En los territorios, con las víctimas, por la justicia, la verdad y la paz.


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Publicado el 16 enero 2017 | por Maurice van Beers

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La paz para los campesinos es volver al campo

La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de las Tierras y el Buen Vivir, se pronuncia a propósito de la firma en la ciudad de Cartagena de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc–EP, porque sabemos que su implementación será en los territorios y con la gente, por lo que exigimos las garantías para que podamos regresar al campo, para continuar siendo campesinos y campesinas, para labrar la tierra como lo sabemos hacer y aportarle con eso a la paz de Colombia en esta etapa tan importante de su historia.

La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de las Tierras y el Buen Vivir, es un espacio organizativo que congrega a las comunidades de El Toco, La Concordia, Santa Isabel, El Platanal, Topacio, El Caimán, Hato La Guajira, Santa Fe, Entre Ríos, San Miguel, Quebrada Arena y La Primavera; alrededor de la defensa de la Cultura Campesina, y por la restitución de las tierras que en el pasado y a través de la violencia nos fueron despojadas.

Somos comunidades campesinas, orgullosas de su identidad y respetuosas del orden jurídico, a quienes se les arrebató el territorio sobre el cual habíamos construido los proyectos de vida personales, familiares y colectivos.

Los grupos armados al margen de la ley que incursionaron en nuestras comunidades, nos quitaron la vida de paz que teníamos en nuestros territorios, como parte de una estrategia de guerra. Ese fue un desarraigo del campesino con sus tierras, favoreciendo los intereses de grandes terratenientes y empresas multinacionales que se encuentran en esta zona, dejando como resultado historias de dolor y desplazamiento forzado en nuestras familias y comunidades, y que hoy todavía continúa.

El ordenamiento territorial impuesto en el Cesar a través de las armas y el horror que vivimos, ha creado un modelo de desarrollo que sigue excluyendo a los campesinos y campesinas de la región, a su cultura de labrar la tierra; haciendo que la economía agroindustrial y extractiva sea tan fuerte, que su poder invisibilice aun la realidad y la dimensión del despojo y abandono forzado que ha vivido este departamento; y aleje cada día más las posibilidades de volver a nuestras tierras, a pesar de que el Estado Colombiano, abrió esa posibilidad con la expedición de la ley 1448 de 2011, anunciada con bombos y platillos.

Creímos que por fin se nos haría justicia con la existencia de un nuevo marco jurídico y teniendo de nuestro lado la memoria de lo que vivimos, vimos con esperanza la posibilidad cierta de regresar a nuestras tierras, sobre todo cuando muchas de las zonas donde están ubicadas, fueron las primeras en ser micro-focalizadas para iniciar los trámites de la restitución.

Confiados en que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con las pruebas que les entregamos (documentales y testimoniales), defenderían y sacarían adelante nuestros casos, esperamos pacientemente, pero cuando comenzaron a surgir las resoluciones administrativas a muchos nos negaron esa posibilidad, o con los fallos judiciales encontramos que la aspiración de reconstruir nuestro proyecto de vida comunitario, se hacía añicos con las llamadas compensaciones, que reubicaron a nuestros compañeros y compañeras en tierras lejanas, respecto de las cuales nunca tuvieron arraigo alguno. La noción de lo colectivo desapareció y se nos dio tratamiento individual, es decir, caso por caso, por lo que queremos decir que somos una comunidad y exigimos nos asuman como tal.

También con gran preocupación vemos que, a muchos de los reclamantes, sus versiones son puestas en duda por ciertos funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, y algunas de las pruebas entregadas, hoy no aparecen en las demandas, e incluso, algunos testimonios falsos de los mismos parceleros son pruebas en nuestra contra; situación que nos re victimiza, negándonos los derechos de posesión. Las comunidades rechazamos este modo de actuar, cuando la ley 1448 de 2011, reconoce como derecho las garantías de no repetición, y las instituciones hacen todo lo contrario.

Del mismo modo, no comprendemos como la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, así como los Jueces y Magistrados de Tierras, a algunos le entrega una sentencia con compensación, otros se les restituye y a otros se les niega; cuando todos y de manera colectiva entramos y construimos con nuestras propias manos las comunidades y civilizamos las tierras.

Nos genera muchas dudas e inquietudes lo que está pasando, por lo que exigimos poder aclararlas con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas – SNARIV; para que nos responda ¿por qué es tan lento y desinformado el trámite de Restitución de las Tierras, cuando las víctimas somos el centro de este proceso?, ¿Por qué individualizan los procesos si estamos haciendo la reclamación de las tierras y pertenecemos a una misma comunidad?, ¿Por qué los funcionarios públicos en vez de apoyar la reconstrucción del tejido social, con sus acciones generan lo contrario, estimulando la desintegración e incluso la contraposición entre nosotros?, ¿Por qué no hemos contado con una Defensa Técnica para nuestros casos, mientras que quienes nos despojaron, cuentan con abogados especializados?, y a propósito de los acuerdos de la Habana ¿Cómo se pretende implementar el primer punto sobre Desarrollo Rural integral, sin que se garantice la restitución a las víctimas de despojo de tierras?

Persiste la impunidad, la cual no ha permitido contar con las condiciones para obtener la totalidad de las sentencias y las pocas que se han emitido en beneficio de las víctimas no se han materializado. Pero más preocupante aún, ha sido la falta de claridad frente a los tiempos en que estas sentencias se harán efectivas y con ello, las medidas que ahí se establecen; ya que, pese a que algunos recibieron sus títulos y regresaron a las tierras, todavía no se cumplen completamente los fallos, viviendo debido a ello, condiciones de precariedad y pobreza que en nada garantizan un restablecimiento integral de nuestros derechos humanos.

Se plantea que habrá garantías para la no repetición de los hechos violentos, sin embargo, podemos encontrar casos en donde nuestros líderes y lideresas han sido amenazadas, sufren agresiones por quienes ocupan sus tierras, son señalados y hostigados; mientras que la Fiscalía no entrega resultado de las investigaciones contra quienes están detrás de esas amenazas, las cuales entorpecen nuestra labor y atentan contra nuestra integridad, seguridad y tranquilidad.

Las comunidades de la Asamblea Campesina, quienes a pesar de todo lo sucedido y por encima de los obstáculos que aún seguimos enfrentando, pretendiendo desintegrarnos y desarraigarnos, hoy continuamos creyendo en el imperio de las leyes y de la Constitución Nacional, y por ello, seguimos construyendo espacios de movilización social y participación efectiva; por lo que seguiremos exigiendo una restitución al Estado Colombiano, una restitución que entregue garantías para volver al campo.

Porque la paz, se cosecha y siembra en el territorio. Sin campo, la paz no será posible.

Municipio de Agustín Codazzi, 26 de septiembre de 2016.


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