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Publicado el 17 mayo 2017 | por Maurice van Beers

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El Cesar: Tierra de nadie, tierra de todos

Por Jairo Gómez

Varios días y por muchas horas me dediqué a escuchar las historias que las víctimas del Departamento del Cesar relatan sobre una tragedia que aún está por contar en detalle, por muy dolorosa que parezca.

Sin embargo, en el Cesar aún persiste el miedo y las víctimas sienten que miles de ojos los están vigilando. Cuando hablan, lo hacen cuidadosamente, en baja voz, que a veces inconscientemente, preguntan: “¿me entiende: me escucha lo que le estoy diciendo?”.

No es para menos. “El paramilitarismo en el Departamento del Cesar nunca se fue”, es la primera respuesta que se escucha a la pregunta de cómo está la situación hoy en la región. Las cosas no cambian, sobre todo en el Norte del Cesar donde se dio tal vez el proceso de despojo y desplazamiento más violento que se haya registrado en Colombia en los últimos 30 años.

Según las más de once mil víctimas que hoy deambulan reclamando sus derechos y propiedad sobre las tierras, aseguran que las multinacionales del carbón -Drummond y Glencore/Prodeco- en connivencia con terratenientes y clase política de la región, han sido los responsables de este devastador despojo acompañado de masacres y asesinatos selectivos de líderes y lideresas de la zona. Este año, denuncian, ya van cinco líderes reclamantes de tierras ultimados en la región.

Son miles de víctimas que intentan sobrevivir y, cada una con su familia, lo hacen con las pocas cosas que tienen a su alcance. De vivir en fincas hoy han pasado a engrosar los cordones de miseria en los pueblos cercanos y su capital Valledupar.

Drummond llega a Colombia en el año 1989 en el gobierno del presidente liberal Virgilio Barco Vargas, quien le da el pistoletazo a que la multinacional del carbón explotara las minas que subyacen en suelo del Departamento del Cesar. Es una tierra benigna con los cultivos de pan coger y para la ganadería, pero al mismo tiempo en el subsuelo el carbón que hay es casi infinito.

Las empresas mineras aliadas con las castas regionales han sido el leimotiv de una realidad violenta que se escenificó en la región con la presencia de los grupos insurgentes y la posterior llegada de los grupos paramilitares. En medio de ese coctel de intereses quedaron miles de campesinos dueños de tierras que labraban para lograr el sustento de sus familias.

“SIN TEMOR A HABLAR”

Sifredy Culman Vargas, vallenato, de unos cincuenta años, quería hablar – quiere hablar- y no da tiempo ni siquiera a una pregunta: “A mi desde el año 2010 “Los Rastrojos” (grupo paramilitar) me vienen siguiendo”. – ¿Por qué?- le pregunto.

-Por ser luchador-, me responde. “Desde hace tiempo me presionan para que les firme los papeles de la finca. Esa ha sido su estrategia, amenazar para obligar al campesino”, complementa.

Toda su lucha la ha puesto al servicio del Corregimiento de Santafé y de unas 30 familias de la región que reclaman la restitución de más de 600 hectáreas que –dice- les fueron quitadas violentamente por las empresas mineras que operan en la región y señala a Prodeco (empresa minera subsidiaria de Glencore plc, con sede en Suiza) como una de las responsables.

“Desde hace tiempo me presionan para que les firme los papeles de la finca. Esa ha sido su estrategia, amenazar para obligar al campesino”: Sifredy Culman Vargas, labriego de la zona minera, Departamento de Cesar.

A los campesinos no les queda otra vía que la legal y para ello echan mano de una herramienta que es la Ley de Restitución de Tierras, pero se quejan que los burócratas que la administran “no tienen ni idea de que se trata la ley”, aunque la malicia campesina le da para creer que lo hacen premeditadamente.

“Estos señores favorecen a los testaferros. Las víctimas no contamos y al contrario nos terminan revictimizando al señalarnos como miembros de la guerrilla”, asegura Sifredy Culman Vargas, a quien no le tiembla la voz para denunciar la presencia en el corregimiento de Santafé del paramilitar Hugues Rodríguez, alias “Comandante Barbie”, quien, en compañía de sus hijos, viene amedrentando a los campesinos de la zona a través de amenazas de muerte.

LA HISTORIA SE REPITE

No obstante el dolor que han tenido que llevar sobre sus hombros por la muerte de alguno de sus seres queridos, hoy solo se resignan a recuperar los bienes terrenales de los cuales fueron despojados.

“La verdad es que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) favorece más a las multinacionales. Nosotros demandamos para que se nos restituyan nuestras tierras y estos señores nos las quieren cambiar por una compensación”, revela con rabia Pablo Orozco, un reclamante que junto a su hermano intentan buscar en la justicia, resarcimiento.

“Nosotros no queremos compensación, queremos que nos devuelvan nuestras tierras”, recalca Pablo, tras denunciar cómo a su madre, una humilde anciana, la obligaron a vender los terrenos a unos precios irrisorios bajo la presión de la amenaza.

La finca que Pablo reclama está ubicada en la Vereda el Platanal en donde las multinacionales del carbón –Drummond y Prodeco- tienen fuerte presencia y, según los mismos campesinos, son “amos y señores de la región”.

“Esta es una pelea desigual, ellos tienen mucho dinero”, dice Pablo que le dijeron los funcionarios de Restitución de Tierras para justificar su desidia.

Es una sistemática estrategia para ir minando la confianza de los campesinos y desmotivar la reclamación que justamente hacen. El control político de la justicia no admite que los procesos avancen y las demandas terminan engavetadas sin que a nadie se le resuelva su situación jurídica.

Un ejemplo de ello es el caso de Augusto Orozco, hermano de Pablo, a quien bajo amenaza lo obligaron a vender: “Lo dicen los mismos paramilitares en Justicia y Paz. A mí me obligaron a vender por 8 millones de pesos 51 hectáreas”, confirma con resignación lo dicho por su hermano.

Los hermanos Orozco

Tras reconocer el apoyo y acompañamiento que PAX Holanda viene dándole a las víctimas, Augusto no duda en señalar que detrás de todo este despojo y desplazamiento están las multinacionales del carbón. Para sustentar lo dicho, exhibe una carta que le envió a la propia empresa estadounidense Drummond recomendándole no comprar esas tierras, pues se las habían usurpado.

Drummond es señalada por la investigación “El Lado Oscuro de El Carbón”, auspiciada por PAX, como financiadora del grupo paramilitar de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), frente “Juan Andrés Álvarez” entre los años 1999 y 2006, versión que surge de los testimonios de los postulados a Justicia y Paz.

“En la carta yo le digo (a Drummond) que no negocien esas tierras y sin embargo lo hicieron”, advierte Augusto, un campesino curtido que hoy vive en los extramuros de Valledupar a la espera de que se haga justicia sobre un reclamo que considera ajustado a sus derechos.

Tanto Pablo como Augusto exteriorizan su preocupación por la situación en la región en términos de seguridad, pues las amenazas no paran contra las víctimas que buscan ser resarcidas.

“Nos quieren mostrar como si fuéramos enemigos del capitalismo y no es así. El capitalismo se hizo para dar oportunidades, no para cegar vidas”, reflexiona Pablo el más vivaz de los hermanos Orozco.

“LLEGARON LAS MINERAS Y SE ACABÓ LA TRANQUILIDAD”

Las noches en El Topacio, El Triunfo y Nebraska eran muy tranquilas hasta que llegaron los paramilitares, dicen al unísono las víctimas que una vez convivieron entre estos tres corregimientos. “Eso fue que llegaran las multinacionales y la tranquilidad de nuestras fincas se acabó”, espetó Elizabeth Mejía, una lideresa campesina llena de vida a pesar de los embates de la violencia.

Reconoce que llegó al norte del Cesar a colonizar unas tierras baldías que estaban en total abandono y enmontadas, e incluso con admiración cuenta cómo sus padres le inculcaron el amor por el campo.

“Recuerdo que había ganado cimarrón que se perdía en los bosques e incluso allá nacían sus crías. Se les llamaba así porque se desprendían de la manada o de los hatos cercanos y rescatarlos no era fácil. En esa época muchos campesinos vivimos de esa tarea que nos la pagaban los hacendados”, narró con nostalgia Elizabeth.

Pero esos gratos recuerdos se acabaron una vez irrumpieron en la zona los paramilitares auspiciados, dice Elizabeth, por las multinacionales. Como fecha de llegada de los grupos paramilitares señala el año 1996 y lo rotula como el inicio de la persecución a los campesinos a quienes “nos sindicaban de ser auxiliadores de la guerrilla para desplazarnos y quitarnos la tierra”.

“Eso fue que llegaran las multinacionales y la tranquilidad de nuestras fincas se acabó”: Elizabeth Mejía, lideresa campesina de la comunidad El Topacio

Fueron muchos los actores armados los que hicieron y han hecho presencia en la región y aunque la guerrilla estuvo comprometida con actos violentos contra los campesinos estos reconocen que nunca como los paramilitares que “si persiguieron, despojaron y mataron”, recalca Elizabeth.

“Por ejemplo en ese tiempo nadie sabía que Drummond había traído a la zona instructores de otros países y organizaron un ejército. Los paras contaron que los de las minas les pagaban para matar campesinos o desplazarlos para poder comprar las tierras muy baratas”, afirma Elizabeth, dispuesta a demostrar que lo dicho por los paramilitares en Justicia y Paz es verdad.

Le pregunto por las pruebas y me dice sin titubeos: “es que además los paramilitares decían que las minas les pagaban para que nos persiguieran no porque fuéramos guerrilleros sino para que dejáramos las tierras y ellos poder adueñarse de ellas”.

“Es más, nos decían que debíamos vender porque el Estado nos iba a expropiar las tierras porque nosotros no éramos dueños del subsuelo sino del suelo. Esa era otra estrategia que utilizaban y que buscaba favorecer a las mineras”, corrobora Elizabeth.

“LAS AUTORIDADES NO SON SERIAS”

El calvario de las víctimas, en general, coincide independientemente del lugar de los hechos y de los orígenes del desplazamiento o el despojo. Se utilizan por parte de las autoridades aquí en el Cesar o en cualquier otro lugar, artilugios judiciales para desconocerles sus derechos. Las autoridades –judiciales, administrativas o políticas- no son serias y siempre responden a un interés en particular.

En cada relato, en cada narrativa de cualquier víctima, es como si se pusieran de acuerdo para repetir una letanía cuando se escucha su propia experiencia y entonces caemos en cuenta que no son lugares comunes, que son hechos que fueron minuciosamente planeados con el claro propósito de hacer daño.

Leticia Marrugo Gómez, del corregimiento El Caimán, municipio de San Diego, no tiene que hacer ningún esfuerzo para narrar su propia tragedia y por su manera de contarla no da lugar a creer que está mintiendo:

“Nosotros llegamos en 1992 (42 familias). Colonizamos y nos asentamos en el campo, porque nuestra vida está ahí en el campo. La tranquilidad se acabó cuando primero llegó la fuerza pública a sacarnos del lugar contratados por los hermanos Olivella y no pudieron. Luego lo hicieron con la guerrilla y tampoco pudieron. En vista de todo esto, los hermanos Olivella contrataron a los paramilitares y en alianza con ganaderos y empresarios de la zona comenzaron a quemarnos nuestros cultivos, perseguirnos y matar a nuestra gente. Vimos que la cosa era grave y en el 2001 nos fuimos. El desplazamiento fue colectivo”, es la memoria y el testimonio de Leticia, una joven madre de tres hijos que junto a su esposo logró evadir la violencia y hoy están con vida.

Siempre que se les pregunta a estas víctimas por la responsabilidad de los grupos guerrilleros –FARC o ELN- no los salvan de sus acciones de intimidación contra los campesinos, pero aseguran “nunca fueron asesinos y menos que nos quitaran nuestras tierras –cuenta Leticia- sus acciones eran a meternos la ideología de ellos que de verdad a nosotros no nos interesaba. Los ataques violentos fueron de los paramilitares, a esta gente se les fue la mano atacándonos a nosotros, nunca a la guerrilla”.

Como un caso inusual 13 familias de las 42 que hoy reclaman la propiedad de sus fincas fueron seleccionadas por la Unidad de Restitución de Tierras. “A regañadientes-dice Leticia- tras advertir que darán la batalla para que acojan a las 29 familias restantes. Nos han tratado de dividir, pero no lo van a lograr”.

En su mayoría las víctimas coinciden en que la URT no está “obrando bien” frente a los campesinos y en la mayoría de los casos buscan favorecer a los opositores (terratenientes) “llegamos legalmente a reclamar nuestros derechos y no nos respetan”. Este es el común denominador en el que además de dar la batalla por recuperar sus terrenos de los cuales fueron despojados se tienen que enfrentar a los funcionarios públicos que actúan de manera parcializada.

“EN LUGAR DE ACORDEONES SUENEN LAS BALAS”

Miguel Antonio Ricardo Serna, es un líder social del corregimiento de El Toco, ubicado a unos kilómetros delante de la vereda Brasiles hoy un pueblo fantasma de casas vacías y abandonadas, golpeado por la presencia paramilitar desde comienzos de siglo.

Ricardo Serna, sus apellidos, un negro flaco, desgarbado, de ojos vidriosos y melancólicos, tiene una fuerza en sus convicciones que no le permite estar quieto pues hace parte de 15 organizaciones sociales y representa a 50 familias que reclaman 1560 hectáreas en El Toco, fortín de Hugues Rodríguez, a quien los campesinos sindican de ser paramilitar y responsable de la masacre que ocurrió allí en la década pasada.

“Hermano, estoy amenazado hasta la médula –me cuenta con natural preocupación-. Aquí los hombres y mujeres corren no porque suenen los acordeones sino por el zumbido de las balas”, dice gráficamente Ricardo Serna, para significar que de este lugar no se han ido los paramilitares.

Desde hace 20 años se mueve en la región como un reclamante de tierras pero la lucha ha sido infructuosa, la Ley 1448 que le dio vida con derechos a las víctimas se “la pasan por la galleta” no se aplica y la instancia que permite que los desplazados y despojados reclamen colectivamente la ignoran. “No les conviene colectivizar el reclamo de las víctimas entonces lo individualizan para amedrentar al campesino”, explica Ricardo Serna.

“En esas URT hay empleados del pasado. Gente que favorece a los terratenientes que son sus verdaderos jefes. No se mueve un papel sin consultarlo con ellos”, argumenta Ricardo Serna, tras comentar que en esa lucha llevan 20 largos años sin que el resultado los favorezca.

POSCONFLICTO

Al unísono las víctimas le apuestan al Acuerdo de Paz entre el Gobierno del Presidente Santos y las FARC. Aunque persisten dudas sobre su aplicabilidad y la falta de información, consideran que la posibilidad que van a tener las víctimas de conocer la verdad de lo acontecido contado por los diferentes actores armados va a galvanizar su visión frente al perdón y la paz.

“Tenemos muchas expectativas frente al posconflicto porque creemos que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas y sobre todo nos va a garantizar la no repetición”, admite Ricardo Serna.

Advierte sobre un hecho que aún está por resolver y es que el gobierno nacional y el local -Departamento del Cesar- no han hecho un verdadero censo sobre el número de víctimas en la región: se habla de 25 mil.

“Yo pongo en duda esa población víctima porque aparece gente que dice ser desplazada de un territorio que ni siquiera conoce. Muchos son amigos de políticos o familiares de funcionarios”, insiste el líder social Miguel Antonio Ricardo, un hombre que se ha caminado el norte del Cesar palmo a palmo.

Son los testimonios de campesinos que llevan sobre sus hombros el rudo trajín de luchar en muchos casos contra el viento pues la institucionalidad –representada en la justicia- parece ir en su contra; pero cree firmemente, como muchos otros campesinos en Colombia, que el proceso de paz y la implementación del mismo también le traerá a ellos un futuro que les haga más amable sus vidas, incluidos sus hijos.


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