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Homenaje a sindicalistas asesinados: 17 años de impunidad
Familiares, compañeros y representantes de diversas organizaciones se dieron cita en Valledupar para rendir un homenaje a sindicalistas asesinados por paramilitares en esta región. El acto sirvió además, para recordar que los autores intelectuales de estos crímenes siguen impunes y que las amenazas al movimiento sindical, no cesan.
Con un cálido y sentido aplauso en lugar de un minuto de silencio, esposas, hijos, hermanos, compañeros sindicalistas y representantes de organizaciones rindieron homenaje a Valmore Locarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya, Cándido José Méndez Cochero, Manuel Enrique Charris Ariza y demás sindicalistas asesinados en los años más cruentos de la violencia paramilitar en la zona minera del Cesar.
A este acto que rememoró la desaparición violenta de estos líderes y defensores de los derechos humanos, asistieron además, representantes de organizaciones nacionales e internacionales como PAX de Holanda y MISEROR de Alemania, entidades que vienen acompañando a las víctimas que ha dejado la violencia en la zona minera del Cesar.
En su intervención, la viuda del sindicalista asesinado Víctor Hugo Orcasita, Elisa Almarales, le recordó a quienes ordenaron y ejecutaron los asesinatos, que “las ideas de los que se fueron están vivas para la posteridad del movimiento sindical, y que la lucha continua aunque caigan muchos”. Sus palabras reivindicaron la trascendencia que tuvo el trabajo de estos líderes asesinados a quienes calificó de “íconos contemporáneos del sindicalismo regional”, hombres que demostraron un coraje y una convicción no exenta de peligros y dificultades para un tiempo en que ser sindicalista podría significar morir a manos de matones a sueldo.
La orden: aniquilar el movimiento sindical minero
Ese 12 de marzo de 2001, un grupo de trabajadores de la multinacional minera Drummond se trasladaba, como era habitual, a la ciudad de Valledupar, cuando fueron interceptados por un comando fuertemente armado del Frente Juan Andrés Álvarez de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los paramilitares, separaron del grupo a Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, Presidente y Vicepresidente de Sintramienergética y en frente de sus compañeros, asesinaron al primero, mientras que al segundo lo secuestraron. El cuerpo sin vida del sindicalistas fue encontrado, unas horas después, en el corregimiento de Loma Colorada, del municipio de Bosconia en el departamento del Cesar.
Este doble asesinato se sumó al de otro líder sindical que un mes antes, en la madrugada del 19 de febrero de 2001, moría a manos de paramilitares que llegaron a su residencia ubicada en el Cruce de Chiriguaná. Cándido José Méndez Cochero fue asesinado delante de su esposa y sus hijos menores.
La sevicia de los autores intelectuales y materiales de estos crímenes no paró allí. El 11 de julio de 2001, en Soledad (Atlántico), fue asesinado Manuel Enrique Charris Ariza, directivo sindical del municipio de Ciénaga y el 7 de octubre del mismo año, el cuerpo de Gustavo Soler Mora, quien había asumido la presidencia de Sintramienergética, en reemplazo de Valmore Locarno, era hallado sin vida en la vía que conduce de La Jagua al corregimiento de Rincón Hondo en el departamento del Cesar.
La búsqueda de justicia, verdad y reparación
En los largos procesos judiciales que se han adelantado por estos crímenes, se han emitido siete sentencias que han condenado a quienes apretaron el gatillo, pero la autoría intelectual sigue impune. En ese sentido, representantes del Colectivo José Alvear Restrepo, organización que lleva el proceso judicial, anunciaron que en los próximos días la Fiscalía General de la Nación debe emitir un fallo que definirá la responsabilidad del entonces gerente de relaciones con la comunidad de la Drummond, señor Alfredo Araujo
En la circunstancia de que el proceso sea archivado, las abogadas fueron enfáticas en decir, que se apelará a las cortes colombianas o sí es del caso, se llevará el proceso ante instancias internacionales para que se determine, ya no solo la responsabilidad de miembros de las empresas en estos crímenes, sino también, el papel que jugó el Estado en este exterminio del movimiento sindical minero del Cesar.
PAX hace un llamado al estado colombiano para que agilice las investigaciones y para que actúe con prontitud, con el fin de parar las amenazas contra miembros de los sindicatos mineros del Cesar en una persecución que aun no termina. El Estado colombiano debe garantizar, como se hace en cualquier país democrático, la organización y la lucha sindical.
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