Desde uno de los celulares hurtados, llaman a intimidar al señor Daniel Cogoyo, quien ya había sido víctima de este mismo accionar en el mismo mes de 2022 junto a otras tres familias. Se evidencia que la construcción del sistema de riego en terrenos del Toco ha colocado a sus parceleros en peligro, en la mira de la delincuencia organizada o no. La empresa Agricel y las entidades del Estado local, departamental ya conocían de la comisión de hechos similares para esta misma fecha en años anteriores y no tomaron medidas al respecto, repitiendose el pasado domingo.
Las autoridades del Estado tienen como obligación garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el territorio nacional. Se recuerda que la comunidad de El Toco son sujetos de reparación colectiva de conformidad a lo establecido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y que algunos de los hoy propietarios están en sus parcelas despojadas por los grupos armados, por órdenes judiciales del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, lo que significa que es el Estado colombiano quien los ha colocado en situación de revictimización al no garantizarles su derecho fundamental a la restitución de tierras en condiciones de seguridad. Omisiones que colocan al Estado en franca vulneración de sus obligaciones tanto internas como internacionales.
Es de resaltar las demoras que han tenido en la construcción del sistema de riego en la parcelación del Toco. Un día de demora es un día más que pone en riesgo a la comunidad. Se les hace un llamado a los entes de control Departamentales y Nacionales para que coloquen la lupa en ese proyecto, el cual le ha traído a la comunidad solo penurias.
El mes de agosto se conmemora en la vereda el asesinato de 3 campesinos a manos de grupos armados en el año 2000. Cabe recordar que los hechos ocurridos el 23 de abril de 1997 las AUC incursionaron en la parcelación con el objetivo de silenciar a la JAC, le arrebataron la vida a varios integrantes y desplazaron a la comunidad.
En la vereda El Toco hay 80 familias que están en procesos de restitución de tierras desde hace más de 13 años, estas personas denuncian el desinterés de parte de las autoridades, la revictimización por parte de las instituciones territoriales y la anuencia de la Fuerza Pública con los actos criminales de los grupos armados. Debido a las múltiples denuncias sobre acciones que violentan los territorios y no manifiestan una reacción oportuna. Es de extrañeza que en la entrada al corregimiento de los Brasiles, lugar por donde transitaron las personas armadas que cometieron los hechos aquí denunciados, existe cámara de seguridad; a pocos metros de ese lugar existe un peaje en donde también existen cámaras de seguridad y que los vehículos en que ingresaron estos delincuentes eran automóviles en los que cargaron elementos tan pesados que se necesitaron alrededor de 6 personas para cargarlos. Lo que quiere decir que es fácil de identificar los vehículos entre los que transitan por ese lugar. Pero hasta la publicación de este comunicado, las autoridades no han realizado ninguna gestión en aras de identificar a dichos delincuentes.
Se denuncia que los grupos armados especialmente paramilitares, conforman las pequeñas bandas criminales como franquicias, y ante las precarias condiciones laborales los jóvenes, estos se ven influenciados a integrar los grupos armados con la promesa de un pago mensual, esta práctica ha acentuado el riesgo de la población y la dinámica de conflicto en el territorio.
Al Gobierno nacional, “Gobierno del Cambio” , la comunidad del Toco y las organizaciones civiles del departamento no han visto ningún cambio positivo, especialmente con respecto a las condiciones de seguridad en los territorios. Se observa un operar libre y desinhibido de las organizaciones armadas ilegales en los territorios recordando las nefastas décadas 90’ y 2000. La violencia en el departamento del Cesar es cíclica y el Estado no hace nada para evitar la repetición de las afectaciones a la población civil inocente.
A la comunidad internacional, le hacemos desde la Fundación Pax Colombia un llamado a cobijar y a proteger a la comunidad del Toco de los embates de la delincuencia y del desden estatal tanto local, como departamental y nacional, para evitar la repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos del que fueron víctimas en el pasado y que se evidencia se ambienta hoy la reproducción de los factores que en pasado permitieron dichas violaciones.
Ante estas constantes vulneraciones, las comunidades exigen la creación de una hoja de ruta para atender la emergencia a la que se ven enfrentados, también la actuación pronta y precisa de las autoridades que se encuentran en el territorio y solicitan medidas claras y expeditas para su protección y la prevención de la revictimización.
Apoyamos la clara y justa denuncia de la comunidad campesina de El Toco y solicitamos:
A la Fiscalía General de la Nación, cumpla con su obligación de realizar una investigación expedita y eficaz, que aclare y castigue lo sucedido el pasado 5 de agosto, en la parcelación del Toco.
Al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala especial de Restitución de Tierras, hacer la debida vigilancia y proferir las órdenes necesarias para que sus sentencias sean cumplidas a cabalidad, sobre todo en lo referente a la restitución de tierras en condiciones de seguridad y no revictimización.
A las instituciones de la Policía y Fuerzas Militares investigar las posibles omisiones de sus efectivos que ponen en riesgo a las comunidades, en especial a las del Toco. De igual manera tomar medidas eficaces y urgentes que garantice a los parceleros del Toco la pervivencia pacífica en el territorio.
La Unidad Nacional de Protección implementar las medidas de protección que hagan falta para salvaguardar las vidas de los líderes y lideresas de la región, en especial a los y las del Toco.
A las instituciones y autoridades locales coordinar un espacio para el diseño de una hoja de ruta que ayude a las comunidades a denunciar de manera eficaz y hacer seguimiento a los hechos denunciados.
A la Misión de Naciones Unidas en Colombia hacer acompañamiento y vigilancia de la situación de vulneración a los DDHH que viven las personas en El Toco.
La protección de las comunidades y en especial de las víctimas del conflicto que buscan caminos para la reparación debe ser una prioridad para el accionar institucional, hacemos un llamado urgente para atender las demandas de las comunidades del Toco, quienes resisten en medio de la guerra y el olvido estatal.
