Justicia Transicional

Publicado el 28 Abril 2017 | por PAX

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Credibilidad de justicia transicional será su capacidad de ofrecer verdad y justicia de manera equitativa

Por Joris van de Sandt, coordinador general del programa de PAX para América Latina

Intervención durante el acto académico de presentación del Informe La Paz, responsabilidad de todos. La responsabilidad corporativa en la justicia transicional: lecciones para Colombia, realizado en la Universidad del Rosario de Bogotá, el 26 de abril de 2017.

Dr. Forero, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; Dr. Cesar Rodríguez, director de Dejusticia; Dr. Roodenburg, Embajador del Reino de los Países Bajos; Dr. Reed, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH; colegas de PAX Colombia, Dejusticia y Universidad de Oxford; Señoras y Señores.

Agradecemos a la Universidad del Rosario por habernos acogido y permitido la presentación de este libro.

PAX ha participado activamente durante los últimos 20 años en acciones que favorezcan la construcción de paz y de una institucionalidad que consolide la justicia en Colombia. Por eso vemos con mucho entusiasmo que el acuerdo de paz colombiano haya creado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en particular la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la columna vertebral de lo pactado en La Habana.

El informe que hoy presentamos – junto con Dejusticia y la Universidad de Oxford – es una contribución que suministra una introducción al concepto de los desafíos y las perspectivas de la rendición de cuentas por complicidad corporativa, y describe un numero de procesos de justicia transicional innovadores generalmente movidos por la sociedad civil, que intenta responsabilizar a las empresas por violaciones de derechos humanos.

Colombia es innovadora en el diseño de la justicia transicional al introducir la presencia de ‘terceros civiles’ o ‘civiles no combatientes’ como un actor responsable en las violaciones de derechos humanos del conflicto armado y sujeto de juzgamiento.

Está bien documentado que en Colombia, los actores armados no son los únicos responsables de los abusos en el conflicto armado y que terceras partes no armadas, como políticos, funcionarios públicos y empresarios, en numerosos casos y de diferentes maneras, también han contribuido directa e indirectamente a la generación de violaciones graves de los derechos humanos.

Por lo tanto, se podría argumentar que la prueba decisiva para la credibilidad del proceso de justicia transicional colombiano será su capacidad de ofrecer verdad y justicia de manera equitativa. Para que esto suceda, todas las categorías de víctimas tendrán que ser representadas con imparcialidad
y todos los tipos de perpetradores (guerrilleros, paramilitares, militares y terceros) tendrán que rendir cuentas por igual. Este informe tiene como objetivo estimular el debate social y político sobre el papel que se desea tengan las empresas en el futuro proceso de justicia transicional en Colombia.

Se ha dicho de manera equívoca que PAX participa en una campaña de cacería de brujas contra el sector empresarial. Esto no es cierto. Pero lo que sí queremos es una rendición de cuentas por los empresarios implicados en un proceso de justicia transicional que contribuya a la garantía de no repetición para las victimas, es decir que las victimas puedan disfrutar plenamente de una vida en paz en los sitios donde ellos voluntariamente quieran estar y construir comunidad. También implica que las victimas deben recibir reparación para reconstruir sus proyectos de vida. Y para ello es necesario el conocimiento de la verdad, porque sin verdad no se logra superar las causas que generaron su victimización. Finalmente entendemos la justicia principalmente como un instrumento restaurativo para lograr estos objetivos.

Pedirles a las empresas rendición de cuentas por su participación en las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado es un factor crítico a la hora de lograr una paz sostenible y/o una transición democrática. Las empresas generalmente continúan sus actividades en el país después de un conflicto armado o de un régimen autoritario, y sin una solución durable para las injusticias del pasado, los abusos y los problemas que hacen surgir siguen a menudo resurgiendo y se convierten en una fuente de tensiones y violencia renovada. Además, se espera que la rendición de cuentas corporativa pueda contribuir también a un cambio en la mentalidad empresarial entre los directivos y en el sector corporativo en general, porque en última instancia esto podría ser la manera más efectiva de evitar en el futuro la complicidad de estos sectores en las graves violaciones de los derechos humanos.

En este aspecto, el proceso de justicia transicional en Colombia suministra un mecanismo de liberación significativo para empresas que soportan la carga de acusaciones de participación en acciones relacionadas con el conflicto, en especial a aquellas que han sido mencionadas en los procesos de justicia y paz de la ley 975 de 2005. Bajo la JEP, estas tienen básicamente dos opciones. O niegan su responsabilidad por los crímenes y dejan todo en manos de la Unidad de Investigación y Acusación para decidir si hay suficientes fundamentos para presentar un caso formal ante el Tribunal para la Paz. O bien admiten su responsabilidad y someten voluntariamente su caso a la Sala de Reconocimiento, mientras muestran al mismo tiempo su buena voluntad, comprometiéndose con las víctimas organizadas en un diálogo genuino sobre reparaciones colectivas significativas que busquen suministrar una reparación para los grupos y las comunidades que han sufrido las consecuencias de sus acciones. Es en este sentido que la JEP puede ser comprendida como –en palabras del presidente Santos– “una gran oportunidad […] para que cualquier empresario que se vea involucrado en cualquier caso pueda acudir a ella y limpiar su nombre”.

Si una cosa se puede aprender de los casos de involucramiento corporativo en las violaciones de derechos humanos en todo el mundo, es el hecho de que estos casos rara vez desaparecen tranquilamente con el correr de los años. Las víctimas organizadas generalmente continúan buscando caminos para lograr la justicia y la reparación, a pesar de que a menudo tome décadas antes de que su persistencia coseche frutos. Esto no es solamente algo agotador y oneroso para las víctimas, sino que también puede causar daño a la reputación e inseguridad jurídica a largo plazo a las empresas involucradas.

Por último, es necesario que la Jurisdicción Especial para la Paz cuente con todos los testimonios de personas conocedoras de y/o involucrados en las violaciones a los derechos humanos de los casos seleccionados, incluyendo los testimonios de personas que fueron excluidos de Justicia y Paz. Y que ellos puedan tener el incentivo por decir la verdad, de recibir los beneficios que otorga esta jurisdicción.  Reiteramos también que tanto los testigos como las victimas y el personal del sistema integral deben tener todas las garantías de protección y seguridad para que se pueda cumplir libremente todos los procedimientos judiciales.

Reafirmamos nuestra voluntad de apoyo a la implementación de los acuerdos de paz y manifestamos nuestro interés en darle el acompañamiento a las victimas para que tengan acceso a esta jurisdicción.

Bogotá, 26 de abril de 2017.


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