Valledupar, 12 de marzo de 2021
Señores directivos de Sintramienergética, señores panelistas y familiares de Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Cándido Méndez.
Apreciados amigos,
Nosotros somos PAX, un movimiento internacional de paz y defensa de DDHH. Iniciamos nuestras investigaciones sobre las actividades extractivas de carbón y la violencia social y política en el corredor minero del Cesar en 2011. Posteriormente, preocupados por las graves violaciones a los derechos humanos y los ataques indiscriminados contra los campesinos y trabajadores mineros de la región, publicamos en 2014 un informe titulado El lado oscuro del carbón en el cual denunciamos asesinatos, desapariciones y desplazamientos ocasionados por el Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El impacto que generó esta publicación en Europa nos llevó a asumir la responsabilidad de apoyar a las comunidades directamente afectadas, para fortalecer los procesos organizativos y reivindicativos de sus derechos vulnerados. Así nació nuestro vínculo con la Asamblea Campesina del Cesar para la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, con quienes hemos venido trabajando de la mano, denunciando los excesos cometidos contra las comunidades, y exigiendo verdad, justicia y reparación, no solamente al Estado colombiano sino también a las empresas Drummond y Prodeco-Glencore, que hacen presencia en la región y han tenido una gran responsabilidad en estas acciones.
En el marco de este acompañamiento, realizamos una campaña en Europa en 2016, en la cual les solicitamos a las empresas de energía compradoras de carbón que no negociaran con estas dos mineras hasta que repararan los daños morales y económicos a las comunidades y sindicalistas que habían sido víctimas de las acciones del Frente Juan Andrés Álvarez. Hemos tenido en Suiza, Europa y Colombia varios diálogos con Prodeco-Glencore y junto a la Asamblea Campesina hemos planteado en Colombia la apertura de una negociación hasta llegar un consenso entre las empresas y las víctimas.
Esto nos llevó también a establecer un contacto directo con la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con las cuales hemos firmado convenios de cooperación para facilitar el acceso de las víctimas a los procesos operativos y legales de estas instancias de la justicia transicional.
La salida de Prodeco-Glencore del Cesar nos genera un escenario inesperado e incierto para las comunidades, los trabajadores y las víctimas del conflicto en la región. Si bien es cierto que hay una reducción en los consumos mundiales de carbón, existe una demanda que no podrá ser sustituida hasta el año 2030. Tenemos 9 años de actividad extractiva posible mientras se genera un proceso de sustitución energética y fundamentalmente un modelo económico de transición que genere empleo y restablezca las condiciones ambientales y sociales en las zonas de extracción. Este proceso de construcción de una alternativa productiva para los habitantes de esta región debe ser conjunto y participativo, incluyendo todos los estamentos de la sociedad cesarense.
Hemos enviado una carta a Iván Glasenberg, director ejecutivo de Glencore, en la cual le hemos planteado lo siguiente:
• A pesar de su intención de salir de la región, Prodeco tiene la obligación moral de dar seguimiento a conversaciones anteriores con la Asamblea Campesina del Cesar sobre un diálogo sobre la verdad y la reconciliación.
• Mientras Prodeco tenga presencia en Cesar, la empresa debe continuar alzando la voz contra la estigmatización, las amenazas y la violencia contra las víctimas y los líderes sociales (y sindicales) de la región e instar al gobierno colombiano a actuar en su contra.
• De acuerdo con los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, Prodeco debe publicar los hallazgos de su Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, encargada en 2018, e indicar cómo abordará estos impactos.
Concluimos diciendo que el cierre de operaciones en Colombia, no exime a la empresa de la responsabilidad hacia las víctimas, lo cual es una responsabilidad universal con la humanidad, y en cualquier lugar del mundo donde se encuentre Glencore, llevará consigo esta responsabilidad. En consecuencia, PAX seguirá su misión de recordarles estas obligaciones y de acompañar a las víctimas hasta lograr su debido cumplimiento.
Hacemos extensivas estas exigencias hacia los trabajadores de la empresa, los enfermos activos y retirados, los vecinos afectados por los impactos ambientales y las comunidades con las que hay compromisos previos frente a su reasentamiento como en el caso de El Hatillo y Boquerón.
También le hemos escrito al presidente de la republica, Iván Duque, y al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, convocándolos a que se haga una acción conjunta con todos los sectores afectados por el cierre de estas minas de Glencore para tratar de disminuir al máximo posible los efectos de esta decisión unilateral de esta empresa. Creemos firmemente que este debe ser un proceso abierto a la luz publica y que se deben considerar el máximo de variables de afectación ambiental, económica y social del departamento.
Con respecto a Drummond y su cambio de actividad hacia la explotación por el sistema de fracking consideramos que este modelo genera una gran afectación al medioambiente y que los privilegios que el gobierno le ha concedido a esta empresa no tiene reciprocidad en los beneficios para la región, ni para las comunidades. Vemos con grave preocupación el futuro de Cesar, no solamente por la incertidumbre económica que generara el cierre de las minas de Glencore, sino también por las afectaciones irresponsables hacia el medioambiente, que a pocos años ocasionará muy probable una escasez de agua. Y no se está pensando por parte del gobierno en revertir esta situación.
Esta es una ocasión para recordar el sacrificio injusto de Valmore Locarno y Victor Hugo Orcasita, pero también recordamos la injusta muerte de Gustavo Soler y Cándido Méndez, también miembros de Sintramienergética. Tampoco podemos pasar por alto los mas de 3 mil muertos reconocidos por la acusación de la Fiscalía General de la Nación en contra de dos presidentes de Drummond, sindicados de crímenes de lesa humanidad.
Hoy queremos ratificarles a ustedes delegados de las distintas organizaciones sindicales presentes en la región y a miembros de las organizaciones sociales y de victimas que nuestro compromiso como PAX será continuado hasta lograr que la verdad, la justicia y la reparación llegue a este sufrido departamento.
Cuenten con nosotros. Muchas gracias,
Joris van de Sandt
Coordinador PAX América Latina
