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Publicado el 13 Julio 2017 | por Fernando Arellano

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La credibilidad de la JEP en entredicho, entrevista a Joris van de Sandt de PAX Holanda

Por Fernando Arellano Ortiz

“En la implementación de la Justicia Transicional se va a medir la credibilidad del proceso  de paz. Es decir, será la prueba de fuego, además las víctimas durante su desarrollo deberán jugar un papel clave”, afirma Joris van de Sandt, coordinador del programa del movimiento para la paz Holandesa PAX para América Latina, cuya acción humanitaria y presencia en Colombia lleva más de 15 años en este país.

Los proyectos que desarrolla PAX en Colombia están relacionadas con el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado; a la promoción y ayuda organizativa a las comunidades para lograr construir tejido social; al permanente seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz; y denuncia de violación de derechos humanos.

Joris van de Sandt, un antropólogo del Derecho egresado de la Universidad de Ámsterdam, tiene una estrecha vinculación con Colombia. Su tesis doctoral versó sobre la lucha por la autonomía indígena y el reconocimiento por los derechos territoriales en el norte del Cauca. Desde 2007 está vinculado con PAX realizando investigaciones de campo en regiones colombianas, caracterizadas por su alta conflictividad, y ahora está al frente del Programa de esta organización humanitaria para América Latina.

Este investigador social se caracteriza por su riguroso análisis y el permanente seguimiento in situ de los fenómenos sociológicos, políticos y étnicos de una compleja sociedad como la colombiana. Sobre su trabajo, los desafíos del proceso de paz y de la Justicia Transicional en este país andino realizamos con él, el siguiente diálogo periodístico.

La labor humanitaria de PAX Holanda en Colombia

Hace cuatro meses asumió la Coordinación del Programa de PAX para América Latina, el cual desarrolla algunos proyectos en Colombia en el ámbito de la cooperación humanitaria. Sin embargo, usted viene vinculado con este programa ya hace algunos años, ha realizado algunas investigaciones bibliográficas sobre Colombia. En consecuencia, ¿cuál es su trayectoria en este país?

Cuando en el año 2000 me ofrecieron un PhD en la Universidad de Ámsterdam, se me planteó la posibilidad de hacer una investigación acerca de la lucha por la autonomía indígena y el reconocimiento por los derechos ancestrales en Colombia. Acepté y me fui a hacer trabajo de campo en el norte del Cauca. Justamente llegué al Cauca ese año en el día en que Floro Tunubalá ganó la Gobernación de ese departamento.

Entre 2000 y 2005 hice trabajo de campo cada vez por periodos de varios meses, teniendo la posibilidad de recorrer varias veces el país, aunque mi sitio de estudio y permanencia era el Cauca, en donde desarrollé una investigación en el marco del conflicto armado y su incidencia en los territorios de los aborígenes. Luego de haber terminado esa tesis hice varias consultorías y me conocí con Marianne Moor, la anterior coordinadora del Programa para Latinoamérica de PAX, quien me ofreció realizar unas consultorías en temas de conflictividad en el norte del Cauca.

Desde el 2007 estaba trabajando con PAX, haciendo esas consultorías hasta que 2013 me contrataron de planta porque ya veían que yo estaba muy involucrado en los temas que esta organización hace seguimiento en Colombia. Entre el 2011 y 2014 desarrollé nuestra investigación sobre la problemática de la violencia paramilitar en la zona minera del Cesar. Con este trabajo mi relación con PAX se consolidó hasta el punto que terminé involucrándome también en los proyectos que la organización tiene en el Meta y Cauca.

Desde mayo de este año asumí oficialmente la Coordinación del Programa de PAX para América Latina.

Desde hace 25 años PAX viene desarrollando un intenso trabajo de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de PAX Holanda en esta nueva coyuntura del país en que se alista para implementar lo que se ha denominado el posconflicto?

PAX tiene varias líneas de trabajo. Una muy importante es el tema de minería, conflicto, derechos humanos y responsabilidad corporativa en la guerra. Otra muy importante es el acompañamiento a las víctimas del conflicto, fortaleciendo a sus comunidades en las regiones más afectadas y la preparación para su participación en los procesos de paz. Y por supuesto también estamos involucrados en el marco de los acuerdos de paz con las Farc, apoyando la reintegración social de sus excombatientes.

¿En qué departamentos del país han centrado su trabajo humanitario?

Sí, tenemos tres regiones principales en las que en los últimos 8 años hemos enfocado nuestro trabajo. Aunque PAX ha tenido presencia en el norte del Cauca por mas de 12 años acompañando a las comunidades indígenas en la construcción de paz y haciendo mediación de conflictos entre la población indígena, afro y mestiza. En la región de la Macarena, en el departamento del Meta, tenemos un proyecto de construcción de paz también desde 2012, cuyos antecedentes datan de 2009.

Este programa que desarrollamos junto con el Ministerio de Justicia consiste en asistencia a víctimas, fortalecimiento de la democracia local, y formación de conciliadores en solución de conflictos comunitarios.

Desde 2001 estamos muy metidos en la problemática de las víctimas de la violencia paramilitar en la zona carbonífera del Cesar, mayoritariamente en comunidades desplazadas forzosamente. Hoy y como antes estamos haciendo seguimiento a los procesos de negociaciones con actores ilegales, actualmente en el caso del ELN. Para la ejecución de nuestra labor siempre tenemos interlocución con representantes del Gobierno en Bogotá, con entidades estatales nacionales e internacionales.

En desarrollo de estos programas se han hecho también importantes publicaciones que han contribuido al debate y a la discusión de los temas en cuestión, ¿cierto?

Sí, últimamente las publicaciones más importantes o que han tenido más eco en el debate sobre la paz han sido, en primer lugar, el informe El lado oscuro del carbón, que trata del tema de la violencia paramilitar y la supuesta relación de los denominados grupos de autodefensa con las empresas mineras. También hemos publicado una investigación sobre las amenazas y la violencia dirigida a líderes de la sociedad civil. Recientemente divulgamos una sobre el papel de las empresas en futuros procesos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Hubo una línea importante que no podemos dejar pasar  por alto que fue el trabajo que hicieron en el Tolima, en Cajamarca, apoyando al movimiento ciudadano contra la megaminería…

Ah claro, esta línea también ha sido históricamente importante, desde 2008 hemos trabajado el tema de minería en lo atinente a derechos humanos y conflicto en el Tolima, en el contexto del proyecto minero de La Colosa por parte de Anglogold Ashanti. En los últimos años PAX ha acompañado a las comunidades afectadas por los daños causados por la explotación minera, defendiendo su derecho a la participación en la toma de decisiones respecto de estos proyectos. Sobre este importante tema también hicimos una publicación que presentamos el año pasado.

PAX ha hecho seguimiento exhaustivo desde hace muchos años de la conflictividad interna en Colombia. ¿Cuáles son las expectativas y cuál la óptica de esta organización humanitaria respecto del proceso de paz y su implementación con las Farc?

PAX por su puesto aplaude el acuerdo de paz que se ha logrado en La Habana en noviembre del año pasado. Creemos que la columna vertebral del acuerdo es el Sistema Integral de Justicia Transicional, y en particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En este momento estamos dando un seguimiento crítico a los desarrollos legislativos y normativos de este sistema y la implementación del  acuerdo de paz pero enfocándonos en particular a los procesos, los mecanismos de Justicia Transicional.

También tenemos grandes expectativas, aunque aún no se sabe mucho del asunto, sobre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad como mecanismo para sanar las heridas del pasado y aclarar verdades ocultas que afectan el presente y futuro de la sociedad colombiana. Esperemos que pronto vamos a saber más de cómo va a funcionar esta Comisión.

Finalmente, nos preocupa mucho la falta de avances en la implementación de la Ley de Amnistía e Indulto, aprobada en diciembre 2016, así como la salud de Jesús Santrich, quien está en huelga de hambre en solidaridad con los prisioneros de las Farc, quienes esperan el beneficio del indulto y la amnistía. Consideramos que el gobierno colombiano debe agilizar la aplicación de los indultos y la amnistía, a fin de evitar mayor incertidumbre y desesperación entre los ex combatientes de las Farc.

¿Cuál es su análisis respecto del tema de las víctimas como elemento central en el contexto de la Justicia Transicional?  

Para PAX uno de los objetivos principales de su trabajo en Colombia es el de acompañar a las víctimas y prepararlas para su participación en los procesos de la Justicia Transicional, por lo tanto en las regiones donde trabajamos estamos promoviendo el fortalecimiento de la organización de víctimas y otros grupos sociales afectados por la guerra, porque consideramos que muchas comunidades tienen debilidades en lo organizativo. Todavía estos grupos sociales están bajo amenaza y se encuentran traumatizados, el tejido social de las comunidades ha sido dañado o destruido durante el conflicto. Hay regiones en las que unas comunidades más que otras son mucho más débiles y se requiere mucho apoyo de organizaciones de la sociedad civil u ONG internacionales como PAX.

Nosotros estamos apuntando a preparar esas comunidades y sus organizaciones para su futura participación en la justicia transicional . Ellas van pensando en cómo participar o presentar sus casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz o Comisión de la Verdad, lo cual requiere mucha concientización, mucho análisis participativo, pero también requiere por ejemplo, apoyo para obtener logros concretos en procesos de reparación.

PAX ha hecho mucho énfasis en la responsabilidad de terceros que es una figura que está contemplada en la Justicia Especial para la Paz. ¿Cuál es su expectativa concreta respecto a este delicado tema habida cuenta de que PAX ha hecho un seguimiento de algunas empresas que han terminado involucradas en armar o financiar grupos paramilitares en el pasado en Colombia?

En primer lugar y en términos generales en PAX estamos convencidos que el proceso de Justicia Transicional que surgió a raíz de los acuerdos de La Habana, no puede ser desequilibrado, no puede ser que solamente las Farc, por ejemplo, van a ser obligadas a rendir cuentas sobre sus actos o su responsabilidad en delitos cometidos y/o en actos de grave violación de derechos humanos, sino que también otras partes o actores tienen que ser responsabilizados por la comisión de estas conductas punibles. Por eso hablamos de rendición de cuentas equitativa. Es decir, todos los actores que tiene responsabilidad deben ser obligados a rendir cuentas, no solamente las Farc, también miembros de las Fuerzas Militares y civiles que directa o indirectamente han contribuido a violaciones de los derechos humanos.

En ese contexto, ¿la Comisión de la Verdad, aunque es un mecanismo extrajudicial,  puede jugar un papel muy importante en ello?

Sí, por supuesto, la participación de representantes de todas esas partes es fundamental. Es importante que participen no solamente miembros del Ejército, de las Farc, sino también empresarios, funcionarios del Estado y víctimas, que todos hagan su contribución a esclarecer lo que hasta ahora ha sido invisibilizado.

En este proceso lento de la implementación de los acuerdos de paz y de los mecanismos de Justicia Transicional estamos preocupados que en la reglamentación de estos mecanismos sean limitados los derechos de las víctimas.

¿En qué sentido se estarían limitando los derechos de las víctimas?

Sí, porque los acuerdos de paz hablan de que las victimas deben ser el centro del proceso, pero vemos con preocupación que en el debate sobre la implantación de la JEP, por ejemplo, no se habla mucho de ello y hay muchas fuerzas opuestas a que las víctimas tengan voz y jueguen un papel importante. Internacionalmente eso sería mal visto porque en el debate sobre Justicia Transicional hay consenso en el sentido de que lo más importante en estos procesos es garantizar la participación de las víctimas.

Además, una de las más grandes preocupaciones que tenemos en esta coyuntura de la implementación de los acuerdos de paz es la situación de seguridad de mucha gente en las áreas rurales. La falta de garantías a la seguridad para líderes sociales o gente que están defendiendo sus derechos como víctimas es grave. ¿Por qué los están exterminando? Lo que observamos es que están surgiendo fuerzas oscuras, resurgiendo, por ejemplo, grupos neoparamilitares, otros grupos armados están ingresando a territorios anteriormente  controlados por las Farc, los cuales están arreglando cuentas, o están amenazando a las víctimas que quieren organizarse o que buscan hacer reclamos al Estado. Estas fuerzas oscuras de alguna manera están defendiendo el statu quo que se estableció en el contexto del conflicto y que hoy en día lo ven amenazado por la organización de la sociedad civil, y en particular de las víctimas. Eso es muy preocupante y es uno de los más importantes desafíos o amenazas a la buena implementación de los acuerdos de paz.

¿Cuál es su lectura comparativa del proceso de Justicia y Paz frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP)? Si bien son mecanismos diferentes sin embargo, ¿considera que ambos mecanismos legales apuntan a combatir la impunidad y fundamentalmente a proteger a las víctimas, o hay diferencias sustanciales en ese sentido?

A nuestro modo de ver hay diferencias sustanciales en el sentido que pensamos que en el proceso de Justicia y Paz hubo deficiencias serias como no haberse tenido en cuenta a los civiles responsables de violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, lo cual de una manera fue subsanado en los acuerdos de paz con las Farc con la creación de la JEP que brinda la posibilidad de obligar también a otros actores en el conflicto de hacer rendición de cuentas. Por ejemplo, el Ejército, funcionarios públicos que han sido involucrados en el conflicto y empresarios. Estos dos últimos se denominan terceros civiles, lo cual es muy novedoso de este proceso de Justicia Transicional y eso no había en el de Justicia y Paz, por lo tanto considero que podría ser un gran avance pero dependerá de la implementación.

Nosotros tenemos la expectativa de que los excluidos de Justicia y Paz puedan en los procesos bajo la JEP intervenir como testigos colaborando con la verdad y también puedan recibir beneficios o ser sujetos de beneficios.

PAX además de hacerle seguimiento al proceso de implementación de la Justicia Especial para la Paz, está haciendo pedagogía respecto del tema, recientemente realizaron un foro en Valledupar y hace más de un mes presentaron un libro en la Universidad del Rosario de Bogotá. ¿Van a continuar con en ese ejercicio?

La importancia de esta pedagogía radica en que si bien el debate en torno a la Justicia Especial para la Paz se da en los periódicos, en lo académico o en lo político, o entre gente que es experta de alguna manera en la materia, en la gente del común hay mucho desconocimiento sobre el tema. Por lo tanto, mientras que se está legislando o regulando este mecanismo de justicia transicional y se define la escogencia de sus magistrados, nosotros nos hemos acercado al Secretario de la  JEP que es el señor Néstor Raúl Correa. Con él hemos realizamos una presentación el pasado 15 de junio en Valledupar para explicar el alcance de la JEP en diferentes regiones donde trabaja PAX, al cual invitamos además a algunos victimarios, exmiembros de la AUC, abogados defensores de militares en casos de crímenes de guerra.  A finales de este mes de julio está programado un encuentro similar en el norte del Cauca donde vamos a invitar a organizaciones indígenas, afrocolombianas y también a profesionales y posiblemente otros actores, como lo hicimos en Valledupar.

Consideramos que es importante que las victimas vayan conociendo el alcance de este futuro mecanismo y que piensen la posibilidad de presentar sus respectivos casos ante la JEP.

¿Desde PAX cómo están viendo el desarrollo un poco accidentado del proceso de negociación con el ELN en Quito? ¿Cuál es la expectativa que tiene PAX Holanda frente a esta negociación?

Nosotros no sabemos cómo va a seguir este proceso, como todo mundo sabe, es bastante difícil con muchos retrocesos y en este momento prácticamente está estancado. Pero nosotros creemos que este proceso con el ELN es muy importante. Desafortunadamente comenzó un poco tarde durante el Gobierno del presidente Santos, sin embargo estamos convencidos que se deben buscar las condiciones para un cese bilateral del fuego como requisito básico para una negociación seria con este grupo insurgente.

Hay una presencia neoparamilitar en los territorios en donde ellos hacen presencia, por eso si no se hace ese cese de fuego bilateral, si no se dan garantías de seguridad para estos miembros del ELN no se puede lograr una negociación en condiciones de normalidad.

Para PAX es necesario resolver la grave situación en el Catatumbo a la par que es preciso abrir conversaciones de paz también con el reducto guerrillero del EPL.

¿En ese sentido considera que se podrían destrabar estos impases que ha tenido el proceso de negociación con el ELN mediante el acompañamiento internacional?

Sí, yo creo que otros países tienen un papel a jugar en tratar de resolver este estancamiento en el proceso de paz con el ELN y posiblemente también con el EPL.

Pero también creo que la comunidad internacional tiene que hacer un llamamiento al ELN para que deje la práctica del secuestro porque de lo contrario no hay condiciones para que la negociación avance con el Gobierno. Entonces, las dos cosas son de igual importancia: un cese del fuego bilateral y la renuncia a esa práctica del secuestro.

 


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