Hasta la Corte Penal Internacional de La Haya llegaron centenares de personas desde diferentes lugares de Europa, con el fin de denunciar el asesinato sistemático de líderes en Colombia y entregar material probatorio que busca que el tribunal internacional investigue los crímenes.
Durante un día soleado de primavera arribó a la tranquila ciudad holandesa de La Haya, una multitud colorida, cargada de banderas colombianas y carteles alusivos al asesinato de líderes sociales en Colombia. Unas mil personas, convocadas por 19 colectivos ciudadanos de España, Francia, Bélgica, Holanda y Suiza, participaron en esta movilización que llegó hasta la sede de la Corte Penal Internacional con el fin de denunciar, la impunidad, que, según ellos, rodea estos crímenes. A la cabeza, el grupo que caminó desde París, a través de 8 ciudades, y a quienes se sumaron colombianos de diferentes lugares de Europa.
Según el colectivo de organizaciones ciudadanos convocantes, “se buscó, visibilizar y sensibilizar a la comunidad internacional sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia e intentar detener este genocidio”. En palabras de una de sus organizadoras, “Necesitamos proteger a quienes están haciendo este trabajo en los territorios que son fundamentales para nuestra sociedad, los necesitamos vivos: ellos y ellas, ambientalistas, personas que están luchando por sus derechos como minoría ética, afrocolombianos, defensores de las mujeres, de la comunidad LGTB, en últimas, gente que está trabajando por la paz en Colombia”. Recordaron, que, según cifras de varias organizaciones, en los últimos tres años han sido asesinados más de 500 defensores y defensoras de derechos humanos.
Milton Puertas, vocero del Comité amplio de apoyo a la marcha del 5 de abril, espera que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre los asesinatos de los líderes sociales pero que también, actúe en caso de que la justicia en Colombia no resuelva las innumerables violaciones a los derechos humanos: “necesitamos tener una salvaguarda en el caso de que en Colombia no logre funcionar la Justicia Especial de Paz ante los ataques reiterados del gobierno de Iván Duque, en dicho caso, la CPI deberá actuar”. El activista recordó, que la CPI tiene en observación preliminar a Colombia y que se encuentra en etapa de recibir información sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos en Colombia.
En ese orden de ideas, un grupo de 45 personas entregaron a funcionarios de la CPI, además de documentación relacionada con el asesinato de líderes, un amplio expediente sobre todas las violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en San Carlos, Antioquia. Este municipio, es un caso emblemático de la violencia en Colombia: “Un pueblo de 25 mil habitantes, de los cuales fueron desplazadas cerca de 20 mil personas, en donde ocurrieron 1000 asesinatos, 33 masacres, desapariciones forzadas, violaciones, entre otros muchos crímenes”..
Entre los participantes se encontraba Edilsa Vargas Martínez, víctima del atentado de El Nogal en Bogotá perpetrado por las FARC en el 2003. Vargas duró años en una silla de ruedas y según dijo, le tomó más de 8, perdonar. Esta víctima es un ejemplo de resiliencia, trabaja por la reconciliación en Colombia, y hoy, alzó su voz para defender la JEP y la implementación del Acuerdo de Paz. La activista denunció que está amenazada como muchos otros líderes en Colombia, y que apoyó esta movilización, porque no quiere que el día de mañana marchen por ella.
Fotos: Julieta Firmat
