Un grupo de mujeres de Vista Hermosa, en el Meta, se organizó y juntas crearon la Ruta para la atención general, en salud, acceso a la justicia y protección a las víctimas de violencia sexual para su municipio. Tomaron la solución en sus manos, se empoderaron, se hicieron visibles y muestran a otras víctimas el camino a la restitución de sus derechos.
Ana, una mujer curtida por el sol, espigada, recia y echada pa´lante, como dicen en el llano, ha procesado su sufrimiento. Sabe que fue abusada sexualmente y su cuerpo utilizado como arma de guerra para someter a su papá que había sido amenazado y señalado de ser auxiliador y simpatizante de la guerrilla.
“Era tan malo que de pronto el papá lo quisiera mucho a uno… entonces, pues dónde estaba mi papá, estaba yo. Donde él iba, yo iba. Eso hace que haya una relación en la que, si yo te daño lo que más quieres, te voy a dañar a ti. Entonces por eso es que fue la violencia sexual como arma de venganza, como arma para dañar al otro, sabiendo que a quien dañan es a una niña. Tenía 8 años”, dice Ana y recuerda que en esa época a su hermana mayor la tuvieron los paramilitares amarrada 3 días en una zanja.
Vivió lo que para ella fueron los años duros de la violencia entre 1983 y 1987 en Vista Hermosa, una época de la que apenas hay registros cuando la guerra se recrudeció y la disputa por el territorio pasó a librarse en los cuerpos de las mujeres para aterrorizar al enemigo, para neutralizar a las poblaciones y para marcar el poder, dejando un rastro de crueldad, miedo e impunidad entre los habitantes.
Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1985 hasta el 20 de septiembre de 2017 se cuentan 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. De estas, el 91,6 por ciento han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Una ruta más humana construida por las víctimas
Al recorrer las instituciones se dieron cuenta de que no existían rutas en el municipio, así surgió la idea de crearlas y lo hicieron a partir de las carencias que encontraron en un aparato estatal ausente que apenas está llegando a los territorios. Contaron con el apoyo de la cooperación internacional a través de USAID, PAX, la Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad y la Comisaría de Familia, ante el Subcomité de Prevención de Violencias Basadas en Genero del que hacen parte las secretarías del municipio y las organizaciones que hacen presencia allí, entre otros.
El primer paso está relacionado con la consulta médica y la atención psicológica, que son fundamentales para atender el cuerpo y las emociones de las víctimas, estos son considerados los primeros auxilios para casos de violencia sexual. La ruta incluye el seguimiento permanente por parte de las entidades de salud del municipio.
Ellas denuncian la pérdida de privacidad, una situación común en lugares pequeños como Vista Hermosa, que cuenta con cerca de 27.000 habitantes, donde el hecho termina siendo conocido por todos, señalando como culpables a quienes realmente fueron víctimas de acoso, violación, desnudez forzada, e incluso tortura sexual.
El segundo paso es el acceso a la justicia a través de una denuncia verbal, anónima o por escrito a la Policía, la Fiscalía, y a la Comisaría de Familia para el ámbito familiar. A la lista de entidades se suma la Personería, y en todos los casos, representación judicial de la Defensoría del Pueblo para las víctimas. La participación de las instituciones es esencial para evitar revictimizaciones y que haya una judicialización.
Según los registros de la Unidad para las Víctimas, entre 2011 y junio de 2018 se presentaron 8 delitos sexuales contra la libertad y la integridad en Vista Hermosa y 856 en todo el departamento del Meta. Ana está convencida de que son muchos más los casos, en su mayoría asociados al conflicto, pero no se denuncian, como le ocurrió a ella hace más de 30 años, para evitar el “qué va a decir la gente”.
Uno de los retos más grandes es que las instituciones conozcan la ruta y capacitar a las mujeres “para que no se quede en el papel, sino que sea aplicada”, dice Ana, quien también hace parte del comité coordinador de la Mesa de la Mujer con Equidad de Género del municipio y trabaja temas de diversidad sexual, por ejemplo, casos en que los familiares de gays o lesbianas en zonas rurales nunca denunciaron su desaparición forzada por miedo a la persecución.
Finalmente, la ruta incluye medidas de protección y considera que en aquellos lugares donde no haya Comisaría de familia, se puedan solicitar ante la Fiscalía o ante un juez. Si el hecho se da en el marco del conflicto armado, hay 72 horas para aplicarlas y se extenderán al grupo familiar.
Toda la atención está enmarcada en la Ley 1719 de 2014, que busca garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de violencia sexual, especialmente durante el conflicto armado y hace énfasis en las necesidades de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Este ejercicio ciudadano incluye también los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual establecidos en el Acuerdo Final de paz, que sirven de pilares a la ruta: protección y seguridad; verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
A cada socialización llegan más personas, como una víctima del sector Cooperativa que vino a conocer lo que ella llama rutas de vida: “Anteriormente los grupos armados eran los que manejaban todo esto, el control de que no hubiera violaciones, ni nada, y pues ahorita, ya al quedar libre… pues corremos más el riesgo y por eso hemos venido preparando todo el camino en protección de los derechos de las mujeres”.
Entre el silencio y la persecución
En muchos casos al sufrimiento de la violencia sexual, se suma el silencio de las familias por miedo y vergüenza, por eso la construcción de la ruta fue a la vez espacio de encuentro.
Conocen muy bien sus necesidades y las falencias que identificaron en la atención que les daban en el municipio. Saben la importancia de la fuerza que se dan unas a otras, pero dependen de la articulación de las entidades locales para la atención de sus casos. Por eso trabajaron conjuntamente con la Comisaría de Familia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Meta, Policía, Ejército, el Juzgado Promiscuo de Vista Hermosa y cada ente que las respaldara en la defensa de sus derechos. Todo se articuló en el Subcomité de Prevención de violencias basadas en género, adscrito al Comité de Política Social (COMPOS) Municipal.
Esta no solo es la primera ruta para la violencia sexual en Vista Hermosa, es la primera ruta en el país impulsada por víctimas. Ellas dicen que son facilitadoras para que otra persona que sufra esta situación sepa qué hacer y a dónde acudir.Luz Adriana Rodas, una de las promotoras de la iniciativa, quien hace parte de la Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad (Limpal) y la Mesa de la Mujer, resume el sentimiento de las víctimas: “Muchas no conocíamos ni nuestros derechos y mucho menos los procedimientos para acceder a ellos”, dice convencida de que esta va a ser una lucha larga, porque a pesar de que se firmaron los Acuerdos de Paz, los casos de violencia sexual se siguen presentando en el municipio, tanto en el casco urbano, como en la zona rural, donde se cometen más infamias de las que pueden visibilizar. Aún las siguen usando como arma de guerra, dicen ellas.
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