Noticias

Publicado el 9 junio 2017 | por Fernando Arellano

0

Piden a Corte Penal Internacional investigar rol de ejecutivos de Chiquita en crímenes de lesa humanidad en Colombia

Coalición de organizaciones de derechos humanos y comunidades en Colombia buscan justicia después de más de una década de impunidad.

El pasado mes de mayo una coalición de organizaciones de derechos humanos en nombre de las comunidades de paz de San José de Apartado, solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar el rol de ejecutivos de la empresa multinacional Chiquita Brands International en crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Hasta la fecha, ningún ejecutivo ha rendido cuentas, a pesar de que la empresa confesó haber entregado millones de dólares a paramilitares colombianos que mataron, violaron, y desaparecieron a civiles. Si la CPI acepta investigar el caso, será la primera vez que actúa en contra de ejecutivos corporativos por facilitar tales crímenes.

En su comunicación ante la CPI, la coalición de grupos locales e internacionales de derechos humanos utiliza documentos internos de Chiquita, para rastrear la forma y los montos entregados por los ejecutivos a los paramilitares entre 1997 y 2004.

Aún después de que asesores jurídicos externos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informaron que dichos pagos eran ilegales bajo el derecho estadounidense, éstos continuaron. Esta comunicación incluye un apéndice sellado y confidencial que identifica por nombre a catorce altos empleados, directivos y miembros de la junta directiva de Chiquita, quienes de acuerdo con la coalición deben ser el foco de atención de la Fiscalía.

“Los ejecutivos que supervisaron el financiamiento de paramilitares no deben poder sentarse tranquilamente en sus casas en los Estados Unidos como si no hubieran hecho nada malo,” dijo un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien presentó una carta a la CPI sobre cómo la violencia paramilitar les afectó personalmente. “Hace demasiado tiempo que familias de todas partes de Colombia esperan justicia.”

Chiquita habría podido tener otra actitud o salir del país muchos años antes, pero, en cambio, decidió seguir adelante con su lucrativo negocio mientras pagaba a los paramilitares por una supuesta “seguridad” en las regiones bananeras. Para el año 2003, la empresa subsidiaria de Chiquita en Colombia era su operación bananera más rentable en todo el mundo.

“Para ése entonces, era notorio que los paramilitares colombianos atacaban a civiles, entre ellos a trabajadores bananeros y líderes sociales,”, indicó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). “A pesar de esto, los ejecutivos de Chiquita decidieron seguir entregando dinero a paramilitares”.

Como corporación, Chiquita ya fue declarada culpable en un tribunal federal estadounidense en 2007 por haber financiado ilegalmente a los paramilitares, pero no ha habido investigación penal en contra de los ejecutivos que supervisaron e implementaron el esquema de pagos. Y aunque el litigio civil contra los ejecutivos de Chiquita continúa en curso en los tribunales estadounidenses, no se ve un horizonte para un procesamiento penal en Estados unidos.

“Solicitamos que la CPI amplíe su examen preliminar en Colombia para incluir concretamente a los ejecutivos de Chiquita,” afirmó Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH. “El peso de la evidencia es suficiente para que la Fiscalía de la CPI actúe en caso de que la justicia colombiana no sea capaz de hacerlo”, agregó.

Si las autoridades colombianas no avanzan con este caso, esta comunicación solicita que el Fiscal pida autorización formal de la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir una investigación contra los ejecutivos de Chiquita.

Este documento llega en un momento crítico para Colombia, cuando el país empieza a implementar un histórico acuerdo de paz después de casi medio siglo de conflicto. Por ello la coalición urge a la Oficina del Fiscal seguir de cerca el proceso colombiano para asegurarse de que cumpla con los estándares de la CPI, particularmente sobre la responsabilidad del sector privado en el financiamiento al paramilitarismo y su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

“En momentos de transición hacia la paz, los actores corporativos logran eludir frecuentemente su responsabilidad por graves e indignantes conductas”, indicó el profesor Tyler Giannini, un director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

“El enjuiciamiento de los oficiales de Chiquita por sus pagos a paramilitares transmitiría un poderoso mensaje: que la impunidad de actores corporativos ya no puede seguir siendo como de costumbre”, puntualizó.

 


Sobre el autor



No se admiten más comentarios

Ir arriba ↑

PAX