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Publicado el 23 agosto 2017 | por Fernando Arellano

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La fallida restitución de tierras en el Cesar

Por Ivonne Rodríguez y Tatiana Navarrete / Verdad Abierta

Contrario a los anuncios oficiales, la restitución de tierras en este departamento ha sido lenta y fraccionada, enfrentándose a diversas presiones. El caso de la parcelación Santa Fe, en Becerril, es solo un ejemplo de lo que ocurre en esta región, donde las víctimas piden atención del gobierno nacional frente a un proceso clave para la paz.

“Restitución de tierras le cumplió a las víctimas del conflicto en el Cesar”. Con este titular, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) resumió en diciembre 2016 lo que para la entidad ha sido el proceso en ese departamento. Pero para muchas víctimas del conflicto armado en esta región, el anuncio dista de la realidad, cuando se refieren a la demora en el trámite de sus reclamaciones, la forma cómo son documentados los casos y el fraccionamiento de las demandas. También del “silencio” frente a las presiones que ejercen los opositores, los problemas de seguridad y las dificultades administrativas que la Unidad no reconoce.

Cesar es el segundo departamento del país con más solicitudes de restitución de tierras, según el último Informe de Gestión de la URT. Los casos en esta región son documentadas por dos territoriales: Magdalena Medio, que está a cargo del sur, es decir, de los municipios entre San Alberto y La Gloria; y Cesar, que cubre las zonas centro y norte, desde Pelaya hasta Valledupar, incluyendo La Guajira.

A junio de 2017, la Unidad recibió entre el centro y norte del Cesar 5.247 solicitudes de reclamación, de las cuales 1.402 fueron rechazadas, 790 están formuladas en demanda y 399 ingresaron al Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas mientras son redactadas en demanda. En cinco años, los jueces han proferido 86 sentencias de restitución.

Aunque las víctimas saben que las sentencias dependen de la acción de jueces y magistrados, cuestionan que la URT no haya documentado los casos de despojo de forma colectiva y con el detalle que requieren. En el Cesar, como ocurrió en Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre, el despojo sucedió masivamente en las parcelaciones que adjudicaron tanto el Incora como Incoder a campesinos. En el proceso de Justicia y Paz, desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) confesaron masacres y desplazamientos sobre territorios donde el gobierno nacional intentó hacer la llamada reforma agraria, una política impulsada desde los años sesenta.

Varias comunidades campesinas consultadas por VerdadAbierta.com relatan que cuando voceros del gobierno nacional anunciaron la aprobación, en junio de 2011, de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, en el Cesar se generaron expectativas. Tanto así que pese a estar en condiciones de desplazamiento, se organizaron y los líderes apoyaron los procesos de caracterización y visita a los terrenos que comenzaron a darse en aplicación de esa norma, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012.

“Ayudamos mucho. Cuando la Unidad nos llamaba, estábamos ahí. Incluso fuimos a las emisoras para que las víctimas conocieran de la ley y presentaran su solicitud. Pero mire lo que nos ha pasado”, dice un reclamante.

El campesino se refiere a lo que ha ocurrido con las familias despojadas de parcelaciones en los municipios de El Copey, La Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, Curumaní, Pailitas, La Paz y San Diego. Después de presentar sus solicitudes, la URT aceptó algunos casos y rechazó otros. Y cuando radicó las demandas ante los jueces especializados, lo hizo de forma individual y no colectiva, pese a que las familias sufrieron los mismos hechos de violencia. “Si la Unidad presentara las demandas en grupo ante los jueces tendríamos más garantías para volver. Una cosa es retornar todos y otra, solos”, cuenta otra víctima.

Frente a este reclamo la URT ha explicado que debe estudiar los casos de forma individual porque cada predio tiene su particularidad, con distintas ventas y ocupantes pese a registrar la misma violencia. Pero las víctimas no tienen reparo en ello, lo que reiteran es que esa entidad debió estudiar en detalle caso a caso, pero presentarlos en conjunto ante los jueces, de manera que las sentencias emitan órdenes que favorezcan a un grupo de restituidos en un mismo periodo. “El asunto es que la Unidad además ha tenido fallas a la hora de documentar los casos”, relata otro campesino.

Larga espera

Para que la URT pueda estudiar una solicitud, el municipio donde está el predio reclamado debe estar “microfocalizado”, es decir, contar con un aval de que la restitución cuenta con garantías de seguridad. Becerril, por ejemplo, entró en este listado desde julio de 2013 y los reclamantes de la parcelación Santa Fe pensaron que sus solicitudes serían prioridad. No fue así. Pasaron dos y tres años para que algunas de las parcelas ingresaran al Registro de Tierras Despojadas, y fue tal el desespero que un grupo de campesinos prefirió firmarle poder a una abogada particular para que los representara. En la actualidad, las demandas están dispersas en los tres Juzgados Especializados en Restitución de Valledupar, a la espera del primer fallo.

San Diego, otro municipio con 16 mil personas desplazadas, fue microfocalizado en tres momentos. Los corregimientos en los que están las parcelaciones El Toco y El Caimán, expulsadas por paramilitares, recibieron el aval de seguridad desde mayo de 2012 y julio de 2013, de forma respectiva. Pero las “decisiones” comenzaron a llegar en 2016, dejando sorprendidos a los reclamantes. Según la comunidad, de las 80 reclamaciones que hay sobre El Toco, la URT rechazó cinco. Las demandas fueron presentadas en juicio de forma individual y el Tribunal de Restitución de Cartagena ha dictado 19 sentencias, de las cuales 9 no favorecieron a los reclamantes.

Entre estas últimas sentencias está la de Miguel Ricardo Serna, líder de la parcelación. La comunidad no entiende cómo el Tribunal le negó el derecho, cuando todos lo reconocen como el dueño de la parcela 14, de la que acredita además una resolución firmada por el antiguo Incora. Pero, incluso, para los pocos restituidos ha sido difícil. La primera familia que logró una sentencia a favor retornó, pero al poco tiempo les robaron las vacas del proyecto productivo y la planta eléctrica. “La seguridad está complicada en la zona”, dice un campesino.

En El Caimán, los parceleros temen que el proceso judicial sea similar al de El Toco. De las 42 solicitudes de restitución, la URT sólo aceptó en el registro a 13. Según el relato de las víctimas, la comunidad comenzó a encontrar inconsistencias en el proceso cuando la entidad fue a medir las tierras y les dijeron que ya no cabían allí.

“La parcelación tiene 1.110 hectáreas y a cada campesino le correspondía 42. Este caso es complicado porque el Incora no nos alcanzó a titular. Lo que creemos es que la Unidad busca que nos titulen dentro de unos baldíos que hay dentro de la hacienda, pero no que haya un proceso de restitución completo”, explica otro reclamante.

La situación de El Copey, un municipio con 26 mil personas desplazadas, no es distinta. En la vereda Entre Ríos, 18 familias reclaman la restitución de 640 hectáreas que les fueron arrebatadas con violencia. La comunidad asegura que la Unidad solo ha aceptado cinco casos en el Registro, mientras recopila pruebas para las demás solicitudes. “Muy cerca de las tierras están haciendo explotación de piedra y en la parcelación están apareciendo placas de concesiones mineras… Nadie ha estudiado la angustia y la paranoia con las que vivimos las víctimas con tanta amenaza”, relata un reclamante.

Los campesinos sostienen que la dilación y fraccionamiento del proceso ha generado varias situaciones: la fractura de comunidades y el desistimiento en etapa administrativa. Solo en la Territorial Cesar han sido registrados 312 casos de familias que decidieron no continuar con la reclamación, pero la cifra puede ser mayor por el subregistro. En terreno, algunas familias decidieron que no reclamarán más, ya sea por miedo o agotamiento, y otros, desesperados, cedieron a un “acuerdo económico” con los opositores para que los predios no vayan a juicio.

Los parceleros creen que la angustia ha tenido efectos sobre su salud. Edith Mercedes Castillo, reclamante en la parcelación Santa Fe, falleció de un infarto en abril de 2014 mientras esperaba el ingreso en el Registro de Tierras Despojadas. En junio de 2016, Aníbal Guillermo Carmona, reclamante de la parcelación Entre Ríos, en El Copey, murió por una falla cardíaca. La comunidad relata que se enfermó por la presión que estaban ejerciendo los opositores en la vereda. En diciembre de 2016 falleció, también de un infarto, María Mónica Ricardo Serna, de 31 años, hija del líder de El Toco, tres meses después de que les negaron la restitución vía judicial. Su padre Miguel sobrevivió a un infarto en marzo pasado.

En El Caimán, Cruz Helena López, quien fue presidenta de la Junta de Acción Comunal en los años noventa, ha sobrevivido a dos infartos. Martín Segovia, otro reclamante de esta parcelación al que le negaron la restitución, falleció de un ataque cardíaco el pasado 24 de julio. “Es muy duro ver cómo la gente se está enfermando. No creemos que sean casos aislados, es que uno también puede morir de tristeza”, dice un campesino que sigue esperando el estudio de su caso.

¿Qué sucede?

Varias fuentes que conocen el proceso de restitución coinciden en que la URT no tiene la capacidad institucional para “capotear” las presiones en el territorio por parte de opositores y de los actores armados. A ello se sumaría la forma de contratación de los funcionarios y a la metodología de trabajo por “metas”.

La Territorial Cesar fue de las primeras en funcionar en el país dado el volumen de solicitudes. Sin embargo, desde 2012, la URT ha tenido cinco Directores Territoriales, algunos nombrados en firme y otros en provisionalidad. El equipo de trabajo a su cargo, profesionales de diversas disciplinas, son contratados en su mayoría por prestación de servicios, algunos solo por tres meses según consta en los contratos disponibles en el portal de contratación pública Secop.

A lo anterior se suma que como máximo tres profesionales son los encargados de elaborar los contextos de las demandas, es decir, los documentos que narran los hechos de violencia sufridos por las víctimas y que sirven a los jueces para entender lo ocurrido. Por su parte, 25 abogados componen el equipo que estudia las solicitudes de restitución en etapa administrativa. Aunque es un equipo voluminoso, su trabajo es evaluado por “metas”, exigiéndoles 14 decisiones de fondo al mes -sean de inclusión o de rechazo de dichas solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas-, como evaluación de sus contratos.

Esto explicaría los cuestionamientos que hacen las víctimas a la gestión de la URT; por un lado, los abogados en fase administrativa deben decidir con celeridad sobre el registro o no de la solicitud de restitución, algo que en teoría agiliza el proceso, pero para las víctimas resulta riesgoso si los casos son rechazados por falta de un mejor análisis. Por otro, solo hay un puñado de abogados para elaborar las demandas que estudiarán los jueces.

Desde que comenzó el proceso de restitución en el Cesar, las reclamaciones sobre parcelaciones han tenido como opositores a ganaderos y empresarios de la palma y el carbón, que alegan “la buena fe exenta de culpa”. Pero sobre varios de estos casos los campesinos han denunciado presiones, que la URT no reconoce públicamente.

La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto, Cesar

Varias fuentes le aseguraron a VerdadAbierta.com que no entienden, por ejemplo, cómo algunos opositores conocieron varios “contextos de las demandas” antes de que los casos llegaran a juicio. De esta situación señalan entre los presuntos responsables a Saúl Fernández Acuña, quien trabajó en la Unidad de Restitución del Cesar entre agosto y octubre de 2013, “como asesor para llevar a cabo las actividades necesarias para facilitar la sistematización, análisis y reporte de informes de contexto”, indica el contrato publicado en el Secop.

Luego de que Fernández saliera de la URT pasó a trabajar con el grupo de abogados J.J. Jurídicos SAS, entre cuyos clientes están varios de los opositores de las demandas de restitución de tierras. Consultado por VerdadAbierta.com al respecto, el exfuncionario indicó que en su contrato no existía ninguna cláusula que le impidiera pasar de documentar los casos de despojo en la entidad a trabajar con los opositores. No niega, sin embargo, que conocer dichos contextos fue de gran ventaja.

A la URT llegaron también denuncias que advierten que Fernández Acuña tendría un impedimento ético para trabajar en el área de contexto, advirtiendo que había pertenecido a las Auc del Cesar. “A él lo conocían con el alias de ‘El Cura’, cómo podía estar a cargo de los contextos”, cuestionaron varias personas de la región.

Fernández desmiente esta afirmación y asegura que sí trabajó durante muchos años en los procesos de desmovilización de los paramilitares en el Cesar, junto a una fundación Suncosta. En su contra también hay un proceso por falsedad en documento privado, pues según dicen fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, presentó un título falso como Sociólogo de la Universidad Nacional.

En 2015, hubo dos episodios que evidenciaron otros riesgos sobre el proceso de restitución. El domingo 5 de julio dos delincuentes ingresaron a las instalaciones de los Juzgados Especializados de Restitución, un piso más arriba de donde funcionan las oficinas de la URT, y averiaron las cámaras de seguridad. Según una noticia publicada en el diario El Pilón, los asaltantes se robaron dos computadores del Juzgado Segundo Especializado, donde reposaba información de las demandas del Resguardo Yukpa y de la parcelación El Toco, que involucra a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Barbie’.

Ese mismo año una funcionaria de la URT que trabajaba en la documentación del perfil de ‘Barbie’, clave en la construcción de los contextos, recibió una amenaza. Varias personas que conocieron de esta situación aseguran que ella prefirió renunciar al cargo, sin que al respecto la entidad haya hecho un pronunciamiento.

La seguridad no es algo que caracterice al Cesar. Desde que comenzó el año, varios líderes sociales han sido amenazados y asesinados. El 7 de enero Aldemar Parra, integrante de la comunidad de El Hatillo, en el municipio de El Paso, y presidente de la Asociación Apícola, fue asesinado; el 4 de febrero fue asesinado Edilberto Cantillo, un campesino que apoyaba las reclamaciones de restitución en la vereda Entre Ríos, en El Copey; el 9 de febrero dos motociclistas dispararon contra Alfonso Barón, líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) e integrante del Congreso de Pueblos, quien resultó ileso del atentado.

Esta situación, y la exacerbación de los conflictos por el territorio, llevaron a que la Defensoría del Pueblo emitiera dos recientes informes de riesgo. En la actualidad ambos están vigentes, el de diciembre de 2016 y de marzo de 2017. En ellos, el Ministerio Público advierte el riesgo que corren los líderes sociales de 20 municipios del Cesar, la mayoría de estos concentrados en el área de influencia de la Serranía del Perijá, entre ellos La Paz, San Diego, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico y Curumaní, donde justamente reposa el mayor número de reclamaciones de tierras.

Frente a la persistencia del riesgo, en junio de 2017 una veintena de organizaciones sociales del departamento le escribieron al ministro del Interior, Guillermo Rivera, sobre la urgencia de instalar y poner en marcha la Mesa de Garantías del Cesar. (Ver carta) Un mes después, por las calles circuló un panfleto de las llamadas Autodefensas Gaitanistas del Cesar: “… a los avivatos reclamantes de tierras le decimos que reclamar lo que no les pertenece tendrá sus consecuencias”.

Por la situación de seguridad, VerdadAbierta.com decide no publicar los nombres de las víctimas, los funcionarios y expertos que consultó. Este medio solicitó a la URT acceso a cifras estadísticas y a un pronunciamiento sobre las dificultades del proceso.

Voceros de la entidad contestaron que no otorgaría una entrevista sino que su comunicación oficial sería a través de la respuesta a un derecho de petición. Aunque la solicitud de acceso a la información fue realizada desde el 21 de junio, la Unidad remitió las respuestas una vez fue publicada la historia (Lea las respuestas acá).

Aunque las víctimas reconocen que el Estado ha hecho un esfuerzo por llevar la justicia transicional al Cesar, sostienen que el proceso de restitución ha sido fallido: “porque la Unidad no logrado defender el espíritu de la Ley, porque los territorios despojados no han sido restituidos, porque estamos echados como a la suerte”, indica un parcelero. Las comunidades cuestionan, además, por qué las reclamaciones de sus líderes son puestas en entredicho, como ocurrió con Bellacruz, o son negadas, como sucedió en El Toco.

 


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