La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir (Accrtbv) fue reconocida como víctima del conflicto armado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este reconocimiento abre las puertas para que quienes integran la Asamblea puedan participar activamente del proceso judicial que está llevando a cabo el tribunal de paz en el caso 08. En este se investigan los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
El campesinado de la Accrtbv podrá intervenir en las audiencias y presentar pruebas para el esclarecimiento de los hechos victimizantes cometidos en su contra entre los años 2000 y 2002, principalmente el despojo de tierras. Además, podrán acceder a la restitución de tierras como un derecho que les fue vulnerado por parte de grupos paramilitares, actores estatales y terceros civiles. Este es un paso significativo en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado colombiano.
La acreditación de la Sala de Reconocimiento de la JEP se da dos años después de que la Asamblea, integrada por 15 comunidades, presentara el informe “Destrucción de pueblos campesinos en la Cuenca del Río Cesar” ante el tribunal de paz. En el documento de 296 páginas se relatan las violaciones masivas a los derechos humanos y se demuestra que hubo un éxodo masivo del campesinado, lo que afectó la forma de vida y sociabilidad campesina de los territorios: Concordia, Platanal, Toco, Topacio y Caimán en el Cesar.
Desde el año 2021, la Accrtbv participó en dos ampliaciones del informe en octubre de 2022 ante la JEP. En la primera, se escuchó a la juventud sobre cómo las dinámicas de violencia se ven reflejadas en su generación. La Corporación Juvenil Campesina del Cesar acompañó esta etapa.
En la segunda ampliación, se buscó identificar los daños generados en el territorio de las comunidades y se abordó la privación del acceso a los medios de vida: quema de cultivos, suspensión de medios de agua, hurto de ganado, despojo de tierra y desplazamiento, entre otras acciones que disminuyeron la posibilidad de sustento de vida. Por lo tanto, en el informe se le solicitó a la JEP que considere al territorio como víctima, basados en decisiones previas del tribunal de paz como el caso del “Gran territorio Nasa de la Cxhab Wala Kiwe”.
Se espera que tras la acreditación de la organización, se pueda construir de forma integral la verdad histórica de lo sucedido durante el conflicto armado en el territorio, se conozcan los nombres de los responsables que participaron de manera directa o indirecta en la guerra, y se avance en los procesos de reparación de las víctimas y reconciliación en la región.
¿Cuál es la labor de la JEP?
La JEP es un tribunal creado con el fin de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Es el ente jurídico del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), que surgió del Acuerdo Final de Paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano en 2016.
A diferencia de la justicia ordinaria, la JEP se enfoca en garantizar los derechos de las víctimas, investigar las relaciones entre los distintos actores armados; los patrones de macrocriminalidad; el contexto en el que se dieron los hechos graves y representativos del conflicto armado en Colombia; las causas y las afectaciones, así como si estas dinámicas se han transformado transformaron y aún persisten.
Sobre el caso 08
Este caso fue abierto por la JEP en agosto de 2022 con el objetido de investigar y establecer la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en crímenes cometidos por estos o por su participación en las acciones de los grupos paramilitares. Dentro del caso, se priorizaron cinco zonas del país: Gran Magdalena (Cesar -La Guajira – Magdalena); Montes de María; Ariari – Guayabero – Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.
Hasta el momento se han sometido 2.840 presuntos responsables y se estima que el universo provisional víctimas es de 72.792 personas. Se espera que con este caso se contribuya de forma significativa a las garantías de no repetición y se logre conocer las motivaciones de estos crímenes desde las perspectivas personales, territoriales e institucionales.
