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Publicado el 13 Junio 2017 | por Fernando Oarellano

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El asesinato anunciado de Bernardo Cuero

Por Laura Ardila Arrieta / La Silla Vacía

Bernardo Cuero dijo que lo iban a matar y lo mataron. Llevaban 17 años matándolo. Desde 2000, cuando luego de dos atentados tuvo que abandonar el suelo nariñense en el que nació y trabajó con la religiosa Yolanda Cerón, asesinada en 2001 por los paramilitares debido a su incansable lucha por la tierra afro e indígena; hasta el miércoles pasado, cuando un sicario le pegó siete tiros en la puerta de su casa en un barrio de invasión de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla.

Fiscal nacional y coordinador en el Atlántico de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados Afrodes, miembro de la Mesa de Víctimas de ese departamento, representante legal de una organización social de Malambo, dirigente allí también de un comité municipal llamado ‘Sí al plebiscito’, líder comunal y tallerista sobre reparación colectiva, desde 2013 este hombre de 64 años cumplidos en mayo venía pidiendo al Estado seguridad para poder hacer todas esas actividades tranquilo. Vivo.

Pero eso fue en vano porque todos los estudios que desde entonces le hicieron en la Unidad Nacional de Protección señalaron que tenía un riesgo “ordinario” que no ameritaba ningún esquema.

Ordinario que significa común, algo que sucede habitualmente. Un concepto que no se parece mucho a lo que tuvo que pasar el señor líder al que el tiempo le alcanzaba, además, para estudiar Derecho los sábados y lunes en la Corporación Universitaria Americana de Barranquilla. Llegó hasta el séptimo semestre.

Así lo cuentan sus amigos y compañeros, las denuncias que interpuso y hasta algunos funcionarios que lo conocieron:

Bernardo Cuero atravesó el país huyendo de las balas con su gorro kufi africano, por un lado, y el ímpetu que lo hizo reconocido en el mundo del activismo en Barranquilla, por el otro.

Se refugió en Malambo, un pueblo dormitorio de la capital atlanticense que pocos años después de su llegada resultó golpeado en el macabro paso de las autodefensas por ese departamento, con las mal llamadas “limpiezas sociales”, y que hoy padece el fantasma de las bandas emergentes evidenciado en el microtráfico y la extorsión a pequeños comerciantes.

Malviviendo allí en ranchos de invasión, se fue empoderando como líder social desde esa organización clave que es Afrodes (que por ejemplo tuvo mucho que ver en el capítulo étnico de los acuerdos de paz) a donde llegó en 2004, cuando la asociación empezaba a expandirse por el país después de estar funcionando únicamente en Bogotá.

Se aprendió de memoria las leyes para las víctimas. Dicen sus amigos que por eso terminó queriendo ser abogado. Recitaba la 1448 (Ley de Víctimas), el 4912 (decreto de 2011 que organiza el programa de protección), el 4635 (otro decreto, de ese mismo año, por el cual se dictan las medidas de restitución de tierras a afros).

Lo hacía especialmente a la hora de presentar reclamos ante las instituciones, como para que quedara claro que a él no le podían echar cuento. “Por eso era muy respetado, pero también muchos en el sector público lo consideraban una calilla que metía derechos de petición y alegaba por todo. Tenía muchos bríos”, cuenta un funcionario de la Gobernación del Atlántico que trató con él.

“Era el compañero que más se sabía la ley, el más preparado, por eso nos hacía talleres y capacitaciones regionales”, dice por su parte, con voz muy adolorida, Marino Córdoba, el presidente de Afrodes.

Precisamente Marino y esa asociación fueron los primeros en alertar sobre la situación de seguridad de Bernardo, después de su desplazamiento desde el Pacífico.

En 2013, Afrodes lo incluyó en una lista de 140 líderes de la organización que estaban amenazados en todo el país. El caso incluso lo presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

En esa ocasión y de emergencia, la Unidad de Protección le dio un chaleco antibalas, un celular y un apoyo en plata por seis meses para reubicarse, mientras le hacían el estudio de su riesgo. El primero que salió ordinario. Apenas le dejaron el chaleco, que igual al líder no le gustaba mucho ponerse porque siempre que lo hacía se asaba del calor bajo el sol Caribe.

En los dos años siguientes, otros estudios de riesgo en la UNP volvieron a arrojar el mismo resultado.

Pese a ello, en un evento con funcionarios para hablar de desplazamiento forzado y de los afectados por la ola invernal en el Atlántico en 2015, Bernardo, ya miembro de la Mesa departamental de Víctimas, insistió públicamente: “A mí me han amenazado, me van a matar”.

Y casi lo logran en 2016. Así lo detalla él mismo en una denuncia que interpuso ante la Fiscalía el 8 de julio de ese año y que Afrodes le facilitó a La Silla Caribe.

Ahí Bernardo Cuero relata que días antes había llegado hasta su casa en el barrio Villa Esperanza de Malambo un tipo en una moto negra que intentó dispararle al pecho y a la cabeza, pero no pudo porque el arma no se le activó.

En ese documento, él le dice a la justicia que no es el primer atentado que le hacen y que está seguro de que el hecho tiene que ver con sus actividades como líder social y comunal (fue presidente de JAC).

Le pide a la Fiscalía que investigue e informa de varios casos recientes en los que se metió a denunciar personas, a ver si eso puede estar relacionado.

Por ejemplo, cuenta que justo para esas fechas había estado en la emisora local Sensación Stereo de Malambo acusando de estafa al presidente de la asociación comunal del pueblo. También, que denunció a un señor de una organización de desplazados por estar cobrándo a las víctimas 30 mil pesos por cabeza para una supuesta indemnización. Y que hay otro hombre, al que le dicen “el Joly”, que lleva varios años amenazándolo y persiguiéndolo porque tiempo atrás Bernardo lo señaló de querer robarse un lote que era de la comunidad.

“Tenía muchos frentes, era líder de víctimas, defensor de los afro en particular, miembro del movimiento comunal, un hombre muy inquieto, es lo que yo veo”, dice ahora frente al asesinato el director de la Unidad de Víctimas en el Atlántico, Alfredo Palencia.

(Y puede que no se equivoque. En su camino como líder, con esa firmeza y energía que le describen todos los que lo conocieron, Bernardo Cuero se podía pronunciar un día en contra de los que les venden drogas a los jóvenes del pueblo, y al otro en contra del político local que incumplió alguna promesa. Incluso, fue hasta candidato al Concejo de Malambo: en 2011, por el Polo Democrático, se ahogó con 132 votos).

Tras esa denuncia ante la Fiscalía, y una ampliación en la que agrega que días después de los hechos llamaron a su hija Neyra Cuero, quien reside en Cali, para advertirle que iban a matar a su papá, el líder le escribió a la Unidad de Protección un derecho de petición que también nos dio a conocer Afrodes.

Tiene fecha 26 de julio de 2016. Ahí, Bernardo le pide a ese organismo, que está adscrito al Ministerio del Interior, que le brinde protección inmediata a él a su hijo y a su compañera, mientras le hacen un nuevo estudio para determinar su nivel de riesgo y la posibilidad de un esquema de seguridad. Y claramente asegura que, en su concepto, las amenazas que ha recibido están directamente relacionadas con sus actividades sociales.

Pero ese estudio, el cuarto y último que le hicieron en la vida a Bernardo Cuero, salió, de nuevo, con riesgo ordinario. Es decir, con un riesgo que no ameritaba escoltas ni protección.

Después del asesinato, la UNP emitió un comunicado en el que asegura que lo que consideraron las cuatro veces los dos grupos que hacen esas evaluaciones (uno de valoración preliminar y otro llamado Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas Cerrem, en el que están entre otros la Policía, el MinInterior y un delegado de Presidencia) es que la situación de riesgo del señor se debía a “una circunstancia personal y no estaba relacionada con el conflicto armado”.

Y que a esa conclusión llegaron porque la misma víctima dijo en las entrevistas a los evaluadores que tenía un conflicto con un vecino.

En esa entidad dicen tener la tranquilidad de que cumplieron con el deber porque los estudios de riesgo se hicieron y en los grupos que evalúan hay diversas voces, es decir, la decisión sobre los niveles de riesgo no la toma una sola persona.

Lo que ellos aseguran en el comunicado, no obstante, no sólo contrasta con lo que les había dicho Bernardo en el derecho de petición, sino con una advertencia que hizo pública la Defensoría del Pueblo en marzo de este año, en un informe en el que documentó unas 500 amenazas a líderes entre las que relacionó el caso de Cuero.

“A pesar de las recomendaciones elevadas a las autoridades, se registró el hecho violento”, dice ahora la Defensoría.

Este año también, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el líder de las comunidades afro Pedro Cortés había denunciado públicamente que tres dirigentes de Afrodes estaban en riesgo de ser asesinados y sin protección del Estado que encontraba su nivel de riesgo “ordinario”. Entre ellos, mencionó a Bernardo Cuero.

Pero esta crónica de una muerte anunciada no para ahí.

Alfredo Palencia, el director de la Unidad de Víctimas del Atlántico, nos contó que 15 días antes de que lo mataran el líder le había pedido guía para activar la ruta de reubicación suya como víctima y poder salir del pueblo. “Lo puse en contacto con un funcionario, aunque me dijo que no tenía clara la decisión”, agregó el directivo.

Ocho días antes del asesinato, durante una sesión de la Mesa departamental de Víctimas del Atlántico, Bernardo les dijo a sus compañeros que estaba muy asustado, que se quería mudar de Malambo, pero no lo hacía porque sólo contaba con 200 mil pesos para el arriendo y no encontraba ningún sitio de ese precio.

“Yo le dije que lo podía ayudar a encontrar algo en Ponedera (un municipio más retirado de Barranquilla que Malambo), pero me dijo que no porque lo que no quería era irse tan lejos y que le tocara coger un bus dos o tres horas para poder llegar a Barranquilla a hacer sus vueltas”, detalló Misael Delgado, el coordinador de la Mesa.

Y tres días. Apenas tres días antes de que llegaran dos hombres en moto hasta su casa y uno de ellos le disparara en siete ocasiones, Bernardo Cuero le dijo a su amiga y vecina Isabel Cristina Ruiz (que es miembro de la Mesa Municipal de Víctimas de Malambo) que se quería ir.

“Me dijo que mucha amenazadera, que él sentía que su ciclo se había cerrado en Malambo. Yo no entiendo, ¡a Bernardo le faltó arrodillársele a los funcionarios para que lo protegieran! y pensar que hay tanto delincuente protegido”, nos dijo ella con voz entrecortada.

El jueves 8 de junio hubo un pequeño plantón en la Plaza de la Paz de Barranquilla para protestar por este nuevo asesinato a un líder social en Colombia (distintas fuentes reportan que entre el año pasado y este ya van de 80 a 120 muertos), uno por cuyos autores la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Malambo ofrecen 13 millones de pesos.

Edwin Nemes, sociólogo de la Corporación Caribe Afirmativo, y gran amigo y vecino de Bernardo Cuero, dijo allí:

¡Que la paz no nos cueste la vida!, respondieron en coro y agarrados de las manos los asistentes.


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