Según el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, en un informe publicado en 2018, titulado “Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena”, el caso de El Platanal “es un ejemplo visible de los conflictos que se desataron en la región por el control de las tierras ricas en carbón. Esta vereda fue epicentro de la violencia y terminó siendo una explotación de carbón a gran escala”. En ese sentido, es muy relevante que se haya reactivado la fase judicial del proceso de restitución de tierras de El Platanal, continuando la etapa de pruebas con cinco (5) demandas acumuladas en un solo proceso, lo que les devuelve a las familias despojadas la esperanza de un fallo de restitución a su favor para finales de 2023.
El proyecto de vida campesina en El Platanal
Tras la crisis algodonera que dejó sin empleo a cientos de campesinos y con la esperanza de acceder a un título de propiedad sobre la tierra, entre 1979 y 1985, diecinueve familias campesinas, acompañadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, ingresaron al predio El Platanal, un baldío recuperado por el INCORA en 1967, ubicado en el corregimiento de Casacará, Agustín Codazzi, Cesar.
En esta parcelación las familias organizaron un proyecto de vida campesina, alrededor de cultivos de pan coger y ganadería doble propósito. Augusto Orozco recuerda con nostalgia: “Yo llegué al platanal en 1978, porque compré una parcela, llamada No Hay como Dios. Luego el INCORA me adjudicó esa parcela, me dio los títulos de propiedad y duré viviendo 25 años ahí. Ordeñaba unas vacas y sacaba dos tinas de leche, que vendíamos a 500 pesos el litro y de eso sobrevivíamos”.
Además, en 1983 constituyeron la Junta de Acción Comunal de la vereda El Platanal, como una forma de organización que les permitió impulsar varias iniciativas de beneficio colectivo como la construcción de 5 km de vía y la edificación de una escuela para los niños. Pedro Orozco, una de las víctimas de desplazamiento forzado y quién fue presidente la junta recuerda que “la escuela estaba a nombre de la Junta, y nosotros contratábamos a los maestros para que los niños que estaban ahí se educaran, y para nosotros era un orgullo servir a la comunidad”.
Violencia, despojo y el carbón en el subsuelo como botín de guerra
Sin embargo, la presión de los grupos armados no se hizo esperar. A finales de los años 80 ya era fuerte la presencia del ELN y el frente 41 de las FARC y los campesinos fueron estigmatizados, con mucha más fuerza después del gran paro del nororiente en 1987. Entonces, entrados los años 90, los ganaderos y empresarios del Cesar se articularon con los hermanos Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, para traer el proyecto contrainsurgente al departamento.
Así, la violencia que despojó a los campesinos de El Platanal llegó con los paramilitares, que ingresaron al departamento en 1996, cometiendo asesinatos selectivos, masacres, amenazas, despojo y desplazamientos forzados en zona rural de Codazzi. La mayoría de campesinos se refugiaron en Casacará, pero con el incremento de la violencia a inicios de los 2.000 tuvieron que desplazarse a Becerril, Codazzi o Valledupar. Pedro Orozco advierte que con el desplazamiento vino “la desintegración de nuestra comunidad. El impacto que hemos sufrido es que no tenemos recursos económicos, se truncó la educación de nuestros hijos, no tenemos vivienda, no tenemos salud, no tenemos nada.”
Posteriormente, personas que conocían la existencia de carbón en el subsuelo de las parcelas de El platanal, iniciaron procesos de compra en contexto de violencia y les negociaron los predios a los campesinos por pírricas sumas para luego vendérselas a las compañías mineras a precios mucho más altos de lo establecido en el avalúo comercial. Esta dinámica de despojo esta detallada en el video animado producido por Rutas del Conflicto y Verdad Abierta, con el apoyo de PAX y que se titula “¿Cómo nos quitan la tierra? T2. EP 2. El Platanal: la llegada de una especie multinacional”.
El departamento de tierras de Drummond compró las tierras a los “nuevos propietarios”, a pesar de que, como constató el Portal Verdad Abierta, el 3 de agosto de 2009, Augusto Orozco, un campesino despojado de El Platanal dirigió una carta a un ejecutivo de la empresa exigiéndole abstenerse de cualquier negociación, debido a que esas parcelas serían reclamadas ante la justicia y dejando claro que él había salido por presión de los grupos paramilitares.
Según Juan Velasco, investigador de la Universidad del Rosario, Drummond no hizo la debida diligencia en la compra de tierras “dado que la compañía negoció predios sin triangular la información sobre la tradición de los inmuebles, se valió de una herramienta jurídica como el desalojo —por tratarse la minería de una actividad de utilidad pública— y aprovechó los conflictos intercomunitarios para acceder a tierras a un menor precio”.
El duro panorama de la Restitución de Tierras en Cesar y Guajira
Según Astrid Navarro, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), desde 2012 a la fecha, el 69% de las solicitudes de restitución que han hecho las víctimas fueron negadas. La funcionaria señaló que, de 8.141 solicitudes recibidas, se gestionaron 8.126 y 15 quedaron sin focalización de predios. De las 8.126, se finalizaron 7.057 casos, que dejaron como resultado el inicio de la etapa administrativa de restitución para 2.138 víctimas (26%) y la negación de 4.919 solicitudes (69%). Así mismo, señaló que de las 2.138 víctimas que iniciaron etapa administrativa, se han presentado 1.975 casos ante los jueces y se han resuelto 709 sentencias (8,7% del total de las solicitudes), la mayoría a favor de las víctimas.
El duro panorama de la restitución de tierras en la región ya había sido advertido en 2018 en un informe de investigación: Restitución de Tierras en el Cesar, más papel que realidad, publicado en el portal Verdad Abierta. En una breve reseña que hizo PAX sobre el informe, se concluyó que los avances eran mínimos, y la situación se caracterizaba por un altísimo número de campesinos sin restitución, “contadas sentencias de restitución, procesos estancados o perdidos en los juzgados competentes, líderes asesinados, amenazas, miedo y mucha frustración”.
En ese sentido, la nueva administración está “revisando muchos de esos casos que fueron negados y nos estamos focalizando en la población adulto mayor que son cerca de 1.700 de las 4.919 personas que recibieron una negativa”. Sin embargo, la funcionaria advirtió que no cree que las revisiones se hagan en estos cuatro (4) años, argumentando que “el proceso debería salir en un año o año y medio, pero hay casos que han durado hasta 3 años por factores como el orden público, el temor de la víctima que no se atreve a ir a la visita predial”.
La esperanza de un fallo de restitución para los campesinos de El Platanal.
Según Julián Buitrago, allegado a los parceleros de El Platanal e investigador de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, con ocasión de la presentación de las cinco solicitudes de restitución de tierras radicadas desde el año 2015, el Juez debía resolver las solicitudes de acumulación procesal que las diferentes partes del proceso presentaron, circunstancia que había suspendido el avance del proceso significativamente.
Según Buitrago, el proceso judicial, en el que la multinacional Drummond es la opositora principal, se reactivó luego de que el 17 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo ordenó retomar la etapa probatoria y dar continuidad a la práctica de las pruebas que faltaban por realizar. En este sentido, los días 12, 13, 17, 18 y 20 de abril de 2023 se realizaron las audiencias para la práctica de testimonios e interrogatorios de parte. Y en la segunda semana de mayo de este año, se realizó una inspección ocular en el predio ‘Nueva Era’ y ‘Parcela No. 7’, actualmente propiedad de Drummond Ltda.
Según Augusto Orozco “algunos campesinos y campesinas que sufrieron la violencia sobrevivieron a ella y en parte se enfermaron por el desplazamiento forzado, han muerto esperando la restitución”. Otras personas, ya están en avanzada edad y sueñan con ver la restitución de tierras antes de morir, como es el caso de don Libardo, que tiene 80 años y espera que sus hijos y nietos disfruten de la lucha de toda su vida: la tierra.
Y es que ya son más de 20 años esperando justicia, pues los hechos de violencia y despojo ocurrieron entre 1996 y 2004. También han pasado cerca de ocho (8) años desde que se instauró la primera demanda en 2015, sin que a la fecha se haya emitido un fallo de restitución que aporte en la recuperación de la dignidad campesina y el proyecto de vida de estas 17 familias.
Teniendo en cuenta que sobre las parcelas hubo intervención de la Drummond, bien sea para disponer ese terreno como botadero o bien sea por la actividad extractiva de carbón, la mayoría de los predios no son objeto de restitución material. Por esta razón, Pedro Orozco, reclamante de tierras de El Platanal, e integrante de la Asociación de Víctimas de El Platanal – ASOVIPLAT expresa con ilusión: “Ojalá nos pudieran poner en un lugar donde todos estuviéramos agrupados, para tener una nueva asociación como la que teníamos allá y estar unidos, y trabajar los bienes sociales de la comunidad”.
PAX confía en que se haga justicia y pronto se profiera un fallo de restitución de tierras que dignifique la vida de los campesinos desplazados y aporte en el proceso de restablecimiento de sus derechos.
