Las cifras de violaciones a los derechos humanos aumentan en los territorios y las comunidades siguen sin recibir garantías de no repetición. Ahora son ellas quienes registran en tiempo real, los hechos violentos y los impactos de los procesos de la justicia transicional. Esta es la evidencia de que la paz está llegando a cuenta gotas, precisamente donde más se necesita.
Un grupo de líderes campesinos e indígenas en 16 veredas en la zona de la Macarena, Meta y 5 resguardos del norte del Cauca se ha dedicado a llevar el registro de los impactos locales de la implementación del Acuerdo Final de Paz en un ejercicio de monitoreo paticipativo en temas de justicia transicional. Ellos son la memoria del posconflicto y la única voz en el territorio capaz de sacar a la luz lo que no se está mostrando.
De esta manera el país se ha ido enterando de una nueva lucha por el control del territorio que repite la historia de indignación y dolor que Colombia creyó había quedado atrás. Ahora las comunidades no saben si son disidencias, delincuencia común o exactamente qué grupo es el que vuelve con extorsiones, amenazas e incluso prohibiendo el ingreso de las organizaciones al territorio.
“Eso lo evidencia el campesino que los conoce, no estamos hablando de personas ajenas a la región”, dice con convencimiento Adriana Veloza quien cada semana se reúne con quienes viven en diferentes veredas de Vista Hermosa, donde trabaja como enlace territorial de PAX. “Violaciones a los derechos humanos como extorsiones, amenazas, un asesinato, por no pagar extorsión…”, enumera y sabe que la lista sigue.
Las cifras rojas del posconflicto
A junio de 2018 la cuenta iba en 232 violaciones de derechos humanos en los municipios de Uribe y Vista Hermosa en el Meta. Esto, desde septiembre del año pasado, cuando inició el ejercicio de monitoreo participativo. En el mismo periodo se monitorearon 4 resguardos y un cabildo indígena en el Cauca, en los municipios de Toribío y Jambaló, donde se identificaron 116 violaciones a los derechos humanos. Solo en el resguardo indígena de Tacueyó, Toribío se registraron 9 casos de amenazas, 5 de extorsión, 8 decomisos de armas, 1 secuestro, 1 reclutamiento forzado y hasta un vehículo incinerado.
Los datos del monitoreo participativo en territorio se toman de manera simultánea con el monitoreo institucional o jurídico. En este proceso, a través de 22 derechos de petición y 14 tutelas presentadas hasta el momento, se busca contrastar la información obtenida directamente en los territorios con la que tienen instituciones del Estado como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría Nacional del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Alta Consejería Presidencial para el Pos Conflicto, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otros.
Este monitoreo participativo evidencia lo que nadie ha querido reconocer y es que la paz no ha llegado a localidades alejadas, muchas de ellas ubicadas en los epicentros históricos de la violencia en Colombia.
“Al comienzo habían disminuido las violaciones de derechos humanos, pero ya en estos últimos meses han ido otra vez en aumento, pero ya no a causa de las FARC, sino de otros grupos que empezaron a entrar al territorio y también la disidencia”, relata una de las monitoreadoras del Cauca que además alerta sobre nuevos casos de reclutamiento forzado: “en noviembre del 2017 se sabía de 40 jóvenes pero sólo estaba la denuncia de 5 reclutamientos, porque vuelve la gente a tener miedo y a no hablar”.
Poco a poco la información sale a la luz: La débil presencia del Estado atrajo a grupos armados que compiten por el control sobre las economías ilegales y la gente no cree en el éxito del proceso de paz. Por ejemplo, en el Cauca y según confirma la Fiscalía General de la Nación a través de un derecho de petición presentado por las víctimas, se han identificado grupos armados como las disidencias, ELN, EPL, Águilas Negras y Gaitanistas, que compiten por el control de economías ilegales vinculados al narcotráfico y a la minería. En el Meta las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los Puntilleros y los Libertadores del Vichada siguen controlando toda la cadena del narcotráfico.
Ante todos estos hechos, no es de extrañar que en ciertas zonas del Meta y el Cauca la participación en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito pareciera estar disminuyendo y que en municipios como Toribío, por temor, las familias no se hayan involucrado en la erradicación voluntaria.
“Hacemos un trabajo de visibilización de lo que sucede realmente con las víctimas en cada una de nuestras veredas. Esto debe quedar claro ante la Personería y la Alcaldía”.
Lideresa vereda La Julia, Uribe (Meta).
Víctimas, entre la invisibilidad y el abandono
Este monitoreo participativo arroja un importante aumento en el número de declaraciones hechas por las víctimas luego del Acuerdo Final de Paz motivadas seguramente por el clima de confianza que se generó en los meses posteriores a la firma. Un dato llama especialmente la atención y son las más de 5 mil declaraciones de víctimas realizadas entre enero y junio de este año en el Resguardo Jambaló al norte del Cauca.
Sin embargo, y así lo constata el monitoreo, hay muchas víctimas que nunca han podido declarar por temor o por otras razones como se pudo constatar en el municipio de Uribe, Meta. Y ahora, “no lo podrán hacer porque como son hechos de años anteriores los consideran extemporáneos”, como lo explica uno de los líderes del proyecto quien ve como va siendo cada vez más difícil garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la reparación integral.
Tampoco es fácil para las víctimas avanzar en rutas alternativas para obtener acceso a reparación, situación que se agrava en el Meta donde la Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las Víctimas ha venido excluyendo casos nuevos que se habían incluido en el Registro Único de Víctimas.
Estos primeros resultados de monitoreo participativo son indicativos del impacto que trae sobre las comunidades, la implementación del Acuerdo Final de Paz y la justicia transicional, y muestran una realidad difícil para las víctimas en la actualidad. Crece la presencia de actores armados en territorios del Meta y norte del Cauca. La implementación de los programas de sustitución de cultivos ilícitos es débil y prevalece la incertidumbre sobre cuáles serán los beneficios que traerán los nuevos mecanismos de la Justicia Especial para la Paz y la Comisión Especial para el Esclarecimiento de la Verdad. Unas cifras que demuestran que a los habitantes de municipios del Meta y norte del Cauca la paz se les está yendo de las manos.
