Por Jairo Gómez
Más allá de su lucha ancestral, los pueblos indígenas del departamento de Cauca no están dispuestos a perder su jurisdicción indígena para ajustar cuentas con los guerrilleros comuneros o aborígenes que por motivo del acuerdo de paz, se reincorporen a la vida civil.
Son derechos adquiridos y amparados no solamente en la Constitución Política, sino en sentencias de la Corte Constitucional que avalan la preeminencia que sobre los indígenas tienen las autoridades étnicas o gobernadores para aplicar su justicia ancestral.
Hoy los 122 cabildos indígenas del Cauca están en proceso de diseñar una Ruta Jurídica que les permita definir cómo va a ser el tratamiento diferencial con los guerrilleros pertenecientes a sus comunidades que están en proceso de reincorporación a la vida civil.
Aunque las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas –ACIN- aún no han discutido con el Gobierno y las Farc los alcances de la Justicia Especial de Paz (JEP), la ACIN sí tiene claro que el objetivo es definir los pormenores de la jurisdicción de paz respecto de los aborígenes que fueron a engrosar las filas guerrilleras.
“El gobierno convocará a jueces de la República para formar el Tribunal de Paz, pero de nuestros jueces indígenas que son nuestros gobernadores no se habla”, argumenta Feliciano Valencia, un líder Nasa sobre el cual hoy pesa una investigación judicial por violencia intrafamiliar y está a la espera de un fallo del tribunal de casación.
Y es que definir el ámbito de las competencias no va a ser fácil, sin embargo para los indígenas es ineludible la responsabilidad que deben asumir sus tribunales para levantar un juicio en contra de quienes abandonaron las comunidades para enrolarse en organizaciones guerrilleras.
Es motivo de preocupación, incluso, la reincorporación de los indígenas que abandonen las filas guerrilleras para arroparlos una vez dejen las armas, pues la formación ideológica que asimilaron durante su permanencia en el movimiento insurgente no se va a modificar sin antes poner en práctica una tarea de inducción que los vuelva a sus orígenes. Es una evidente intranquilidad en los foros realizados por la Guardia Indígena (GI) en el que se discutieron temas gruesos como el de cuál va a ser el tratamiento a los comuneros que, desde las filas de la insurgencia, mataron hermanos de sangre.
“Esa es una inquietud que hay que mirar detenidamente, porque es importante pensar cómo van a reaccionar nuestras familias frente al comunero que asesinó a uno de sus hermanos. Ellos nos hicieron daño”, dijo uno de los delegados de la GI.
Claro, como víctimas están obligados a hacerse esa reflexión y a su manera los indígenas quieren asumir la autónoma responsabilidad de castigar o perdonar a sus hermanos de sangre. Es una dicotomía difícil de superar pero, al mismo tiempo, real.
Según Valencia la JEP tiene definida la forma y los alcances para aplicar la Justicia Transicional, pero no dirime las competencias con la jurisdicción ancestral. “Nosotros debemos tener claro que nuestros hermanos tienen un fuero indígena y a partir de allí es que podemos atender cómo será el proceso de reincorporación a la comunidad”, explicó Valencia.
El ambiente al interior de la comunidad indígena del Cauca es tenso y de ahí se desprende la necesidad de, a través del diálogo, aclarar los alcances de la Justicia Especial para la Paz y sus repercusiones en la aplicación de la Justicia Transicional, instancia en la que se van a dirimir los fallos condenatorios o absolutorios de los combatientes militares, guerrilleros y civiles.
“De vuelta a casa”
Asunto álgido el de la reincorporación si se le mira desde la perspectiva de los niños indígenas que están en las filas guerrilleras y que hoy las autoridades ancestrales reclaman que les sean devueltos a la comunidad. Igual ocurre con los cabildos que demandan un regreso sin restricciones de los adultos comuneros que quieren regresar a sus familias.
En el caso de los menores de edad en las filas guerrilleras no hay cifras concretas de cuántos pueden estar en poder del grupo insurgente; para los miembros de la Guardia Indígena los cálculos rondan el guarismo de más de cien niños y niñas, sin embargo admiten que “nadie se atreve a dar cifras exactas. Ni ellos ni nosotros, pero creemos que superan el centenar”, complementa Mauricio Capal Lectamo, un instructor indígena de los cabildos del Norte.
“De todas maneras –agrega- estamos en la tarea de diseñar un acompañamiento que implica recomponer lazos comunitarios que se han roto por el flagelo de la guerra cuando estos niños fueron reclutados. Es importante que las Farc en este momento nos digan cómo nos van a devolver a nuestros niños”.
“De Vuelta a Casa”, es la estrategia que hoy se socializa en las comunidades representadas en los 122 cabildos en el Departamento del Cauca. La agreste montaña que caracteriza esta región del suroccidente del país dificulta el proceso de reincorporación que los indígenas esperan que se facilite cuando los guerrilleros estén en las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN).
Para los indígenas caucanos es de vital importancia que las Farc hagan saber a las comunidades sobre campesinos, afrocolombianos e indígenas en sus filas para comenzar a diseñar estrategias de recuperación emocional de manera individual, porque se advierte que esos son procesos comunitarios de mediano y largo plazo. “El tejido social no se reconstruye de la noche a la mañana”, sintetiza Capal Lectamo.
El reto de la implementación
La implementación es el reto en un territorio en el que se conjugan múltiples fenómenos de violencia que no necesariamente tienen que ver con la lucha armada. Además de las actividades ilícitas, los rescoldos del despojo de tierras siguen presentes. Es un asunto que las leyes sobre víctimas y de restitución de tierras deben resolver, pero igual en el capítulo agrario del Acuerdo Final se le reconocen los derechos a las cientos de familias desplazadas y despojadas de sus fincas y territorios.
En este aspecto, Feliciano Valencia es contundente: “El traslape jurisdiccional en asuntos territoriales es inaceptable. Se nos metieron gobierno y Farc sin siquiera consultarnos nuestra opinión. Solo nos tuvieron en cuenta ahora que vino el presidente de Francia y nos llamaron para que apoyáramos con los sistemas de seguridad”.
La Guardia Indígena reforzó el argumento de Feliciano, al advertir que a estas alturas las comunidades no saben qué va a suceder en materia de cultivos ilícitos, las políticas de sustitución y narcotráfico. “De nada nos sirve -dijo un Guardia Indígena- una implementación que no nos consultan”.
La molestia se evidencia cuando los aborígenes cuestionan el desorden institucional con que se viene manejando el posconflicto y la falta de una interlocución más fluida para conocer o definir programas que permitan superar, por ejemplo, los efectos del narcotráfico en la región.
Las etnias y el acuerdo de paz
Los reclamos de los indígenas y afrocolombianos finalmente tuvieron eco en La Habana, tras decidir Gobierno y Farc incluir, a última hora, el capítulo Étnico. A partir de este reconocimiento se estableció que los pueblos ancestrales son clave a la hora de construir una paz sostenible y duradera y, explícitamente, se destaca su “contribución al progreso, al desarrollo económico y social del país”, tras haber sufrido condiciones “históricas de injusticia producto del colonialismo, la esclavitud, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos”.
De acuerdo con el pacto de paz suscrito el pasado 26 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, quedó el compromiso en materia de Reforma Rural Integral (punto uno del acuerdo), de garantizar la perspectiva étnica y cultural con base en la seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente.
“Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras: se incluirá a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos”, reza taxativamente el acuerdo en el punto sobre las etnias.
Según el acuerdo final el diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes.
En este proceso, que tiene que ver con la implementación del Acuerdo Final, PAX HOLANDA entra a jugar un papel importante, como quiera que después de más de diez años de acompañamiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el departamento del Cauca, la necesidad de realizar seminarios y talleres como métodos de pedagogía para la compresión plena del documento que hoy rige la paz en Colombia.
En camino la implementación, los indígenas del departamento del Cauca reclaman una preparación más profesional y que esa capacitación sirva para hacer escuela entre las comunidades ancestrales para comenzar a dirimir, de acuerdo con sus costumbres y cultura, una nueva realidad que les plantea el posconflicto.
