciones de poder y el debilitamiento y/o neutralización de las organizaciones.
- Las comunidades sufrieron el establecimiento del control social por parte de grupos armados, quienes los obligaban a sufrir alteraciones de rutinas, tiempos u horarios, modificaciones a los lugares de visita, deportivos, culturales o de cultos, imposición de prácticas de expresión y convivencia (ej. uso de prendas de vestir, cortes de cabello), imposición de normas, exclusión, discriminación y exterminio de grupos poblacionales.
- Estas comunidades se vieron obligadas a vivir cambios en la cultura política, mediante el control de la participación ciudadana en las elecciones y la captura de la institucionalidad local. Así mismo se presentó un detrimento en las relaciones con el estado, fueron épocas de incremento de la desconfianza hacia el estado y debilitamiento de las juntas de acción comunal.
- Sufrieron un sinnúmero de irreparables daños psicosociales, con percepciones de pérdidas que se mantienen, transformación negativa de las formas de vivir y la persistencia de temores y miedos.
Finalmente, como constructores de paz y como víctimas resilientes, al final del informe se presentan algunas propuestas que pueden ser analizadas por la JEP dentro de la justicia restaurativa, con el fin de avanzar conjuntamente hacia la construcción de paz y desarrollo en el municipio.
