Cesar

Publicado el 21 febrero 2018 | por Luisa Lopez

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PAX espera que la Corte Suprema de Justicia tutele el derecho de las comunidades a una reclamación colectiva de sus tierras

La Corte Suprema de Justicia admitió tutela que busca la acumulación procesal y la práctica de pruebas que garanticen los derechos de reclamantes de tierras en el Cesar.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Alvaro Fernando García Restrepo, admitió la tutela presentada por la Comisión Colombiana de Juristas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar bajo el radicado 11001020300020180036700, en la que se solicita proteger los derechos de los reclamantes de tierras en el Cesar: Carlos Eduardo Aragón Gámez y Alexandra Hidalith Orozco Guerra. La tutela busca que se ordene la acumulación procesal del caso, que involucra a toda la parcelación de El Platanal y que se cumpla con la práctica de pruebas que ya había decretado el despacho.

Este caso tiene que ver con las reclamaciones de tierras que por más de una década, han adelantado 22 familias de campesinos de la vereda El Platanal, jurisdicción del municipio de Codazzi en el departamento del Cesar. Estos parceleros tuvieron que abandonar sus tierras por cuenta de la violencia paramilitar que se desató en la región a finales de los años 90 y que provocó masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y miles de hectáreas despojadas. Años después de estos hechos, personas que conocían la existencia de carbón en el subsuelo de las parcelas, se aprovecharon de la necesidad de los campesinos y les negociaron los predios por pírricas sumas para luego vendérselas a las compañías mineras.

Nuestra organización ha acompañado por muchos años a varios de estos parceleros, quien de manera conjunta  con la Comisión Colombiana de Juristas y Abogados de confianza, le habían solicitado al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar que se realizara la acumulación procesal que permitiera a las víctimas llevar a cabo un proceso colectivo de restitución de tierras y no de manera fraccionada como lo viene planteando la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Cesar, Guajira.

La decisión del Juez de no admitir la acumulación procesal en el caso El Platanal no se entiende, puesto que se trata de los mismos parceleros, colindantes en un mismo predio, víctimas todos de los mismos hechos violentos y de los mismos victimarios e incluso Drummond Ltda, acude como opositor en todos los casos. Es decir, el contexto, la época de la violencia que se vivió y los intereses respecto de los fundos, son comunes a todos, sumando a lo anterior, la identidad social de la comunidad.

Para los abogados de los parceleros, cualquier decisión que se tome de manera individual, puede significar una revictimización a las personas que se encuentran solicitando la restitución en El Platanal.

Las víctimas y sus representantes esperan igualmente, que la Corte Suprema de Justicia una vez resuelva la tutela, abra la puerta para que la justicia comience a abordar el tema de minería vs restitución o que desde la jurisdicción especial de restitución de tierras, se haga una ponderación de los derechos de las víctimas frente a los proyectos de interés nacional como son los de la minería extractiva, discusión que hasta el momento no se ha dado.

Por tal razón, PAX  espera que este caso se resuelva a favor de las solicitudes que hacen las víctimas y al reconocimiento del carácter colectivo que tienen las comunidades que vienen reclamando tierras en la zona minera del Cesar.

 

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