Meta

Publicado el 23 mayo 2018 | por Luisa Lopez

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¿Son las víctimas el centro de la construcción de paz en Colombia?

Hasta la Plaza de Bolívar y en medio de una lluvia inclemente, llegaron representantes de víctimas de todos los rincones del Meta para exigirle al Gobierno que cumpla con lo establecido en la Ley 1448 y con la reparación integral pactada en el Acuerdo Final de Paz.

 Pedro León tuvo que caminar dos horas desde el corregimiento Palmeras para llegar hasta  Vista Hermosa, y de ahí, junto con otros cuatro representantes de víctimas de ese municipio, emprender camino hacia Bogotá con el fin de decirle claro y fuerte al Gobierno: “¡Basta ya de incumplirle en todos los aspectos a las víctimas del Meta, y de todo Colombia, y de seguir diciendo que son el centro de la construcción de paz, cuando no lo son!”.

Resguardándose del frío bogotano, Pedro León nos cuenta como fue despojado dos veces de sus tierras. El primer desplazamiento ocurrió en Mesetas por cuenta de los paramilitares y el segundo en Vista Hermosa a manos de la guerrilla. Con él viajó José Rosemberg Sánchez quien es claro al afirmar que, a pesar de la inclemencia del clima, de la falta de recursos para llegar a Bogotá y de la dificultad en el trayecto, están aquí para denunciar y visibilizar el incumplimiento en la aplicación de la Ley de Víctimas y de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz. Rosemberg  es representante de la Mesa Municipal de Víctimas de Vista Hermosa, un municipio en el que se calcula que la mitad de sus habitantes ha sido afectada por el conflicto armado, es decir, unas 13 mil 500 personas agrupadas en 18 organizaciones registradas ante la Personería.

Indolencia con las víctimas discapacitadas

Luz Dary Pineda se lamenta de la completa indefensión en la que se encuentran las personas que han quedado incapacitadas por estar, sin pedirlo, en medio de la guerra. Ella fue una de las 79 víctimas civiles de dos explosiones de un campo minado ocurridas en la vereda Caño 20, el 22 de abril de 2010. “Este hecho marcó al municipio de Vista Hermosa porque muchos de sus habitantes, niños, adultos mayores, mujeres, entre otros, resultamos afectados. “No hubo amputaciones ni mutilaciones”, cuenta Pineda, “pero quedaron enormes secuelas en aquellos que recibieron esquirlas, a los que se les reventaron los oídos, problemas en el estómago, en la cabeza, etc.”.

Luz Dary denuncia que casi todas las 362 personas que fueron víctimas de las minas sembradas en su territorio durante los largos años de la guerra, a pesar de estar inscritas en el Registro Único de Víctimas, no han tenido atención medica continua. Esta población tampoco ha accedido al derecho a la reparación, porque según ella, las autoridades argumentan que las personas deben demostrar una discapacidad física de más del 50 por ciento para recibir los beneficios.

Una historia similar es la que ha vivido José Ómar Hernández quien se desplazó desde Guamal, Meta hasta Bogotá para  reclamarle al Gobierno por los incumplimientos y por el abandono que padecen las víctimas con discapacidad física. A esta población, los programas productivos, de vivienda y otros, nunca llegan porque no están diseñados para quienes por hechos de violencia, quedaron con condiciones especiales. En el año 2004, José Ómar recibió el impacto de una mina antipersonal cuando atravesaba un puente colgante en el corregimiento de Piñalito. Las esquirlas que recibió le provocaron dice él, “una deshidratación de columna” que con lo años ha devenido en problemas lumbares, cervicales y neurológicos que lo dejaron por fuera de su actividad laboral. Pero su historia no termina ahí. Este campesino del Meta perdió a tres de sus hermanos, uno asesinado por los paramilitares y dos que aún siguen desaparecidos.  Le exige al Gobierno nacional que cumpla no solo con la Ley de Víctimas, sino también, con lo establecido en las leyes 1618 y 1145, normas que garantizan los derechos de las personas discapacitadas.

El dolor de las mujeres

Vivian Consuelo Castiblanco, quien viajó desde Acacías, Meta, no oculta su tristeza al ver como son ignoradas y utilizadas las mujeres que han sufrido todos los rigores de la guerra. Se siente pisoteada y revictimizada día tras día por el engaño permanente de las entidades del Gobierno que llegan a sus territorios con promesas de reparación que nunca se cumplen. No entiende como, “de otros países llegan billones y billones de pesos para atender a las víctimas, y estas, a pesar de ello, siguen en la misma situación e incluso peor”. Vivian se queja que la reparación comenzó por donde no debía, es decir, por los victimarios – autodefensas y FARC -. A Vivian la desplazaron, le asesinaron a su esposo y prefiere callar otros hechos de los que fue víctima e intenta  superar el dolor que carga encima liderando el reclamo por sus derechos y los de otras mujeres como ella.

 “El Gobierno nacional nos ha abandonado”

Wilfredo Espárraga, coordinador de la Mesa de Víctimas de La Macarena y representante legal de la corporación Víctimas en Acción hace un llamado a los medios de comunicación para que vayan a los territorios y verifiquen “dónde están los recursos que supuestamente se han inyectado para apoyar a las víctimas del conflicto”. Espárraga denuncia el incumplimiento de casi todos los puntos que determinan una reparación integral, pero resalta con especial preocupación, el de las garantías de no repetición. En su municipio, La Macarena la violencia no ha parado y los grupos al margen de la ley persisten. “Somos elementos de utilización sistemática; La Macarena es uno de los epicentros con los cuales se le muestra al mundo que en Colombia se está haciendo mucho por la paz pero allí no se ve nada”, concluye el líder social.

Espárraga es uno de los tantos líderes delegados de las Mesas  de Participación de Víctimas que hoy levantan su voz de inconformidad frente a los incumplimientos que se siguen presentando en la implementación de la ley de Víctimas (1448 de 2011), luego de 7 años de su entrada en vigencia.

Una fotografía de la no reparación

La situación del Meta es un reflejo de lo que acontece hoy en todo el país frente a la lentitud en los procesos que adelanta la Unidad de Víctimas y demás entidades competentes para garantizar los derechos enmarcados en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Los líderes señalan el tema presupuestal y la falta de voluntad política como los principales obstáculos  que marcan el escaso avance en el cumplimiento de las diferentes medidas de atención, asistencia y reparación integral. Se sienten relegados ante la especial importancia y atención que el Gobierno le ha dado a los victimarios por encima de las mismas víctimas quienes llevan años esperando ser resarcidas en sus derechos.

Otro aspecto es el bajo porcentaje de víctimas indemnizadas individualmente en el Meta, comparado con la gran cantidad que aún falta por reconocimiento de este derecho. Según la Unidad para las Víctimas, a fecha de hoy, hay 217,481 personas en el departamento que son sujeto de reparación de las cuales, solamente han sido reparadas 42,696. Cifras que preocupan enormemente a los líderes considerando los escasos 3 años que faltan para que venza la Ley 1448 o Ley de Víctimas.

Si los procesos de reparaciones individuales marchan a paso de tortuga o no marchan, la reparación colectiva prácticamente no ha arrancado. Esta última, es uno de los procesos mas estancados, tanto así que del número de casos aceptados en el departamento del Meta, no se ha podido finalizar ninguno. A lo anterior, se suma la preocupación que ha surgido luego de conocerse extra oficialmente,  que por falta de presupuesto, el departamento del Meta no habría sido priorizado por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV para materializar los compromisos que la reparación colectiva abarca.

De otra parte, las garantías de participación en las Mesas de Víctimas no llegan más allá de la mera conformación de las mismas y las organizaciones terminan desgastadas en el solo proceso de exigir a la gobernación y diversas alcaldías, el presupuesto para su debido funcionamiento. Esta situación afecta directamente la puesta en marcha de sus planes de trabajo, sumado a que no todas las propuestas son escuchadas y tenidas en cuenta.

Por último, está el tema de la inseguridad y las crecientes amenazas. El  incremento de casos de asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos ocurridos recientemente  en el Meta y en las demás regiones de Colombia, los hace vulnerables y blanco fácil de los grupos armados.

En medio de este panorama las víctimas y sus líderes no renuncian al legítimo reclamo de sus derechos porque como dicen, “nosotros no somos víctimas por que quisimos, a nosotros nos volvieron víctimas”. Aseguran que vendrán a la Plaza de Bolívar en Bogotá, epicentro del poder político, todas las veces que sea necesario para recordarle al Gobierno  y al Congreso que ellas son el centro de la construcción de paz.

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