La paz no es quietud y silencio. El Estado colombiano no puede exigirle a la población calma y tranquilidad cuando a diario las realidades a las que se enfrentan desbordan las posibilidades de una vida digna, con garantías mínimas para existir y subsistir. Obligar a la gente a callar frente a las injusticias a través de la fuerza y la militarización es atizar el fuego.
Lo que ha ocurrido en Colombia en cinco días de paro es una tragedia. Las organizaciones sociales y de derechos humanos que han acompañado las movilizaciones en las calles registran al menos 26 asesinatos, 17 jóvenes víctimas de agresión en sus ojos, 9 casos de violencia sexual, decenas de desaparecidos y cientos de casos de violencia física por parte de la fuerza pública; no siendo suficiente, las cifras siguen creciendo y con ellas el dolor. La decisión de militarizar las calles para contener la protesta social es una decisión equivocada, es abrir la puerta para la violación de derechos en un contexto lo suficientemente erosionado.
Basta con abrir las redes sociales para encontrar decenas de videos que evidencian el abuso de la fuerza: transmisiones en vivo desde diversos territorios mostrando cómo la fuerza pública dispersa movilizaciones pacíficas, videos de policías disparando con armas de fuego, manifestantes acorralados y golpeados con sevicia, hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) accionando sus armas de frente sin respetar los protocolos y celebrando la violencia contra el pueblo colombiano.
Como movimiento de paz, recordamos que la construcción de la misma es un esfuerzo colectivo de diálogo y escucha que no admite el uso de la violencia para amedrentar a la población. Condenamos el uso desmedido de la fuerza pública contra los manifestantes, es impresentable. Los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social como derecho fundamental; no toda violencia es justificación para aplicar la intervención de las fuerzas militares, el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
Responder a un baile con gases lacrimógenos, a una movilización pacífica con aturdidoras, a una patada con un disparo y a un grito con un impacto en el ojo, no es el camino para la paz. Bastante dolor ha tenido que soportar la población colombiana con un conflicto interno de larga data como para tener que soportar que sea el Estado mismo el que infringe violencia.
Las reclamaciones de distintos sectores de la sociedad colombiana son legítimas y justas. El gobierno nacional debe pasar del discurso de la voluntad política a acciones en consonancia para para poder avanzar. Aunque la Reforma Tributaria fue la gota que rebosó el mar de inconformidades, en este punto, como lo han manifestado las distintas organizaciones sociales, no se trata de retirar una reforma y tener sobre la mesa la renuncia de dos o tres funcionarios. Las reivindicaciones y demandas son variopintas, así como los sectores que hoy se movilizan. Las centrales obreras y sindicatos tradicionales no son los únicos que se movilizan. Los jóvenes de los barrios populares, los pueblos indígenas y afrodescendientes, el campesinado, las mujeres, los transportadores y la gente de a pie, está viviendo las calles y carreteras desde el cansancio, pero sobre todo desde los sueños colectivos.
En un país donde se producen asesinatos y masacres a diario, donde más del 50 % de la población está en pobreza y pobreza extrema, donde los defensores de derechos humanos no cuentan con garantías para su ejercicio, donde se incumple un Acuerdo de Paz en el que se había depositado la esperanza y adicional se introducen reformas lesivas para el grueso de la población, el camino es la movilización social para viralizar la dignidad y la apertura de espacios de diálogo amplios en el que se encuentren la diversidad de sectores sociales.
Como movimiento de paz hacemos un llamado a la comunidad internacional a realizar veeduría de la situación de derechos humanos en Colombia en el marco de las manifestaciones y a facilitar los acercamientos entre el gobierno nacional y la ciudadanía para buscar salidas negociadas a la crisis desde la humanidad y la solidaridad.
Llamamos también al gobierno nacional a que su respuesta deje de ser el terror, no se puede seguir criminalizando la protesta social, pues es una agresión directa a los tratados internacionales de derechos humanos y a la paz positiva reconocida en el marco jurídico para la paz. Hay que tender puentes para que los colombianos nos veamos como los hermanos que somos. La horrible noche tiene que cesar.