Las empresas europeas de energía han contribuido a las violaciones de los derechos humanos en Colombia. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe de SOMO, el Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales, que opera en Ámsterdam, Países Bajos. Inicialmente, las empresas energéticas estaban ‘vinculadas’ a las violaciones por su relación comercial, pero “según este nuevo análisis, basado en las normas internacionales de Conducta Empresarial Responsable, también contribuyeron a las violaciones, dado que estas empresas sabían de los abusos desde hace años y, sin embargo, siguieron comprando carbón al Cesar sin realizar ninguna contribución significativa para mejorar la situación de las víctimas”, afirma Joris van de Sandt, coordinador para América Latina de PAX.
En las décadas de 1990 y 2000, el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, fue escenario de graves violaciones de los derechos humanos a manos de grupos paramilitares, como asesinatos selectivos de líderes, masacres y desplazamientos forzados. En el mismo periodo, dos multinacionales mineras -la estadounidense Drummond y la suiza Prodeco, subsidiaria de Glencore- iniciaron y ampliaron sus operaciones en la zona, suministrando carbón del Cesar a varios proveedores de energía europeos. En diciembre de 2020, la Fiscalía colombiana acusó al actual y al anterior presidente de la filial colombiana de Drummond de complicidad en crímenes de lesa humanidad.
Los abusos sufridos
En febrero de este año, Glencore anunció su renuncia a los cinco titulos mineros en el Cesar, lo que significaría el final de las operaciones mineras de Prodeco en la zona. A pesar de que en principio el Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM) había rechazado dicha entrega; en días pasados reversó la decisión, aceptando la devolución de tres de ellos. La situación ha causado una gran preocupación entre las víctimas de las violaciones de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales que las acompañan, pues consideran que las empresas mineras son parcialmente responsables de los abusos que sufrieron y señalan que la mayoría de las comunidades afectadas no han recibido ningún tipo de reparación hasta la fecha. Ante el anuncio de la salida de Prodeco, temen que las empresas abandonen el Cesar sin haber contribuido a una reparación significativa.
No sólo vinculado, sino contribuyendo
Enfocándose en la situación en el Cesar, SOMO analiza las violaciones en torno a las minas de carbón colombianas aplicando los marcos de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos de la ONU. El informe, que se basa en las conclusiones del escrito de acusación de la Fiscalía colombiana y en diferentes informes sobre el caso, entre otros “El lado oscuro del carbón” de PAX, realiza el análisis público más detallado hasta la fecha sobre cuándo y cómo una empresa pasa de estar “directamente vinculada” a las violaciones de los derechos humanos a “contribuir” a los abusos.
El informe sostiene que las empresas europeas de energía, como RWE, EnWB, Uniper, Enel y Vattenfall – empresas que compraron “carbón de sangre” del Cesar durante muchos años – deberían haber sabido, al menos desde 2017, que las empresas mineras han estado contribuyendo a los graves impactos actuales sobre los derechos humanos y que no había ninguna perspectiva creíble de que la continuación del compromiso condujera a mejoras para realmente abordar estos impactos. Incluso, en el 2017, Vattenfall llevó a cabo una misión de investigación en la región, estableciendo claramente los impactos negativos (indirectos) de la minería del carbón sobre los derechos humanos.
Una responsabilidad histórica
“Las empresas europeas de energía son corresponsables de las violaciones según las normas internacionales con respecto a la Conducta Empresarial Responsable (RBC) y la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos”, afirma Joris van de Sandt. “Desde 2017 han tenido el tiempo para actuar, pero no lo han hecho. Las empresas de energía deben ayudar a remediar los impactos negativos. Las comunidades desean que las empresas creen o inviertan dinero en un fondo comunitario en beneficio del desarrollo económico y la reconstrucción de las comunidades desplazadas; por ejemplo, para becas para las y los hijos de las víctimas y familiares de la violencia en la región minera. Tienen una responsabilidad histórica que no desaparece cuando, de un día al otro, dejan de utilizar el carbón de sangre del Cesar”.
‘Responder al llamado de las víctimas’
Joris van de Sandt: “Empresas de energía como RWE y Uniper, afiliadas a Bettercoal junto con otras empresas de energía, dicen en su defensa que están comprometidos a mejorar la situación en el Cesar, principalmente en el ámbito de la seguridad, las condiciones laborales y el medio ambiente. Esto es positivo, pero no responde al reclamo de las víctimas para obtener la verdad, el reconocimiento y la reparación en relación a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la época de la violencia paramilitar.”
