El escabroso camino del proceso de paz en Colombia

Por Fernando Arellano Ortiz

A raíz de un reciente fallo de la Corte Constitucional el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc vuelve a quedar en la incertidumbre, igual o peor que cuando se perdió el plebiscito sobre la aprobación de los acuerdos suscritos en La Habana, el 2 de octubre de 2016.

El fallo es consecuencia de una demanda presentada por un senador del partido Centro Democrático contra la ley que adoptó el mecanismo de vía rápida conocido como fast track para la aprobación de la legislación que permita la implementación de los acuerdos de La Habana,

En medio de una explosiva bomba social por los múltiples problemas que la administración Santos no ha logrado solventar y cuya consecuencia no es más que la comprobada insatisfacción y las múltiples protestas ciudadanas, el país inaugura con esta decisión judicial un nuevo capítulo de zozobra política sobre el rumbo que tomará el proceso de paz, lo cual abre una serie de interrogantes, no fáciles de responder.

En efecto, el pasado miércoles 17 de mayo, el máximo tribunal constitucional mediante un comunicado informó que fueron declarados inexequibles dos literales del acto legislativo que creó el procedimiento especial conocido como “fast track” (vía rápida), con lo cual traslada al Congreso de la República la responsabilidad principal de aprobación de temas esenciales contenidos en el acuerdo de paz, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Ley Estatutaria de Garantías de Participación Ciudadana, la reforma política y electoral, la reforma a la ley de Planeación y el desarrollo de las Circunscripciones Transitorias de Paz.

En síntesis, la Corte “tumbó” las disposiciones que establecían que los proyectos de ley solo podrían tener modificaciones en el Congreso con el aval previo del Gobierno; los cuales, además, se votarían en bloque y no cada artículo.

La revista Semana resumió de manera concreta los alcances de esta decisión judicial. “El fallo de la Corte Constitucional que limita el ‘fast track’ es manejable en lo jurídico, un gran riesgo en lo político y un golpe mortal para la confianza de las Farc en el proceso de paz”, explicó la citada publicación.

En últimas, como todo fallo de la máxima instancia constitucional tiene un trasfondo político, la incertidumbre que ha generado es muy grande en un país como Colombia caracterizado por su inestabilidad institucional y por prácticas malsanas de su dirigencia que tiene asiento en el Congreso de la República.

En cuanto a las consecuencias jurídicas del fallo hay que señalar que se mantiene vigente la esencia del mecanismo denominado fast track, cuyo propósito es el de tramitar en forma exprés leyes y reformas a la Constitución que estén orientadas a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, este fallo no es retroactivo y por lo tanto aquellas normas aprobadas hasta el momento contempladas en el acuerdo de La Habana no sufrirán modificación alguna. La zozobra que se cierne es en torno a qué va a pasar con el paquete de leyes que está por aprobarse y cuyos temas son decisivos para la implementación del pacto suscrito con las Farc.

Están pendientes para estudio del Congreso, la reforma política y electoral; la ley estatutaria de fortalecimiento de las organizaciones sociales que apunta a descriminalizar la protesta social; el acto legislativo que crea 16 circunscripciones especiales de paz para dar representación a comunidades de 176 municipios que han sido los más afectados por el conflicto armado. También está pendiente la creación del Fondo de Tierras para la Paz que ha encontrado fuerte oposición en los gremios del sector agrícola que se resisten a la democratización de la propiedad rural que en un 63% es informal en el país de acuerdo con las cifras del reciente Censo Nacional Agropecuario del año 2014. Igualmente, resta por aprobar todo el paquete que desarrolla el punto referido al narcotráfico y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Otro de los puntos pendientes es el que tiene que ver con el proceso de reintegración de los excombatientes de las Farc, en el que se contemplan aspectos nodales como la política del Estado colombiano para el desmonte del paramilitarismo y su reintegración económica.

La decisión de la Corte Constitucional se da a solo dos semanas de que se produzca el desarme de más de 7.000 combatientes de las Farc. Esta circunstancia sumada a las dificultades que se han presentado por parte del Gobierno para la implementación del Acuerdo Final, como los incumplimientos en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la lentitud de la aplicación de la amnistía y los retrasos en el Plan Marco de Implementación, en medio además del asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, hace que la situación no solamente sea compleja sino llena de incertidumbre.

Para el exjefe negociador del proceso de paz en La Habana, Humberto de la Calle, el cuadro que muestra el actual momento de la implementación de los acuerdos es preocupante.

“El Gobierno ha señalado que la respuesta a lo ocurrido es solidificar la coalición política, y eso está bien, lo entiendo, pero no minimiza los riesgos de una discusión supremamente tortuosa y envía un mensaje que me parece grave, no solo para la guerrilla sino para la sociedad colombiana porque aquí hay un compromiso ético, y esto es más que jurídico o político. Se hizo un acuerdo con una guerrilla para desarmarla; comienza el proceso de desarme y se está implementando lo acordado. Enviar el mensaje de que la Corte va a revisar o a cambiar elementos centrales de lo que se acordó es un engaño frente al compromiso que tiene el Estado colombiano con el acuerdo de paz. Todo el Estado tiene el compromiso de cumplir con lo pactado, porque fue suscrito con el Ejecutivo, refrendado por el Congreso y siguiendo el lineamiento de la misma Corte Constitucional”, precisó De la Calle en declaraciones al diario El Tiempo.

Por su parte, la columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, dijo que “hoy, con esa tesis de que la paz es un problema eminentemente jurídico, la Corte Constitucional acaba de tumbar la espina dorsal del fast track y abrió la posibilidad de que los congresistas puedan aprobar las reformas sin respetar el espíritu de lo acordado, con lo cual sobra decir que lo firmado en el (Teatro) Colón es prácticamente letra muerta. Mañana, se hará lo mismo con la ley estatutaria, pasado mañana, con la reforma al ordenamiento de la tierra, con la reforma política”.

Por lo pronto, algunos analistas consideran que es imperativo ampliar en 120 días más el proceso de la dejación de las armas por los combatientes de las Farc, así como es inevitable extender los territorios y plazos de las Zonas Veredales para rescatar el anhelo de paz de amplios sectores de la sociedad colombiana.

Las Farc, por su parte, a través de su vocero Iván Márquez, ha anunciado que toda su militancia actualmente concentrada en las zonas veredales se encuentra en asamblea permanente analizando la situación, al tiempo que su máximo comandante, Rodrigo Londoño (Timochenko), ha señalado que ahora el proceso vuelve a estar en manos del presidente Santos, quien tiene la capacidad de liderar al interior del Congreso con sus mayorías parlamentarias la implementación legal de los acuerdos de paz.

En la práctica, lo que resta por desarrollar de dichos acuerdos depende de una nueva negociación en el Congreso de la República que podrá establecer modificaciones a los textos acordados en La Habana y que de manera genérica fueron aprobados por el Congreso ante la victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado.

De esta manera, el escarpado y tortuoso camino de la paz en Colombia sigue su marcha en medio de múltiples tropiezos para superar más de medio siglo de un conflicto que ha destruido el tejido social y ha desestructurado la sociedad de este país. No obstante la actual coyuntura, el Gobierno del presidente Santos está en capacidad de liderar al interior del Congreso de la República las medidas conducentes y los acuerdos políticos que permitan el desarrollo de las leyes que requieren la implementación del acuerdo de paz.

Además, los movimientos sociales y los sectores en Colombia comprometidos con la paz no solo tienen la capacidad de movilización sino que constituyen un elemento clave para monitorear el desarrollo del trámite legal que posibilite la implementación del proceso para el inicio del denominado posconflicto, llamar la atención sobre los inconvenientes y generar alertas tempranas.


Sobre el autor



No se admiten más comentarios

Ir arriba ↑

PAX