Colombia se prepara para una nueva jornada nacional de paro el 21 de enero. En lo corrido de 2020, y según las cifras de las organizaciones sociales del país, son 20 personas y que tienen algún tipo de liderazgo en la defensa de los derechos humanos: 6 líderes han sido asesinados en Cauca, 5 en Putumayo, 2 en Huila, 2 en Antioquia, 2 en Chocó y 1 en Córdoba, 1 en Cesar y 1 en Norte de Santander. Estos hechos, rechazados fuertemente por los colombianos, han entrado en un proceso de normalización que preocupa y que nos invita a no desfallecer en los intentos de defender el Acuerdo de Paz y a llamar la atención nacional e internacional sobre estos crímenes sistemáticos.
El próximo paro nacional es la continuación del clamor de millones de colombianos en las ciudades y en los campos que no tienen garantías para la participación, han sido víctimas de la indiferencia estatal a sus derechos fundamentales, viven en escenarios de guerra, y que levantan su voz ante hechos de corrupción que vive el país.
Colombia se encuentra atravesando un difícil momento: organizaciones de derechos humanos, locales, regionales y nacionales, continúan denunciando que los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos son el foco de los actores armados porque impulsan procesos que tienen que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios, trabajan en territorios históricamente en disputa con grandes terratenientes y se encuentran en zonas de importancia geoestratégica. No hay garantías para la protección de la vida y la integridad de quienes por convicción y vocación, defienden los intereses de las comunidades, y no hay políticas claras ni voluntades políticas del gobierno que permitan avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.
Ante las cifras de amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, el pasado 8 de enero, sesionó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc (Punto 3.4), con el objeto específico de “seguimiento y diseño de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización criminal que atente contra defensores de derechos humanos, líderes y movimientos sociales o que amenacen la implementación del Nuevo Acuerdo Final”. Este es definitivamente un espacio que debe reactivarse y fortalecerse para detener la violencia y buscar soluciones a las amenazas que se presenten en la implementación del acuerdo. Y el desafío es hacer de esta comisión el lugar para para garantizar la seguridad de las comunidades, excombatientes y líderes sociales amenazados.
La sociedad civil permanentemente busca aliados para prevenir y solucionar el momento crítico que atraviesa el país. En carta enviada el 15 de enero de 2020 al Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, la plataforma Defendamos la Paz, integrada por diversos y representativos sectores de la sociedad colombiana y de la cual hace parte PAX Colombia, solicitó la documentación y análisis, de acuerdo a las competencias y mandato de esa oficina, para intervenir y apoyar a las comunidades afectadas por estas situaciones.
Condenamos estos ataques y reiteramos la urgencia de investigación, sanción y juzgamiento de los responsables de estos hechos que atentan y amenazan la vida de los colombianos comprometidos con la democracia y la paz. Se necesitan acciones contundentes que desestructuren los factores de riesgo para el trabajo de los líderes sociales, les brinden garantías para adelantar su liderazgo en las regiones y se avance efectivamente en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz con un enfoque de protección integral.
Invitamos a la comunidad internacional y nacional a que no abandone los esfuerzos para que la crisis que actualmente atraviesa Colombia pueda superarse y que permanezcan apelando a que se investiguen estos hechos, se prevengan, no con medidas de protección ordinarias, sino con esfuerzos para que la sistematicidad de los crímenes sea develada.
Desde PAX invitamos al Estado a avanzar de manera prioritaria en la construcción y fortalecimiento con las comunidades afectadas, de esquemas de protección culturalmente apropiadas por ellos, empoderando el trabajo y liderazgo comunitario y dando pronta respuesta a su crítica situación de seguridad.
El llamado es a continuar apoyando a las comunidades, los defensores de derechos humanos, a los líderes y lideresas. Que las alertas emitidas por las organizaciones sociales y las entidades en los territorios sean tenidas en cuenta para prestar solución oportuna y evitar más asesinatos. Nos ofrecemos para apoyar y aportar en la búsqueda de soluciones conjuntas a esta terrible situación que viven a diario quienes hacen parte fundamental de nuestra democracia.