Opinión

Publicado el 10 Agosto 2017 | por Fernando Arellano

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El desarme no lo es todo

Por Antonio María Calvo Silva

El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC EP, alcanzó un acuerdo final que las partes llamaron, “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Semejante logro, es tal vez, el acontecimiento más importante ocurrido en los últimos cien años en nuestro país. Se acabaron los anuncios de la guerra y se abre la era de una paz posible.

En los años noventa del siglo pasado, en Colombia, se suscribieron varios acuerdos de paz con distintas organizaciones insurgentes, lográndose significativos aportes a la convivencia y a la construcción de una sociedad más incluyente, siendo la Constitución Política de 1991, el producto más exquisito de ese momento histórico.

A pesar de lo dicho, el país tuvo la convicción de que la guerra continuaría, de hecho, el mismo día en que se inauguraba la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente César Gaviria, ordenó el bombardeo Casa Verde, símbolo de los diálogos de paz entre los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, con las FARC. Es por lo menos, un contrasentido, que el órgano encargado de crear el nuevo contrato social para fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo[1], la Carta del 91, fuera anunciado con bombas, guerra y muerte.

Las circunstancias actuales, por el contrario, inaugura la ruta de la salida política negociada del conflicto armado interno, las organizaciones insurgentes que aún persisten en la lucha armada, habrán de entender que la guerra es una opción estratégicamente ineficaz para alcanzar sus apuestas políticas.

Sin embargo, existen enormes riesgos que podrían dar al traste, no con el proceso de paz, sino con los propósitos políticos que se trazaron las partes y la sociedad, veamos:

La férrea e irracional oposición per sé a la paz, constituye, sin lugar a duda, un peligro para la convivencia, puesto que cuando se anuncia estar dispuestos a todo para hacer trizas los acuerdos, nada bueno puede esperarse.

La incuria ciudadana, que abandona sus responsabilidades políticas y encomienda, sin mayor deliberación, su suerte y la del conjunto la sociedad, a las élites.

El incumplimiento de los acuerdos es el mayor de los riesgos, ya que la inobservancia de las obligaciones contraídas sería la negación de los mismos, ya que carecerían de fuerza vinculante. Las FARC-EP, tendrían que mantener su voluntad de no regresar a las armas y construir una vocería política que los reivindique como ciudadanos con derechos y obligaciones, la paz es un camino sin retorno.

El Estado por su parte, tiene a su cargo enormes responsabilidades con los excombatientes y con la sociedad. Aparte de proteger la vida e integridad de los exguerrilleros y garantizar su reincorporación a la vida civil, deberá adoptar las reformas institucionales que sean necesarias para garantizar la no repetición del horror de la guerra y promover una cultura de la no violencia.

Esto es particularmente difícil si tenemos en cuenta que el Estado colombiano, jamás ha cumplido cabalmente un acuerdo de paz. El paradigma imperante es el inaugurado por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, quien tuvo a su cargo la negociación con el ejército Comunero, la cual terminó con la firma de las llamadas capitulaciones de Zipaquirá (1781). A los pocos días, desconoció el acuerdo y desató una implacable persecución contra los miembros del disuelto ejército. El primero de febrero de 1782, fusiló y descuartizó al líder del movimiento Comunero, José Antonio Galán. Este modelo ha sido replicado, tercamente por las élites nacionales y regionales colombianas. Tales son los casos de Rafael Uribe Uribe, tras la terminación de la guerra de los mil días, Guadalupe Salcedo, luego de la desmovilización de las guerrillas liberales, Carlos Pizarro Leongómez, líder del M-19, entre otros.

La razón de lo dicho se explica por una razón simple, el Estado en las distintas negociaciones, ha privilegiado el desarme, en la convicción de que, la deposición de las armas, se evita el riesgo de la guerra, lo cual es cierto, pero solo parcialmente. La historia nos enseña que las guerras se inician por los hombres (y también mujeres), que en determinadas circunstancias no encuentran una salida distinta a la violencia y, en consecuencia, se dotan de los instrumentos necesarios para hacerlas. En síntesis, siempre que existan las condiciones que propicien el alzamiento, sobrarán las armas para realizarlo.

Las élites colombianas, se convencieron de que las únicas medidas de no repetición son dos, el desarme y la eliminación física de quienes se alzaron en armas.

Este perverso modelo debe ser superado, si no queremos repetir la cíclica desgracia histórica que nos dibuja como una de las naciones más violentas del mundo… la sociedad civil tiene la última palabra.

[1] Constitución Política de Colombia. Preámbulo.

 


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