Por: Julieta Firmat, MSc. de la Universidad de Utrecht (Países Bajos)
Mientras los medios de comunicación están inundados por los titulares sobre la crisis venezolana y la negativa del Presidente Maduro a dimitir, muchas de las consecuencias subyacentes de la migración masiva pasan inadvertidas. Una de estas preocupaciones es el reclutamiento de migrantes venezolanos en la frontera colombo-venezolana por parte de grupos armados ilegales colombianos.
Cerca de 1,3 millones de venezolanos han huido de la crisis económica a Colombia en busca de bienes básicos como alimentos y medicinas, y en última instancia, una vida libre de miseria. Sin embargo, a medida que el gobierno colombiano y las organizaciones de la sociedad civil luchan por ayudar a los miles de migrantes que cruzan la frontera todos los días, los grupos armados han llegado para satisfacer sus necesidades y, a su vez, cubrir sus filas. Aprovechando su situación vulnerable, estos grupos armados ilegales ofrecen a los migrantes desesperados comida, refugio y una suma de aproximadamente US $ 300 por mes, lo que es más de 30 veces el salario mínimo en Venezuela.
A medida que aumentaban las tensiones debido a las discusiones sobre una posible intervención militar de los Estados Unidos a través de Colombia para derrocar al régimen venezolano, Maduro cerró temporalmente la frontera oficial entre ambos países, profundizando su ya tensa relación. Aunque la frontera se reabrió después de 4 meses, como resultado, las personas que usan la frontera todos los días corrieron un gran peligro.
Los migrantes que huyen a Colombia tuvieron que hacer su viaje a través de los cruces irregulares conocidos como trochas, exponiéndolos a la explotación de los grupos armados ilegales que controlan la región fronteriza, donde las mujeres y los niños son especialmente vulnerables a la violencia, y los hombres jóvenes son reclutados. A pesar de la reapertura oficial de la frontera, las largas filas y las estrictas restricciones han llevado a los migrantes a continuar cruzando a través de las peligrosas trochas. En America Latina tenemos claros ejemplos que ilustran esta problemática. Por ejemplo los peligros que deben atravezar los migrantese y solicitantes de asilos que Cruzan México y entran a los Estados Unidos. Ellos deben viajar a través de corredores criminales como el del cartel de los Zetas, exponiendose a la extorsión y la violencia, al secuestro, la trata de personas y los asesinatos.
Una vez que los migrantes sobreviven el difícil viaje a Colombia, los peligros no desaparecen. A medida que los venezolanos llegan a Colombia en condiciones vulnerables, las comunidades fronterizas no están preparadas para atender sus necesidades críticas. La falta de oportunidades en la región fronteriza la ha convertido en un lugar primordial para que crezcan los grupos armados. Uno de los campos de reclutamiento central es la región fronteriza de Arauca en el este de Colombia. Cuando los refugiados cruzan el río Arauca, son vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos disidentes de las FARC que encontraron un refugio seguro en la región de la porosa frontera.
Como resultado del Acuerdo de Paz de 2016 existe un vacío de poder en las regiones que una vez estuvieron firmemente controladas por las FARC. Hasta hoy, el gobierno colombiano no ha implementado gran parte del Acuerdo de Paz ni ha ejercido el control sobre las regiones rurales fronterizas, dejando espacio para que los grupos armados suplan su ausencia.
El ELN y las disidencias de las FARC se han convertido en una importante fuente de empleo para docenas migrantes venezolanos que buscan una vida mejor. Muchos comienzan con empleos de bajo nivel dentro del grupo y algunos están listos para convertirse en guerrilleros entrenados. Estos grupos armados utilizan bombardeos y secuestros de civiles inocentes para llevar a cabo extorsiones. Esta problemática se suma a la crisis que vive el país por el aumento de los asesinatos selectivos de los hombres y mujeres que asumen liderazgos en comunidades y regiones que han resistido los embates del conflicto armado.
Se desconoce el número exacto de migrantes que se han unido a las filas de los grupos armados colombianos. Las estimaciones oscilan entre 200 y 500 venezolanos dentro de los grupos del ELN y las disidencias de las FARC. A medida que la crisis se profundiza, estos números continuarán creciendo. El gobierno colombiano ha respondido creando la Fuerza Despliegue contra Amenazas Transnacionales, una unidad especial del ejército que abordará amenazas transnacionales como el narcotráfico, el contrabando y el refuerzo de la seguridad en la frontera. Las fuerzas armadas han duplicado su duro enfoque de seguridad en la región fronteriza, pero hasta ahora los resultados han sido muy pocos. Un enfoque de seguridad de línea dura ha demostrado tener un “efecto globo” donde los grupos armados son desplazados más hacia el territorio venezolano solo para reagruparse una vez que las fuerzas armadas se retiran.
El pasado mes de abril el gobierno del Presidente Duque anunció un plan de impacto para mitigar efectos de crisis en la fronteracon una inversión de US $ 228 millones que apunta a fortalecer la educación, salud y construcción de instituciones. Los bajos niveles de confianza entre el estado y las comunidades locales, hacen que el resultado sea incierto. Para abordar las raices de la crisis de la frontera es necesario que las fuerzas armadas, antes de aumentar su presencia en la zona, contribuyan a mejorar el clima de seguridad en las comunidades azotadas aun por el accionar de los grupos armados.
Desafortunadamente, es probable que la situación empeore antes de que pueda mejorar. A medida que se profundiza el sufrimiento de Venezuela debido a la creciente mano fuerte de Maduro, más migrantes están optando por buscar una mejor vida en Colombia.
Mientras Colombia lucha por implementar la paz, las consecuencias de la crisis venezolana en la región fronteriza deben convertirse en una prioridad para los responsables políticos. El gobierno colombiano, en un esfuerzo conjunto con organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, debe abordar las causas estructurales que conducen al crecimiento de los grupos armados colombianos. Reforzar el enfoque de seguridad del estado hacia sus territorios periféricos y comenzar a ver estas áreas como oportunidades para la paz, son un paso fundamental hacia adelante. El estado colombiano debe centrarse primero en aumentar la asistencia humanitaria a las comunidades que manejan la carga de la crisis migratoria, y luego en aumentar y mantener una presencia estatal dentro de estos territorios rurales a largo plazo, para desarrollar estas regiones. Las políticas integrales que incluyen las voces de las comunidades locales y los migrantes por igual, son esenciales para enfrentar la crisis fronteriza.
La presión pública para una transición pacífica en Venezuela no solo disminuirá el sufrimiento humano, sino que también ayudará a implementar la estabilidad en toda la región. Es imperativo que la comunidad internacional continúe desempeñando su papel de asistencia a los países receptores y sus comunidades a medida que continúan mitigando esta crisis sin precedentes en la región.