Víctimas y Reconciliación

Publicado el 12 noviembre 2017 | por Fernando Arellano

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Continúa persecución a líderes sociales del Cesar: graves amenazas a 3 dirigentes del movimiento de restitución de tierras

La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de las Tierras y el Buen Vivir denunció que continúan las acciones de persecución y amedrentamiento contra esta organización social y en particular, se han producido en los últimos días, graves amenazas contra 3 de sus dirigentes.

Esta núcleo campesino que busca la reparación de sus derechos en una región caracterizada por graves hechos de despojo de tierras es un espacio organizativo que congrega a las comunidades cesarenses de El Toco y El Caimán en el municipio de San Diego; La Concordia, Santa Isabel, El Platanal en Agustín Codazzi; Hato La Guajira, El Topacio, Santa Fe y el corregimiento de Estados Unidos en Becerril; así como la vereda Entre Ríos, San Miguel, Quebrada Arena, La Primavera; Sector 5 y Sector 6 del Copey.

Recientemente, los líderes de esta organización, Evelio Aguirre Vargas, Sifredy Culma Vargas y Miguel Antonio Ricardo Serna, han venido siendo objeto de hostigamiento, persecución y serias amenazas de muerte.

Coincidencialmente, este tipo de hostigamientos se dan luego de que Aguirre y Culma hicieran declaraciones sobre los impactos negativos en materia de violación de derechos humanos que ha generado la presencia de empresas extractivistas en el Cesar, a través de un video que proyectó PAX Holanda durante una conferencia que se llevó a cabo recientemente en Las Haya con altos ejecutivos de algunas transnacionales minero-energéticas y funcionarios del gobierno colombiano para hablar de la contribución de la industria carbonífera en el proceso regional de paz.

En dicho video, estos líderes sociales hicieron un llamado a las empresas carboníferas para abrir un dialogo sobre reconciliación y reparación con las comunidades de las víctimas, en vista de su responsabilidad histórica en los impactos negativos en materia de violación de derechos humanos que ha generado su actividad extractivista en el Cesar

Además, Evelio Aguirre fue uno de los principales líderes de la organización de los actos conmemorativos de los 20 años de la violencia paramilitar en el corregimiento Estados Unidos a finales del pasado mes septiembre.

Por esos mismos días, Sifredy Culma apareció en un documental sobre la transnacional Prodeco y sus supuestos vínculos con la violencia paramilitar que se transmitió por la televisión suiza.

Estas amenazas además de buscar atemorizar a los líderes de la Asamblea Campesina del Cesar, están dirigidas también a desintegrar a la organización y desarraigar a sus integrantes.

Cabe recordar también que numerosas comunidades del departamento del Cesar han sido atacadas y destruidas por grupos armados al margen de la ley que incursionaron en sus respectivos territorios, como parte de una estrategia de guerra. Ese fue un desarraigo del campesino de sus tierras, favoreciendo los intereses de grandes terratenientes y empresas multinacionales que se encuentran en esta región, dejando como resultado historias de dolor y desplazamiento forzado en numerosas familias y comunidades, y que hoy, no obstante el proceso de paz, todavía continúa.

Llamado a autoridades nacionales y regionales y a las empresas carboníferas

La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de las Tierras y el Buen Vivir y las comunidades de este departamento que han sido duramente afectadas por la violencia generada por el conflicto armado, han sido reiterativos en sus llamados a las autoridades nacionales y regionales, así como a los directivos de las empresas minero-energéticas asentadas en este territorio para que asuman un rol protagónico en su compromiso con el proceso de paz, mediante la adopción de medidas eficaces que permitan garantizar la vida de los líderes sociales que luchan por la reivindicación de los derechos de las víctimas. En el caso de las autoridades policiales y judiciales se solicita que asuman con prontitud las investigaciones y adopten los esquemas de seguridad necesarios que permitan devolver la tranquilidad a esta región azotada desde hace varios años por la presencia de actores armados ilegales.

Las amenazas contra 3 líderes

Loa grave situación que ha rodeado el seguimiento y hostigamientos contra los tres dirigentes sociales de la Asamblea Campesina del Cesar se puede sisntetizar en los siguientes hechos:

El reconocido líder social Evelio Aguirre Vargas, de la comunidad Hato La Guajira del municipio de Becerril, quien en 2004 fue objeto de un atentado contra su vida por parte del paramilitarismo, recibiendo cinco impactos de bala que le dejaron serias secuelas de salud, ha continuado siendo objeto de seguimientos por parte de desconocidos en los últimos días.

Tras esos seguimientos, el pasado 2 de noviembre, Aguirre Vargas fue requerido por los comandantes de Policía de Becerril y de Codazzi, así como por el jefe de la SIJIN (organismo de investigación policial), quienes le notificaron que la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes va a instaurar una denuncia en su contra por supuestamente estar organizando una invasión de tierras a una de sus propiedades.

Ante las acusaciones hechas por esas autoridades de Policía, Aguirre contestó que las reuniones que estaba efectuando de ninguna manera han sido clandestinas y eran tan públicas que se hacían en la Casa Campesina de Becerril y que las mismas han sido convocadas no por él sino por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Explicó que se trataba de reactivar el capítulo Becerril de la ANUC, a raíz de la oferta del Grupo Prodeco, que ha expresado su disposición de entregar 1065 hectáreas de tierra de su propiedad a campesinos organizados a través de esa organización con la cual tienen un convenio. Fue enfático en señalar que en ningún momento se había considerado la posibilidad de realizar tomas de tierras o acciones de hecho.

El temor de este líder social proviene del hecho de que Inversiones Rodríguez Fuentes, es una empresa creada por Hugues Rodríguez Fuentes, quien fue condenado por sus vínculos con el paramilitarismo.

Otro líder de la región, Sifredy Culma, ha sido objeto de múltiples amenazas, seguimientos, intimidaciones, sin que las autoridades le brinden protección alguna.

El incidente más reciente ocurrió en el mes de agosto, cuando se encontraba en la vereda Santa Fe del municipio de Becerril, y apareció una camioneta con vidrios oscuros, que lo siguieron un buen tiempo, hasta que, ante su llamado, apareció la Policía y los ocupantes del extraño vehículo se vieron obligados a  retirarse.

Por su parte, Miguel Antonio Ricardo Serna, dirigente de la Asamblea Campesina del Cesar de la comunidad El Toco, corregimiento Brasiles en el municipio de San Diego, quien ha debido enfrentar en 2015 dos atentados contra su vida, volvió a ser objeto de seguimientos.

En efecto, el pasado mes de octubre, un hombre armado estuvo en el predio El Toco, indagando sobre el lugar de residencia del Ricardo Serna, quien fue alertado inmediatamente por miembros de la comunidad. Este hecho ocurrió, precisamente, días después de una reunión con funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD).

El día 8 de noviembre de 2017, un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien le solicitó guardar reserva sobre su identidad, le informó que se estaba fraguando un plan para atentar contra su vida.

Estado actual de los casos

En los tres casos referenciados, el Estado colombiano ha dejado a las víctimas en completo abandono, siguen sufriendo persecuciones y sus solicitudes judiciales de restitución de sus predios han sido negados o simplemente, abandonados en los anaqueles de los despachos públicos.

El caso de Ricardo Serna, fue negado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, aduciendo que nunca tuvo derechos sobre el predio que reclamaba.

El caso de Culma Vargas, fue negado rotundamente por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD).

El caso de Aguirre Vargas, ni siquiera fue recibido por los funcionarios de la UAEGRTD, aduciendo que ya se encontraba en su predio.

En los tres casos, la Unidad Nacional de Protección, se ha negado sistemáticamente a brindarles protección para garantizar su vida y su accionar social.


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