La Jurisdicción Especial para la Paz a través del Macro Caso 08 abre la posibilidad de que terceros civiles, como ejecutivos de empresas y corporaciones, rindan cuentas por su participación en crímenes de guerra. Un hecho que no solo constituye un referente de justicia para el mundo, sino también una oportunidad para que las víctimas de presuntos abusos empresariales en contextos de conflicto armado accedan a la verdad y la justicia que han buscado durante más de dos décadas.
Son varias declaraciones que se han entregado a la JEP sobre el papel de empresas en el conflicto armado. En abril de 2023, el excomandante del Bloque Norte de las AUC, Salvatore Mancuso, declaró que los paramilitares recibieron apoyo de empresas de la talla de Drummond, Coca Cola Postobón, Bavaria y Ecopetrol. Inclusive, antes de la apertura del macro caso 08 en agosto de 2022, la JEP recibió declaraciones sobre la presunta complicidad de empresas mineras de carbón en la violencia dirigida a líderes sindicales y poblaciones locales del Cesar, como es el caso de Jaime Blanco (excontratista de Drummond), Jairo de Jesús Charris (excomandante paramilitar) y Trino Luna (exgobernador de Magdalena).
El Macrocaso 08: objeto, líneas de investigación y regiones priorizadas
El macro caso 08 busca investigar y determinar las responsabilidades en los “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.
Las líneas de investigación del caso corresponden a los tres grandes patrones macro criminales identificados hasta ahora, en función de las motivaciones estratégicas de los crímenes: 1) Crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes; 2) Crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares; y 3) Crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
Además, la JEP resolvió priorizar cinco (5) subregiones concebidas como territorios críticos, debido a “la magnitud de la victimización, el impacto diferenciado de los crímenes, la representatividad de los presuntos responsables, la gravedad de los hechos y la relevancia de los mismos”. Las regiones priorizadas son: El Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; el Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.
Presunta relación entre empresas de carbón y paramilitares de las AUC
El 27 de enero de 2021 PAX y otras organizaciones hicieron un llamado a la Drummond para incentivar la participación de sus directivos en la JEP, como una muestra de responsabilidad corporativa y compromiso social, dado que según sostiene la Fiscalía, hay suficiente material probatorio para determinar que la compañía se benefició con los delitos que las AUC cometieron contra la población civil. A la fecha, ningún directivo de la empresa ha comparecido ante la JEP, sin embargo, otros terceros civiles y exparamilitares del Bloque Norte sí lo han hecho, brindando información detallada sobre la presunta participación de Drummond en varios delitos relacionados con el conflicto armado.
El primero en declarar fue Jaime Blanco Maya, excontratista de Drummond, quién afirmó ante la JEP que James Adkins y el General (r) Rafael Peña, jefes de seguridad de Drummond, se encargaron de “montar una estructura para financiar a las autodefensas a través de su contrato” (Resolución 5015 de 2021, JEP, pág. 29). Según Blanco, el Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC recibía 30 millones de pesos al mes, de los cuales él “debía pagar cinco y el excedente la multinacional, cuyo aporte se tramitaba a partir de los sobrecostos en los contratos que se suscribían”. Como contraprestación, “las AUC daban seguridad al desarrollo de la actividad económica, a través de patrullajes alrededor de la mina de extracción y la línea férrea”. Luego de finalizado el contrato de alimentación con Blanco Maya, “las AUC recibían dineros a través del contrato que la empresa de seguridad Secolda tenía con la multinacional Drummond”.
Por otra parte, en abril de 2023 se hicieron públicas las declaraciones de Jairo de Jesús Charris, Alias Miguel, excomandante paramilitar del Bloque Norte de las AUC, quien señaló que el asesinato de líder sindical Gustavo Soler tuvo como máximos responsables al presidente de la época, Augusto Jiménez, al dueño de la empresa, Gary Drummond y al expresidente de la compañía a nivel mundial, Mike Tracy. Charris afirmó tajantemente que “las órdenes de asesinar a los sindicalistas venían directamente del dueño de la empresa, el británico Gary Drummond”.
La tercera declaración la hizo Trino Luna, exgobernador de Magdalena, condenado por parapolítica, quien fue aceptado por la JEP el 12 de julio de 2022. Luna dijo a la JEP que cuando fue gobernador tuvo conocimiento de que “había una relación estrecha entre las AUC y la Drummond y frente a eso no se actuó.” El exgobernador afirmó que participó en una reunión celebrada en una finca del señor Blanco Maya a la que habrían asistido tanto este como comandantes de las AUC, y en la cual se habría discutido, justamente, “la importancia que esa empresa [Drummond] revestía para la organización criminal”.
Más recientemente, en mayo de 2023, Salvatore Mancuso confirmó la participación de las AUC en los asesinatos de Valmore Locarno y Víctor Orcasita y aseguró que el jefe de seguridad de Drummond, James Adkins, les entregó a las AUC un listado de sindicalistas que luego fueron asesinados, entre ellos, Cándido Méndez y Gustavo Soler. Mancuso afirmó que ampliará detalles en posteriores diligencias. Esto confirmaría lo que ya había dicho a la JEP Blanco Maya, y es que el móvil de esos homicidios no fue para conservar los contratos de alimentación, sino que “provino del pacto de contribución de la multinacional con las AUC en la lucha antisubversiva y bajo órdenes del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40”.
Aunque directivos y exdirectivos de Drummond han dicho que existe un cartel de falsos testigos, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP señaló que la información entregada por Blanco Maya es coherente y consistente, por cuanto todo lo dicho se acompasa con otros medios probatorios, reafirmando la validez del material probatorio expuesto por la Fiscalía en la resolución de acusación a los directivos, proferida en diciembre de 2020.
A su debido tiempo, la verdad saldrá a la luz
Estas declaraciones son de gran relevancia porque sobre la presunta complicidad de las empresas en crímenes relacionados con el conflicto armado, como la financiación de grupos paramilitares y los homicidios de los líderes sindicales en el caso de Drummond. En efecto, el 31 de mayo de 2023 se confirmó la acusación por el delito de concierto para delinquir agravado por un fiscal del Grupo de Compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional, en contra de José Miguel Linares y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de Drummond respectivamente. Este proceso penal se encontraba suspendido, toda vez que la resolución de acusación de la Fiscalía fue apelada en febrero de 2021, año desde el cual el proceso se había detenido hasta que el pasado 31 de mayo se confirmó la decisión.
La apertura del Macro Caso 08 es un escenario judicial adecuado para que otras corporaciones y terceros civiles se presenten ante la JEP con el fin de contribuir a la verdad y reparación de las víctimas en Colombia. No en vano la jurisdicción ordinaria y diferentes procesos en la justicia transicional continúan realizando investigaciones que vinculan a empresas nacionales y multinacionales con actores armados en el marco del conflicto armado.
Lo que ha dicho Mancuso ante la JEP, como máximo comandante del Bloque Norte de las AUC es de mucha relevancia, ya que corroboran las declaraciones que anteriormente han hecho comandantes de menor rango de las AUC y que han sido desacreditadas por los abogados de Drummond en otras jurisdicciones, tanto dentro como fuera de Colombia. En caso de que Mancuso sea admitido en la JEP, vendrán nuevas declaraciones que proporcionarán más detalles sobre las acciones de estas empresas. En este sentido, PAX y las organizaciones de víctimas confían en que, a su debido tiempo, la verdad saldrá a la luz.
