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Publicado el 15 enero 2020 | por Comunicaciones PAX

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Nuevos testimonios contra la multinacional minera Drummond

Seis ejecutivos de la empresa minera Drummond fueron llamados a indagatoria en una investigación penal que recientemente inició la Fiscalía. Un total de 12 nuevos testimonios arrojan luz sobre los supuestos vínculos entre Drummond y los paramilitares que se consideran responsables de muchas muertes y desplazamientos en la región en el período 1996-2006. Las comunidades desplazadas han reaccionado enfatizando su derecho a la reparación y la necesidad de un diálogo entre las compañías mineras y las víctimas en búsqueda de la verdad y la reconciliación.

La información sobre la investigación penal fue hecha pública la semana pasada por el periódico El Espectador (https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-testigos-contra-los-directivos-de-la-drummond-articulo-898638). Con base en documentos de la Fiscalía, el documento reveló que altos directivos colombianos de la compañía minera Drummond han sido interrogados recientemente sobre el supuesto vínculo entre ellos y los paramilitares en el período 1996 y 2006. La investigación está en curso y la Fiscalía tiene nuevas pruebas para investigar.

Nuevos testimonios

Drummond estableció sus operaciones en la región minera del Cesar en medio de un fuerte conflicto. Paralelamente a la configuración de la minería industrial, los paramilitares comenzaron a operar en la región y entre 1995 y 2006 desplazaron a 55,000 campesinos y mataron a más de 3,100 personas.

Parte de la documentación de la Fiscalía consiste en nuevos testimonios de 10 ex empleados de Drummond y 2 contratistas que han compartido sus conocimientos sobre el período en que los paramilitares controlaron y aterrorizaron la región minera. Estos testigos detallan, entre otros, la presencia de hombres armados en el comedor de los trabajadores de Drummond en 1999 y 2000 y la presencia de vehículos en la mina que también se utilizaron durante las masacres que tuvieron lugar en los municipios aledaños.

La documentación de la Fiscalía también cita un informe contextual de la Unidad de Restitución de Tierras, la institución gubernamental encargada de investigar los reclamos de los civiles y las comunidades desplazadas. Describe cómo las empresas mineras buscaron estrategias para proteger su infraestructura y su personal en los años posteriores a la instalación de operaciones en una zona de conflicto. “Es así como desde este período el accionar paramilitar en esta zona ha generado varios cuestionamientos en cuanto a las presuntas relaciones entre las empresas del carbón y el bloque Norte de los paramilitares a través del frente Juan Andrés Álvarez”, señala el documento citado.

Camino a seguir

Drummond siempre ha negado cualquier relación con los paramilitares. Con suerte, la investigación criminal aclarará el papel histórico de la empresa y sentará las bases para abordar el legado de derechos humanos. Joris van de Sandt, líder del programa para América Latina de PAX: «Al menos, Drummond debería comenzar a reconocer que su decisión de operar en una zona de conflicto a mediados de la década de 1990 ha tenido impactos negativos y que, en consecuencia, tiene la responsabilidad de contribuir a la reconstrucción de proyectos de vida y comunitarios para las comunidades desplazadas».

Durante años, las comunidades víctimas han pedido a las empresas mineras que entablen un diálogo sobre su papel durante el conflicto a través de la búsqueda de la verdad y esfuerzos conjuntos para reconstruir los medios de vida y encontrar nuevas formas de coexistencia pacífica. Las víctimas congregadas en la Asamblea Campesina han invitado formalmente a Drummond a iniciar ese diálogo. Deyis Carmona, presidente de la Asamblea: «Las investigaciones penales no nos sorprenden en lo más mínimo, ya que los testimonios han estado circulando desde la desmovilización de los paramilitares. Sin embargo, el trabajo de la Fiscalía evidencia, una vez más, la validez de nuestra propuesta de diálogo entre víctimas y la empresa a través de la cual queremos sanar las heridas del conflicto y construir un nuevo futuro «.

Muchas empresas de energía como Vattenfall, Uniper, RWE y Engie han pedido a sus proveedores de carbón que comiencen un proceso de reconciliación con las víctimas de violaciones de derechos humanos para pasar una página dolorosa de la historia. Para Van de Sandt: «Solicitar a las empresas mineras que lo hagan voluntariamente no ha tenido efecto alguno; con suerte, a la luz de las noticias sobre la investigación penal de Drummond, las empresas de energía dejarán en claro que hablan muy en serio e instarán a Drummond a darse prisa con el inicio de un diálogo directo con las víctimas».


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