Durante el conflicto armado, el departamento del Cesar vio como las grandes compañías mineras y del sector agrícola prosperaron mientras se cometían graves violaciones a los derechos humanos. Estas compañías ahora deben evaluar su rol durante ese periodo y cumplir con las reparaciones de acuerdo con los estándares internacionales de empresas y derechos humanos. Todo esto en el marco del proceso de paz.
Estas son algunas de las conclusiones de una investigación recientemente publicada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, titulada: Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. El documento se enfoca en el impacto que tuvo en los derechos humanos, la minería de carbón a gran escala y las industrias agrícolas en el contexto del conflicto interno en el departamento del Cesar. Es una importante contribución a la verdad y, por ende, a la construcción de paz en una región fuertemente golpeada por la violencia.
Esta investigación expone como el crecimiento de la minería coincidió con la llegada de paramilitares de las AUC, que aterrorizaron la región entre 1996 y 2006. Muchas comunidades, frecuentemente beneficiarias de la reforma agraria, fueron despojadas de sus tierras; tierras que más tardes fueron vendidas a precios por debajo del mercado a grandes terratenientes y empresas. Aunque el énfasis de la investigación es sobre el papel activo que jugaron las élites y los empresarios locales en la escalada violenta, también muestra que las empresas mineras en la región no hicieron suficiente para prevenir las atrocidades que ocurrirían. Más aún, la investigación cuestiona la aplicación de la debida diligencia de las empresas a la hora de comprar tierras, resultando en la revictimización de comunidades que ya habían sido desplazadas por la violencia. Esto es especialmente cierto ya que Cesar cumple con características como tener “zonas de conflicto [con] débil gobernabilidad […] en las que son frecuentes las incongruencias en las políticas públicas o de funcionarios estatales para atraer inversión nacional o extranjera, en menoscabo de los derechos humanos y la construcción de paz.”
Esta investigación expone también la situación actual, evidenciando que los problemas de derechos humanos de la región están lejos de ser resueltos. La restitución de tierras de las miles de víctimas de desplazamiento forzado ha sido bloqueada por intereses opuestos del gobierno nacional y las élites locales, quienes promueven el desarrollo agroindustrial y la minería a gran escala. Paralelamente, los líderes sociales por la restitución de tierras están siendo amenazados por nuevos grupos armados ilegales. Igualmente problemático es que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no ha ayudado a aclarar la motivación de los paramilitares para matar y desplazar forzosamente a los campesinos.
La investigación concluye: “las multinacionales y otros actores económicos deben evaluar los pasivos en materia de derechos humanos de sus antecesores y/o de ellos mismos, con el fin de remediarlos y repararlos a la luz de los estándares internacionales de empresas y derechos humanos y derechos de las víctimas.” Joris van de Sandt, Coordinador General del programa para América Latina de PAX, dice sobre la publicación: “El proceso de paz ha llevado esperanza a Colombia, pero la sostenibilidad de la paz territorial solo es posible si se construye una narrativa honesta y balanceada sobre el pasado. Esta investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica es una valiosa contribución a la verdad y esperamos que las empresas mineras y otros actores influyentes la reciban así. Esto puede constituir el comienzo de un diálogo directo con comunidades de víctimas sobre cómo abordar el pasado para construir un mejor y pacífico futuro en la región”.
El informe Tierra y Carbón en la Vorágine del Gran Magdalena fue publicado el lunes, 10 de diciembre de 2018 por el Centro Nacional de Memoria Histórica y puede ser descargado aquí.