Muchos ex combatientes de las FARC son jóvenes que apenas si conocieron la escuela y saben poco sobre el mundo exterior. En la región del Cauca en particular, las FARC reclutaron para su lucha armada a muchos indígenas. Estos jóvenes comparten la traumática experiencia de haber tenido que abandonar su lugar de origen para emprender una vida incierta en la guerra para luego quedarse atrapados en una compleja situación de postconflicto.
Por Karin Anema
“Es mucho más fácil comenzar una guerra que terminarla”, Gabriel García Márquez
El coordinador general del programa en Colombia de la organización holandesa PAX, Joris van de Sandt viaja con regularidad al Cauca donde las FARC, muchos años atrás, plantaron su bandera de guerra y donde luego – no menos perturbador – los cultivos de uso ilícito hicieron su aparición. En esta región, viven en sus resguardos cerca de 230 mil indígenas del pueblo Nasa con su propio gobierno y justicia. Durante décadas, los Nasa estuvieron en el fuego cruzado entre los grupos guerrilleros FARC y ELN asentados en las montañas, y el ejército y los paramilitares ubicados en los valles y planicies. Ahora, después de 53 años de guerra, sus heridas se están curando lentamente. Sin embargo, en Cauca todavía existe el mayor número de asesinatos selectivos siendo los líderes sociales, muy a menudo nativos, la mayoría de las víctimas. Los perpetradores provienen de los neoparamilitares, las guerrillas no desmovilizadas y los disidentes de las FARC.
El Gobierno de Colombia tiene en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización) un programa para la reintegración de antiguos combatientes encabezado por la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización), pero, aclara Van de Sandt, “es importante implementar en las comunidades colindantes [receptoras] un trabajo con enfoque diferencial como lo establece el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz”.
Muchos de los excombatientes, sobre todo los que fueron reclutados cuando eran menores de edad, son y se sienten víctimas. Muchos perdieron todo contacto con sus comunidades, incluso con sus familias, algo que pesa mucho dentro de los pueblos indígenas en donde ser y sentirse parte de la comunidad es muy importante. De otro lado, las víctimas de la guerra que no participaron de ninguna manera en el conflicto, observan a los excombatientes como personas que participaron en una guerra en la cual los indígenas no tenían nada que ver. Algunos habitantes de la región “piensan que el gobierno favorece a estos perpetradores con educación, capacitación y un subsidio para regresar a la sociedad, dejando a las verdaderas víctimas de la guerra en el olvido. Estos complejos problemas complican la reincorporación y la reconciliación”.
Documental: La reincorporación de excombatientes indígenas en el norte del Cauca
Vale la pena intentar
PAX, a través de un proyecto piloto, busca en el norte del Cauca acompañar a las autoridades tradicionales en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, desde la perspectiva de la reincorporación comunitaria en el caso de alrededor de 100 excombatientes en tres comunidades. La solicitud de asistencia en el proceso proviene de las propias autoridades indígenas.
Vale la pena destacar que un importante número de excombatientes no han ido a los campamentos de transición porque decidieron desmovilizarse por cuenta propia. Simplemente se fueron a casa, lo que significa que hoy en día el gobierno no los reconoce como excombatientes. Como resultado, no tienen derecho a asistencia y no se les entrega un certificado como persona desmovilizada, otorgado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), algo que les permitiría comenzar de nuevo con un borrón ante la justicia colombiana A lo anterior, se suma el que algunos excombatientes de las FARC vean a estos desmovilizados, como desertores.
Pero existen muchos que sí siguieron la ruta oficial de desmovilización a través de los Zonas Veredales Transitorias de Normalización pero que luego regresaron a sus comunidades. Durante este periodo de reincorporación, pasan parte de su tiempo en los campamentos de transición y parte con sus familias. En cualquier caso, la realidad muestra que existe un riesgo latente de que muchos excombatientes terminen involucrados en el tema de los cultivos ilícitos por falta de oportunidades y orientación, o vuelvan a unirse a los grupos armados.
Entre el castigo y la armonización
Dadas las grandes diferencias entre los municipios en donde vive el pueblo Nasa, PAX centra su proyecto de reincorporación en tres lugares diferentes: Caldono, Buenos Aires y Jambaló. En cada uno de los municipios, la política de reincorporación adquiere matices diferentes. En Jambaló, líderes indígenas buscan respetar una norma indígena establecida en el año 2000 que determina que todo aquel que se iba para la guerra perdía los derechos provenientes del proceso organizativo (por ejemplo, a la participación política y el acceso a la tierra).
Actualmente, el primer paso de las autoridades tradicionales es determinar si los excombatientes son responsables de delitos graves o si tienen deudas pendientes con la comunidad indígena. En ese caso, las autoridades tradicionales insisten en que éstas personas son procesadas por la Jurisdicción Especial Indígena, y no se les permitan beneficios en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. En segundo lugar, las autoridades han decidido delegar la exploración del trabajo de reincorporación comunitaria a las veredas. En cuanto a las personas que fueron reclutadas como menores de edad, se les brinda una ruta de atención a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Todos los excombatientes deben participar en un proceso de una armonización cultural porque algunos sectores de la comunidad temen que los ex combatientes traigan malos hábitos adquiridos durante su militancia en las filas de las FARC. Para Van de Sandt: “El riesgo de una actitud estricta es que los excombatientes se unan a los grupos disidentes de las FARC o que las autoridades de diferentes resguardos comiencen a tener problemas entre sí porque los excombatientes prefieran acogerse a una comunidad más flexible con la reincorporación”. Como por ejemplo, la del municipio de Buenos Aires, un pequeño resguardo que se ubica en un territorio con problemas de seguridad por cuenta de los cultivos de usos ilícito y la presencia de actores armados ilegales. Por necesidad, las autoridades locales tradicionales de allí, eligen ser más pragmáticas a la hora de recibir a los ex combatientes.
Entre una política de reincorporación rigurosa en Jambaló y una pragmática en Buenos Aires, está la actitud moderada en el municipio de Caldono: en este resguardo la autoridad indígena trabaja con los excombatientes desde lo psicosocial y cultural y busca la armonización con la comunidad. Ellos, participan en a rituales de reconciliación y acepten el apoyo de las autoridades espirituales. Con ellos se trabaja el tema de la educación y reciben una reeducación cultural y acompañamiento en el manejo de situaciones traumáticas.
Lecciones aprendidas
Los actuales excombatientes de las FARC no son los primeros desmovilizados que deben reintegrarse. Durante las últimas décadas, en plena guerra, gota a gota, ex guerrilleros indígenas volvieron a casa por diferentes circunstancias. Para Van de Sandt: “La reincorporación de un número relativamente pequeño de personas en tiempo de guerra es diferente a la actual reintegración con un número elevado de excombatientes en tiempos de posconflicto. El riesgo de la perturbación en la comunidad es en este momento, potencialmente mayor”.
Una cuidadosa reincorporación es primordial según Van de Sandt: “no solo con atención para el individuo sino también tomando en cuenta el contexto social, la familia y la comunidad. PAX respalda a las autoridades indígenas en su búsqueda a favor de una reincorporación comunitaria integral”. Con ella, el objetivo de las comunidades indígenas es restaurar la armonía perturbada en la comunidad reduciendo con ello, la probabilidad de nuevos conflictos internos debido a problemas no resueltos.
Reducción de penas
De acuerdo con el Acuerdo Final de Paz, los indígenas pueden emprender la reincorporación de sus excombatientes, incluyendo la impartición de justicia, de acuerdo con sus propios usos y costumbres. Antes de admitir a los excombatientes, algunas de las autoridades indígenas en Jambaló quieren primero saber qué delitos han cometido los desmovilizados en sus comunidades para luego determinar qué tipo de sanciones, qué trabajo comunitario o en los casos más graves, qué condenas se les imponen (aplicar remedio). En algunos casos, la Jurisdicción Especial Indígena tendrá que concertar con la Jurisdicción Especial para la Paz.
Están convencidos que la justicia indígena debe prevalecer en sus territorios en todo momento, incluso, si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ofrece una pena alternativa a los actores de guerra. Van de Sandt: “El desafío es armonizar la JEP con la Justicia Especial Indígena (JEI). Por otra parte, abogamos para que las comunidades indígenas puedan desarrollar su propio programa de reincorporación de acuerdo con su cultura, eso significa, con un enfoque diferencial y comunitario. Si el gobierno no lo apoya, surgirán nuevos conflictos”.
Por ello, el liderazgo de las autoridades indígenas en el proceso de reincorporación en la comunidad debe ser reconocido tanto por el gobierno como por las FARC. “La tarea de PAX es acompañar a las autoridades indígenas en la búsqueda del reconocimiento oficial de este programa de reincorporación comunitaria”, concluye Van de Sandt.
