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Investigación confirma que la restitución de tierras en el Cesar, está más en el papel y lejos de ser resuelta
Un altísimo número de campesinos sin que se les haya devuelto sus tierras, contadas sentencias de restitución, procesos estancados o perdidos en los juzgados competentes, líderes asesinados, amenazas, miedo y mucha frustración son las principales conclusiones que arroja la investigación realizada en el Cesar por el portal periodístico VerdadAbierta.com
A través de decenas de entrevistas hechas a seis comunidades afectadas por el despojo de sus predios, además de una amplia revisión documental de información oficial y jurídica y de interponer derechos de petición a las autoridades, el equipo periodístico logró comprobar que la restitución de tierras en el Cesar, está más en el papel y lejos de ser resuelta. Una realidad que contradice el hecho de haber sido el Cesar, uno de los primeros departamentos priorizados para la aplicación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por su elevado número de víctimas y por haber sido microfocalizado para documentar los casos y enviarlos a juicio.
Durante años, las verdades de los campesinos despojados y desplazados de esta región fueron ignoradas hasta que comenzaron a coincidir con las relatadas por paramilitares desmovilizados de los frentes que entre 1996 y 2006 controlaron esa zona del Cesar. El enorme despojo de tierras ocurrido en este departamento del norte de Colombia, comenzó a tener rostros de victimarios y víctimas y a configurar un rompecabezas que, con la promulgación de la Ley en el 2011, comenzaba a armarse. Un entramado de violaciones de los derechos humanos que las víctimas esperan, sea completado por las instituciones de la actual justicia transicional.
La Ley de Víctimas estableció la Unidad de Restitución de Tierras cuyo mandato “es llevar, a nombre de las víctimas, las solicitudes o demandas de restitución ante los Jueces y/o Magistrados de Restitución de Tierras y, en el caso que no sea posible la restitución, y previa orden judicial, compensar a la víctima y a los terceros de buena fe exenta de culpa”. La URT comenzó a documentar los casos de despojo y desplazamiento que debían culminar con procesos de restitución, no solo de los predios usurpados, sino de todos los derechos vulnerados. La esperanza en recuperar las tierras perdidas a manos de los violentos y de lograr una reparación integral, renació entre miles de campesinos del Cesar. Sin embargo, han pasado 7 años y para la gran mayoría de víctimas en esta región, la restitución y la reparación siguen varadas en alguna oficina o juzgado y sobrevive sólo en el papel. Además, el registro de solicitud de restitución de tierras se cerró hace pocas semanas y a la ley, solo le quedan tres años de vigencia y pocos recursos para hacer realidad, la restitución y la reparación integral en esta región del país.
Comunidades unidas por un despojo y una desidia similar
La investigación periodística se realizó en seis comunidades de la zona centro y norte del departamento del Cesar: El Toco y El Caimán el municipio de San Diego, El Topacio en Becerril, la vereda Entre Ríos en El Copey, El Platanal en Agustín Codazzi y Pacho Prieto en Chiriguaná. Para Ivonne Rodríguez, investigadora responsable de este trabajo, uno de los aspectos que pudieron constatar, “es que las historias están conectadas no solo por los tiempos del conflicto, sino también por los actores que participaron en estos hechos; con actores no solo estoy hablando de grupos armados, sino también de particulares, de empresarios, de ganaderos que tuvieron que ver con estas violaciones”. La documentación muestra cómo muchos de los predios de estas comunidades, terminaron en las manos de multinacionales quienes les compraron a comisionistas, los que, a su vez, les negociaron a los campesinos sus tierras por un precio irrisorio. Destacable resulta la carta enviada por varias familias de la comunidad de El Platanal del municipio de Codazzi a la empresa Drummond, alertándola sobre la verdad que rodeaba estas tierras despojadas violentamente, y solicitándole que se abstuviera de comprarlas.
Previo al recorrido realizado por las diferentes veredas y sitios donde hoy viven, muy precariamente, los campesinos despojados de estas 6 comunidades, se realizó un rastreo minucioso de los documentos públicos existentes sobre los casos de restitución de tierras en esta zona del Cesar. Lo allí encontrado, complementa las historias contadas a través de los documentos guardados celosamente por los campesinos y que son un verdadero tesoro probatorio de lo que allí aconteció: “ellos conservan la resolución del Incora, el papel de Cámara de Comercio de constitución de las Juntas de Acción Comunal, la certificación de desplazamiento; los folios de matrícula y un montón de cartas que han enviado al Gobierno. Esos documentos son supremamente valiosos, porque incluso cuando uno los pide vía derecho de petición, muchas veces las instituciones ni los tienen”, cuenta Rodríguez.
Las 45 entrevistas realizadas a parceleros despojados develaron también otra realidad dolorosa como es la revictimización que han sufrido muchos de los reclamantes, tal y como se lo denunciaron los campesinos a la periodista: “varios de ellos no saben leer ni escribir y creen que los funcionarios se aprovecharon de eso para hacer cambios en las solicitudes de reclamación”.
El agujero negro en el que se ha convertido los trámites administrativos que se adelantan por restitución de tierras en este departamento, el poco acceso a la información y la dilación de los procesos judiciales, entre otros, ha llevado a que muchos de los campesinos terminen desistiendo de su reclamo o aceptando una transacción desventajosa.
“Lo que a uno le cuentan en el terreno es que la gente se cansa de reclamar y el opositor de la tierra se acerca y le dice: – lleguemos a un acuerdo, yo le doy tantos millones usted se va y no vuelve a reclamar y me firma un documento -, esos acuerdos se dan en condiciones muy desequilibradas, porque por lo general son víctimas que están muy mal, que vivieron la guerra por muchos años y que tiene enfrente a una persona o una empresa que tiene una alta capacidad económica y asesoría jurídica”. En estos casos, se trata de desistimientos expresos, que también se suman a los tácitos: “la URT llama a una familia para notificarla, llaman, una, dos, tres veces y si no contesta nadie, entonces lo consideran desistimiento tácito y los sacan del registro. Eso es lo que cuenta la gente, pero probarlo es muy difícil”. Esto demuestra que los mecanismos establecidos por la ley están lejos de contemplar la precaria situación en la que, por años, han vivido las víctimas de la guerra para quienes tener un teléfono puede ser un lujo.
Otro aspecto importante que saca a la luz la investigación, es que no ha habido una política clara y decidida por parte del Estado de buscar a las víctimas de despojo y desplazamiento para restituirlas y repararlas y hacer cumplir la ley: “el que no llegó a reclamar se quedó por fuera y no hay un esfuerzo por parte de las instituciones para buscar a los despojados o de convencerlos para que formalicen o no desestimen su reclamación”, cuenta Rodríguez a quien los parceleros le confesaron que algunos compañeros no quieren seguir reclamando porque tienen miedo ante las amenazas que en los últimos meses, se han recrudecido en la región.
En el 2011 con la Ley de Víctimas, los campesinos sintieron que por fin el Estado y el Gobierno reconocía su despojo y los respaldaba en los reclamos de sus tierras, con el pasar del tiempo, el miedo comenzó a desplazar a la esperanza, producto de las amenazas y el asesinato de líderes de restitución de tierras. Así pasó con Edilberto Cantillo Meza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entre Ríos del municipio de El Copey, asesinado en su casa el 4 de febrero de 2017. Para esa fecha, era el tercer líder social asesinado en Cesar en lo que iba de ese año.
Morirse justificando que son víctimas y sin alcanzar la restitución
A la larga lista de negligencias, dilaciones injustificadas y revictimizaciones se suma el que los campesinos despojados tienen que demostrar una y otra vez que son víctimas. Es increíble que después de toda la documentación oficial existente, de las pruebas que tienen en sus manos, de los testimonios de los mismos victimarios, aún tienen que justificarle a Colombia y al mundo, que ellos sí son víctimas.
Los cientos de parceleros de esta región del país llevan más de 20 años en la lucha por la restitución de sus tierras y por saber por qué los desplazaron violentamente de sus predios y quiénes son los responsables. “A pesar de la montaña rusa de emociones en la que han estado”, comenta Ivonne Rodríguez, “todos ellos están convencidos de que en algún momento van a poder volver a sus tierras”. Lo doloroso, es que en comunidades como El Toco y El Caimán muchas personas se han muerto sin ser restituidas. “Muchas víctimas lo dicen”, continua Rodríguez, “mi mamá se enfermó de tristeza, de tener que vivir en una pieza, en un barrio cuando ella estaba acostumbrada al campo. Será por eso, que en las casas o piezas donde viven en condición de desplazamiento, estos campesinos natos, intentan recrear así sea en unos pocos metros cuadrados, con una que otra gallina, una mata de plátano, perros, gatos, ese campo perdido”.
Toda una generación de campesinos colombianos que se está muriendo sin que el Estado y la sociedad les devuelva lo que una guerra librada y atizada por otros, les arrebató.
Un obstáculo más: el miedo a ser asesinados
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