En el marco del deterioro de la situación de seguridad, los municipios del Corredor Minero del Cesar viven una crisis social y económica, luego de que Prodeco renunciara a los títulos mineros y fueran suspendidas las operaciones en las minas La Jagua y Calenturitas. Esta situación trajo como consecuencia un aumento en la pobreza, el desempleo y un impacto negativo en la economía. Según líderes de la zona, el cierre de minas fue un hecho abrupto e inesperado, y “si bien compensaron a alguna gente, muchos no estaban preparados para dejar de trabajar, porque entraron siendo jóvenes y lo que aprendieron fue a hacer eso. No hubo un espacio donde hubieran preparado con antelación a los trabajadores para una cosa de esas”.
En ese sentido, las comunidades afectadas, liderazgos y organizaciones sociales se han movilizado exigiendo a la empresa y al gobierno nacional soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo, sin que, aspectos como el hambre o el desempleo, hayan sido atendidos con la urgencia que merece.
“La salida de Prodeco generó una crisis social y el Estado Colombiano no ha tomado decisiones inmediatas para dar solución a dicha crisis.”
Una nueva tensión social se vive en la región debido a la incertidumbre sobre la decisión de reapertura o cierre de las minas, luego de la renuncia y entrega de títulos por parte de prodeco. En ese aspecto el Estado Colombiano ha sido ambiguo, pues las instituciones competentes han afirmado que no adjudican las minas porque están dando cumplimiento a una medida cautelar dentro de una acción popular presentada hace un año por una persona natural en Bogotá y que exige la revisión de las obligaciones ambientales, lo que, según la Agencia Nacional Minera, puede demorarse varios años.
La salida de Prodeco generó una crisis social y el Estado Colombiano no ha tomado decisiones inmediatas para dar solución a dicha crisis. En ese entorno, las tensiones han venido intensificándose y las comunidades han tomado medidas de hecho en sus acciones. En ese sentido, los defensores de derechos humanos temen que el clima de tensión pueda traer nuevas amenazas y hechos victimizantes para las comunidades, sindicatos y organizaciones sociales.
El 23 de enero de 2023, comunidades protestaron en las vías de La Jagua de Ibirico, Codazzi, Becerril, El Paso, Curumaní y el Cruce de Chiriguaná, bloqueando el flujo vehicular desde Valledupar al interior del país y viceversa. Los manifestantes exigían la presencia del gobierno para acordar medidas de reapertura minera, un fondo de reactivación económica e inversión social en infraestructura de educación superior en temas no mineros.
En febrero de 2023, liderazgos que han abanderado la exigencia de un plan de cierre acorde con las necesidades comunitarias, denunciaron amenazas y peligros contra su vida e integridad. En dicha denuncia anónima, un líder aseguró que “la inseguridad por ejercer esta defensa de nuestro punto de vista, de nuestro territorio, nos puede costar la vida”.
La preocupación sobre la situación de derechos humanos y seguridad se acentúa, si se comprende el antecedente de relación entre conflicto social y violencia contra las comunidades. Históricamente, cuando las organizaciones sociales se movilizan para exigir garantías a sus derechos a la tierra, el trabajo digno, la reparación, la verdad, la autonomía de los territorios indígenas, entre otros, se incrementan los hechos de amenaza, despojo, homicidio, desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes.
“Las empresas no hicieron debida diligencia sobre las tierras que compraron. Hay unos casos en los que la gente fue despojada por grupos armados, y esas tierras terminaron en manos de las empresas mineras. No ha habido una acción de resarcimiento y reparación para las víctimas de estos hechos.” Líder Social
Esto cobra relevancia, si se tiene en cuenta que durante 2022 se presentaron hechos intimidantes, panfletos y amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en las zonas donde viven liderazgos en los municipios de La Loma, La Jagua, El Copey, Ciénaga (Magdalena), Santa Marta y en Becerril (incluido el corregimiento de Estados Unidos), luego de que se hiciera público el fallo de tutela que ordenó la instalación de una mesa de dialogo que garantice la participación de las comunidades en el Plan de Cierre de las minas de Prodeco.
Según lideres, “las empresas no hicieron debida diligencia sobre las tierras que compraron. Hay unos casos en los que la gente fue despojada por los grupos armados, y esas tierras terminaron en manos de las empresas mineras. No ha habido una acción de resarcimiento y reparación a las víctimas de esos hechos”. Exigen que se avance en el proceso de diálogo y concertación con las comunidades afectadas.
La situación que se desarrolla en el Corredor Minero, concretamente en La Jagua y Becerril, ya había sido advertida por PAX, Tierra Digna y el Grupo de Trabajo Suiza Colombia (ask!) en repetidas ocasiones en el pasado reciente. Las empresas deben tomar precauciones para que sus decisiones no generen nuevos riesgos para los derechos humanos, dando cumplimiento a las normas internacionales sobre conducta empresarial responsable y, en particular, sobre desvinculación responsable (cierre de operaciones económicas).
Apenas a finales de 2021 el grupo Prodeco publicó el documento que resultó de la Evaluación de Impacto y Riesgo sobre los Derechos Humanos (EIDH), encomendado a Fundación Ideas para la Paz en 2018, en donde se identificaron 20 impactos, de los cuales solo tres se refieren a cuestiones de seguridad, y sólo uno está relacionado con el conflicto armado. En ese sentido, estos resultados son cuestionables e insuficientes, porque no esclarecen el papel de la empresa en el conflicto armado y los efectos directos e indirectos sobre la población.
“Prodeco debe divulgar los resultados de la evaluación realizada por TRUST lo antes posible, para luego, actuar en consecuencia, es decir, tomar medidas para prevenir y mitigar estos impactos.”
Solo un año después de que Prodeco anunciara su renuncia a los títulos mineros, se inició una nueva Evaluación de Impacto (EIDH) en relación con su salida del Cesar. Dicha evaluación fue encargada a la consultora TRUST y aún no ha sido concluida, por lo que es evidente que Prodeco-Glencore no está cumpliendo las normas de conducta empresarial responsable.
Prodeco debe divulgar los resultados de la evaluación realizada por TRUST lo antes posible, para luego, actuar en consecuencia, es decir, tomar medidas para prevenir y mitigar estos impactos, de un modo ágil y adecuado, acorde a la ley, contando con la participación de las comunidades y en cooperación con las instituciones públicas.
PAX, Tierra Digna y ask! seguirán acompañando a las organizaciones, comunidades y liderazgos que han sido afectados por el conflicto armado y la economía extractiva en la región, convencidos de que la Política de la Paz Total del actual gobierno es una oportunidad histórica para cesar los hechos de violencia, restituir derechos a las víctimas, conocer la verdad sobre el conflicto, encontrar a las personas dadas por desaparecidas y reconstruir el tejido social que rompió la guerra, lo que pasa por una restauración ambiental por los impactos de la minería y lograr una transición económica justa.
