La Comisión Colombiana de Juristas y PAX Colombia hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para proteger los derechos a la salud, vida, libertad e integridad de las comunidades campesinas e indígenas de la subregión de La Macarena, en el departamento del Meta, quienes por años han sufrido el flagelo del conflicto armado y el abandono estatal y ahora deben afrontar la pandemia sin acceso a un sistema de salud idóneo y en medio del auge de un nuevo ciclo del conflicto.
La subregión de La Macarena, compuesta por los municipios de Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena, se caracteriza por su riqueza natural, por ser una frontera de colonización campesina, pero también por las disputas territoriales de los actores armados y la ausencia del Estado. Esta última se refleja en la insuficiente disponibilidad y calidad del sistema de salud para la población de la subregión, lo cual se hace aún más notorio y grave en el contexto actual de la pandemia.
Los vacíos estatales tradicionalmente han sido suplidos por las organizaciones comunitarias y sociales, y esto hoy no es la excepción. Son las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes han promovido las medidas de prevención para proteger a las comunidades campesinas e indígenas frente a la propagación del covid-19.
No obstante, tanto líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto, como las poblaciones indígenas y campesinas en general, no solo se encuentran cercados por la amenaza del covid-19 para la salud, sino también por el terror generado por los actores armados emergentes tras la firma del Acuerdo Final de Paz.
Las denominadas disidencias de las FARC han tomado provecho de actuales condiciones de aislamiento preventivo, para expandir y reforzar su férreo control territorial y social, mediante intimidaciones, restricciones a la movilidad de la población y homicidios selectivos. En los municipios de Uribe, Vistahermosa y La Macarena, se ha incrementado la circulación de panfletos, mensajes por redes sociales y por el voz a voz, que amenazan de muerte a todo aquel que salga de su confinamiento. La población se encuentra totalmente atemorizada, indefensa y, además, expuesta a la precariedad económica.
La presencia de las fuerzas militares en la subregión de La Macarena, como respuesta al problema, tan solo aumenta las probabilidades de graves infracciones al derecho internacional humanitario y de daños ambientales irreparables, tal como lo evidenciaron los hechos del 15 de febrero de este año, cuando actores armados ilegales desencadenaron un incendio forestal de enormes proporciones en áreas protegidas de La Macarena, en el marco de la siembra de cultivos de uso ilícito, y como forma de repeler los operativos de la fuerza pública en la región.
Por tanto, hacemos un llamado al Estado en el nivel nacional y departamental para adoptar medidas urgentes y coordinadas con los municipios y los líderes sociales, en virtud de la actual emergencia económica y social, para incrementar la presencia de las autoridades civiles en la subregión y adelantar acciones para garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad de la población civil, así como sus derechos económicos y sociales.
En ese sentido, solicitamos que se activen los mecanismos de prevención y protección previstos en los Decretos 1066 de 2015 y 2124 de 2017, con el acompañamiento y la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Naciones Unidas en la región, partiendo de las recomendaciones extendidas a la fuerza pública en la Alerta Temprana N°042 de 2018, relacionadas con motivar su presencia y operaciones en La Macarena bajo el estricto respeto del derecho internacional humanitario.
Así mismo, invitamos al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud Departamental a respaldar y fortalecer los esfuerzos de prevención de las comunidades frente al covid-19, y a reforzar la infraestructura sanitaria en los municipios de la subregión de La Macarena.
Comisión Colombiana de Juristas y PAX Colombia
Bogotá, 20 de mayo de 2020
