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Editorial

Publicado el 27 marzo 2020 | por Comunicaciones PAX

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Los grupos armados usan la crisis del coronavirus para matar

Tras el asesinato de ocho defensores de los derechos humanos y las amenazas de muerte recibidas por otros, activistas colombianos temen que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus sea explotada por los grupos armados ilegales.

Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos comparten esta preocupación.

Colombia entró en una cuarentena nacional el miércoles 25 de marzo, pero ya se habían tomado medidas locales en algunas zonas. Los ocho asesinatos ocurrieron todos en comunidades que estaban bajo cuarentena debido al coronavirus.

Varias instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y a prevenir la violencia se han vuelto menos activas debido a la cuarentena. A medida que aumenta el número de infecciones por coronavirus en Colombia y se restringe cada vez más la movilidad, se ha hecho cada vez más difícil recurrir a los mecanismos que existían para proteger a los líderes sociales y activistas por la paz. Esta falta de protección afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, las personas a las que se les dice que permanezcan en sus hogares son ahora fáciles de encontrar para quienes buscan hacerles daño.

Joris van de Sandt, líder de programa de Latinoamérica, dice: «El Estado colombiano y las autoridades locales tienen la responsabilidad de garantizar la protección de todos los líderes sociales. Los grupos armados ilegales no deberían poder actuar libremente y con impunidad durante la cuarentena. Pedimos al Presidente Duque que proteja a la población, no sólo del coronavirus, sino también de las armas que han silenciado a tantas personas antes».

Ola de asesinatos

Una ola de asesinatos se ha presentado en las últimas dos semanas. El 19 de marzo tres personas fueron asesinadas: Marco Rivadeneira, un reconocido activista social y líder político en el Putumayo; Ivo Humberto Bracamonte, un político progresista local en Norte de Santander; y Ángel Ovidio Quintero, un líder social local en Antioquia. El 24 de marzo fueron asesinados dos líderes indígenas y un ex guerrillero. Además, los grupos armados han desplazado por la fuerza a personas en el Chocó y en Nariño.

A principios de este mes, Alexis Vergara, un líder afrocolombiano y sindicalista de la industria azucarera, fue asesinado el 8 de marzo en el norte del Cauca, una zona donde PAX trabaja. En la región minera del Cesar, Margeyis Valencia Barbosa, líder y defensora de los derechos territoriales de su comunidad, recibió un panfleto con una amenaza de muerte el 16 de marzo. Desafortunadamente esto no es nada nuevo. Las comunidades afrocolombianas de Cesar han estado amenazadas durante años y han sido repetidamente blanco de la violencia. Uno de ellos, Néstor Iván Martínez, que se oponía a la expansión de las operaciones mineras de la multinacional Drummond, fue asesinado en septiembre de 2016. (PAX ha estado trabajando en Cesar durante muchos años.)

La falta de protección

Desde hace un tiempo, Colombia ha sido uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas y líderes sociales. Debido a la cuarentena y al enfoque del gobierno colombiano en la lucha contra el coronavirus, los riesgos para los activistas son aún mayores ahora.

La Unidad Nacional de Protección, el organismo que brinda protección a políticos y figuras públicas, ha venido reduciendo sus medidas de protección, incluyendo guardaespaldas, teléfonos celulares seguros y vehículos blindados. A los que han sido amenazados se les dice que permanezcan en sus residencias, pero sin ninguna protección. La Defensoría del Pueblo ha cerrado recientemente sus puertas en todo el país y las alternativas, como el acceso por medios virtuales de comunicación, no suelen ser accesibles para los más vulnerables. Los mecanismos existentes de prevención y protección de emergencia para los defensores de los derechos humanos se han debilitado, lo que hace que se sientan abandonados por el Estado. Temen una violencia cada vez mayor y existe una desconfianza generalizada hacia las autoridades locales.

Proteger a la población

Enfatiza Van de Sandt: «La crisis del coronavirus significa que los líderes sociales que han sido atacados en el pasado porque defendían sus derechos o criticaban a las empresas y a las autoridades locales corren ahora un mayor riesgo. Por ello, hacemos un llamado a todas las autoridades colombianas, así como a las empresas que operan en los territorios en los que continúa el conflicto armado, para que rechacen estas amenazas y hagan todo lo que esté a su alcance para proteger a estas personas». ”

Mas información en:

Colombia: Medidas contra el COVID-19 no deben ser excusa para desatender la protección de personas defensoras de derechos humanos
Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: The Guardian 

 


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