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Comunidades indígenas que no están dispuestas a morir
La Colombia urbana parece solo acordarse que existen comunidades indígenas en el país, cuando se bloquean carreteras y se afecta el abastecimiento de combustibles y alimentos. En el sur occidente existen pueblos enteros que están en un alto riesgo de desaparecer física y culturalmente.
Las minorías indígenas en Colombia son las más protegidas, por lo menos en el papel. Prueba de ello, lo consagrado en la Constitución del 91 que estableció en Colombia un estado multicultural que reconoció la existencia y los derechos de grupos étnicamente diferenciados, pasando por las sentencias de la Corte Constitucional y de la Suprema de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por las diferentes leyes y decretos de la República que consagran y protegen sus derechos al territorio, a sus formas de gobierno y de justicia, entre otros. Incluso, el Acuerdo final de Paz pactado en La Habana, contiene un capítulo étnico que garantiza el derecho que tienen las comunidades indígenas a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.
Foto: Hernando Chindoy Chindoy
Como decíamos, comunidades indígenas protegidas en el papel. En los territorios, la situación es bien distinta. Día a día, los pueblos indígenas se enfrentan solos, a la realidad de un país con múltiples actores armados que protegen a sangre y fuego sus economías ilegales; a las amenazas, atentados, desapariciones y asesinatos de sus líderes y autoridades ancestrales; al poder de los conglomerados económicos nacionales e internacionales, ávidos de los recursos naturales que están en sus territorios y que los coloca en una posición desventajosa y a un abandono del Estado, tan legendario como institucionalizado en la administración y en la política colombiana.
Uno de esos pueblos, son las comunidades Inga, Awá, Siona y Quillasinga asentadas en los departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá y Cauca. A pesar de ser los guardianes de un territorio natural estratégico donde nacen los grandes ríos de Colombia, y de haber hecho una apuesta decidida por la paz, denuncian hoy, que sus comunidades y sus territorios, se encuentran nuevamente cercados por la guerra y ante una amenaza cierta de sus desaparición física y cultural.
Alerta máxima
Hace meses que estas comunidades indígenas del sur occidente de Colombia vienen denunciando la grave situación de seguridad que están atravesando, no solo sus líderes, sino también, las comunidades enteras. Son varios los hechos gravísimos que han sucedido, ante los cuales, ni las autoridades, ni la sociedad, reaccionamos. Desde octubre del año pasado, son cada vez más, las amenazas, desapariciones, atentados y asesinatos como los ocurridos el pasado octubre, cuando el Pueblo Inga tuvo que enterrar a 3 de sus comuneros, quienes fueron asesinados en la zona de Yunguillo, jurisdicción del municipio de Mocoa en Putumayo. Los jóvenes fueron ultimados a tiros cuando se movilizaban en motocicleta.
Un año antes, ese mismo pueblo, veía, como una de sus autoridades más emblemática, Mario Jakanamijoy, era encontrado en la vereda Buenos Aires, Caquetá, con signos de tortura luego de haber estado desparecido durante tres días. Jacanamijoy era un líder destacado, quien a través de su organización Tandachiridu Inganokuna, trabajó por los derechos de su comunidad indígena y por el fortalecimiento territorial, político y social del Pueblo Inga.
Ante lo extremo de la situación, hace algunas semanas, varios gobernadores indígenas hicieron un llamado a la comunidad internacional sobre la inseguridad en la que se encuentran sus líderes. En una carta, Hernando Chindoy Chindoy, representante Legal de la organización ATUN WUASI IUIAI-AWAI que reúne a 57 gobernadores del Pueblo Inga de Colombia, le solicitó al Embajador de Francia que realizara gestiones para ayudar a proteger a los líderes amenazados. Un aspecto crucial, según Chindoy, es que “se mantengan y fortalezcan las medidas de protección otorgadas a las autoridades”, pues, según el líder, han tenido casos en los que a pesar “del enorme riesgo en el que se encuentran, la respuesta ha sido disminuir la protección que les debe garantizar el Gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección- UNP”.
En la carta, Chindoy Chindoy da cuenta de la situación de amenazas y posibles atentados contra varias autoridades indígenas. Es el caso del Taita Camilo Hernesto Rodríguez Quispe y Patricia Jojoa Salazar del Pueblo Quillasinga del Encano, municipio de Pasto-Nariño. Estas personas enfrentan amenazas de muerte por parte de actores armados, además de existir serios indicios de posibles atentados contra sus vidas. Por su parte, el Gobernador de la Asociación de Cabildos Inga Nukanchipa Atunkunapa Alpa del Municipio de Piamonte-Cauca y Martiniano Jakanamijoy Gobernador del Resguardo Inga La Leona, enfrentan graves riesgos de seguridad debido al trabajo de liderazgo que realizan. En el lugar, a comienzos de este año, dos comuneros fueron secuestrados y un tercero asesinado, hechos que son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Una suerte parecida está corriendo el Pueblo Awá asentado en el departamento de Nariño, en donde aumenta la presencia y el accionar de grupos armados que los dejan nuevamente a merced de los violentos tal como ocurrió el pasado diciembre. En esa oportunidad, Héctor Ramiro García, fundador de la organización Cabildo Mayor Indígena de Ricaurte CAMAWARI, y su hijo Arturo García, quien acababa de ser elegido como Gobernador de ese Cabildo, fueron asesinados a quema ropa por hombres fuertemente armados. En el hecho resultaron heridos otros 4 indígenas.
Los incumplimientos suman riesgos para las comunidades
Las situaciones de riesgo no solamente dependen de los actores armados ilegales , sino que también, provienen de los incumplimientos por parte del Estado a, por ejemplo, el auto 004 de la Corte Constitucional de 2009. Esta sentencia declaró a más de 20 etnias indígenas “en peligro de ser exterminados – cultural o físicamente- por el conflicto armado interno, y quienes han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario”. Allí se establecieron planes de salvaguardia que obligaban al Estado colombiano a implementar acciones que protejan a las comunidades indígenas ubicadas en zonas de alta conflictividad.
Para el abogado, especialista en derecho indígena, Samuel Escobar, el riesgo para estas comunidades del sur occidente colombiano durante el llamado posconflicto es más fuerte que el que existía durante el conflicto armado. Escobar señala que existen por lo menos tres aspectos claramente identificables producto de la no implementación del Acuerdo Final de Paz que están poniendo en la mira de los violentos, a estos pueblos indígenas: “Lo primero, fue que el Estado no cooptó los territorios que fueron abandonados por los frentes de las Farc, lo que facilitó que estos fueran ocupados por nuevos actores armados ilegales. Segundo, quienes apoyaron en el territorio el acuerdo de paz han quedado a expensas de estos actores armados que quieren controlar el territorio sobre todo para cultivos ilícitos, generando el asesinato sistemático y creciente de líderes sociales. Y el tercer aspecto, el Estado no ha cumplido con la implementación del Capítulo étnico de los acuerdos de paz específicamente en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no Repetición, especialmente en el tema de reincorporación comunitaria para excombatientes indigenas”, para el abogado Escobar, «la llegada de otros actores armados ilegales al territorio, significa una nueva oferta laborar para todos estos jóvenes que engrosaron las filas de las FARC y que no encuentran respuesta en la institucionalidad».
Una decisión inquebrantable por defender su paz
Los pueblos Inga, Awá, Siona Quillacinga del sur occidente de Colombia conocen muy bien, lo que es convivir con la violencia. La riqueza y estratégica ubicación de los valles y montañas, que, por décadas, ellos, y sus antepasados han custodiado, han sido escenario de una cruenta guerra que terminó por involucrarlos de lleno. Gentil Muñoz Chindoy, Gobernador del resguardo indígena Inga de Aponte, Nariño, recuerda como desde el año 86, a su territorio llegaron grupos armados que implantaron en la zona, no solo la ley de las armas, sino también, una economía ilegal que terminó por envolverlos :“se cobraron vidas de comuneros, nuestros sitios sagrados fueron invadidos y pisoteados, nuestros equipamientos usados para albergar a esos grupos armados, y ya, ni el Cabildo ni el Gobernador, tenían la autoridad y nuestro pueblo perdió su autonomía”.
Foto: Hernando Chindoy Chindoy
La situación llegó a tal punto de desangre en este resguardo Inga de 22 mil hectáreas, en donde, cada semana había entre 2 y 5 muertos, que la comunidad, en el 2003, apelando a sus saberes ancestrales, a sus lazos comunitarios y a su relación con el entorno, tomó la decisión de salir del flagelo de los cultivos ilícitos. Esta decisión fue una clara señal a los grupos armados de que el pueblo Inga de Aponte Nariño, estaba dispuesto a defender sus territorios y a restablecer la armonía perdida. La valentía y la resiliencia de esta comunidad indígena, se convirtió en un experimento exitoso de paz que desde el 2007 ha conseguido adelantar un proceso sostenible, libre de cultivos de uso ilícito, sustituyendo aproximadamente 2.500 hectáreas de amapola y una reducción total de muertes violentas. Incluso, recibió en el 2015, el Premio Ecuatorial de las Naciones Unidas.
Unido a esta experiencia, están las voluntades comunitarias de los demás pueblos indígenas del sur occidente de Colombia de cuidar la vida, el territorio y no dejar avanzar nuevamente la guerra. Esperan que el Gobierno nacional apoye sus iniciativas de protección colectiva que no solo se resumen en el fortalecimiento y respeto a la Guardia Indígena, sino, y, sobre todo, en el fortalecimiento de sus organizaciones, su gobernanza, su justicia y sus economías locales. Hacen un llamado a nivel nacional e internacional para que se tomen acciones urgentes y sustentables que detengan esta nueva arremetida violenta que, desde hace ya meses, está cobrando la vida de los comuneros y profundizando la desarmonización dentro de sus territorios.
