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Publicado el 22 julio 2017 | por Fernando Arellano

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En 2017 han sido asesinados 15 dirigentes sociales en el Cauca

Según denuncia suministrada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, en lo que va corrido de 2017 han sido asesinados 15 líderes sociales en el Cauca, constituyéndose este departamento del occidente del país en el más peligroso para la actividad de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

La situación de seguridad de los líderes sociales del Cauca se agrava cada día y según organizaciones de derechos humanos, hasta el momento no se ha implementado ningún mecanismo por parte de las autoridades competentes que impida que líderes y lideresas sigan siendo asesinados y amenazados. El caso más reciente fue el asesinato del líder afrodescendiente, Héctor William Mina, y la posterior intimidación de la que fue parte su hijo, Andrés Mina.

Los asesinatos y amenazas en el Cauca, según el Ministerio del Interior, se presentan en su mayoría por la oposición a las actividades de extracción minera. De igual forma, la Red de Derechos Humanos estableció que en ocasiones los asesinatos se dan contra miembros de los mecanismos para la protección de la soberanía e independencia de los territorios como la Guardia Cimarrona.

Para Deivin Hurtado, miembro de citada Red, “en el Cauca han ingresado grupos ilegales que quieren asegurar el control territorial”. Así mismo, afirmó que en municipios como Caloto y Corinto, “las amenazas a través de panfletos y grafittis dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares en la región pues sus mensajes son alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

En efecto, los panfletos que se distribuyen con el objetivo de3 intimidar a la población están suscritos por las Águilas s Negras y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Además, las autoridades denuncian que en el municipio de Morales están apareciendo hombres armados con distintivos del EPL y en Caloto y Toribio del ELN. El interés es por la dominación del territorio con el propósito de controlar los cultivos de coca en la región.

Ante hechos como estos, las organizaciones sociales han rechazado afirmaciones como las de la Fiscalía General de la Nación, cuyos voceros han señalado que la cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos está en descenso.

 

 


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